Ratifican a ‘El Chapo’ la cadena perpetua; en México temen más violencia por el control del Cartel de Sinaloa
La sentencia condenatoria a cadena perpetua más 30 años de prisión, que el 18 de julio del 2019 le impuso el juez Brian M. Cogan a Joaquín Guzmán Loera, el ex jefe del Cartel de Sinaloa, fue ratificada este martes, luego que el juez Jon O. Newman desechara la apelación que interpuso la defensa del capo mexicano.
De esa forma Joaquín Guzmán Loera se queda sin posibilidad de alcanzar la libertad, a menos que pueda llegar a un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en donde eventualmente pudiera intervenir como testigo protegido en otros casos de relevancia que en futuro se puedan presentar en materia de narcotráfico.
El anuncio de la desestimación de la apelación que presentó la defensa de Joaquín Guzmán Loera, fue hecho este mismo miércoles, a través del documento 175-1, 25/01/2022, 3249179, referente al Expediente No. 19-2239, que dio a conocer el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos, en donde se señala que no hay razones para modificar la sentencia dictada.
“El juez Cogan condujo el juicio de tres meses con diligencia e imparcialidad, después de emitir una serie de fallos previos al juicio meticulosamente elaborado. Por tal razón se confirma la sentencia resultante del Tribunal de Distrito”, dice el documento con el que se sella el caso del llamado “Juicio del Siglo”.
De esta forma se han agotado las instancias legales para que Joaquín Guzmán Loera busque la posibilidad de alcanzar su libertad, con lo que se estima que la sentencia ha quedado en firme, sin ninguna posibilidad de modificación, como no sea un acuerdo interno del gobierno de Estados Unidos para la negociación como testigo protegido en lo sucesivo.
Entre los argumentos que presentó la defensa de Guzmán Loera, hablando a nombre del indiciado, para anular la sentencia por los cargos de “realizar una continua empresa criminal, conspiraciones de narcotráfico, uso ilegal de un arma de fuego y una conspiración de lavado de dinero”, destaca el que refiere que el acusado “que se le negó a una justa defensa por sus condiciones de reclutamiento”.
En sus alegatos, Guzmán Loera también aludió a que la conspiración para asesinar –que le fue atribuida- se debió haber sobreseído, toda vez que el “el gobierno violó la Cuarta Enmienda y la Regla 41 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, al obtener datos electrónicos de servidores ubicados en los Países Bajos y el estado de Washington”.
También argumentó que el Tribunal de Distrito en el que fue juzgado “excedió su discrecionalidad para hacer varios fallos probatorios, además de que el abogado principal de Guzmán tenía un conflicto de intereses”, y que existió un sesgo del jurado, por lo que debió haberse dado “un nuevo juicio a causa de la mala conducta del jurado”.
Esas razones expuestas por “El Chapo”, más la que refiere que su caso penal debió “haberse remitido para una audiencia sobre si el Gobierno y el Tribunal de Distrito actuaron en forma debida”, fueron desechadas por el Tribunal de Apelaciones, el que finalmente concluyó que “ninguna de estas afirmaciones tiene mérito”.
De Revés en Revés
Este no es el primer revés que le propina el gobierno de Estados Unidos al ex jefe del Cartel de Sinaloa; el 22 de febrero del 2021, el gobierno norteamericano lo orilló contra las cuerdas cuando fue detenida su esposa, Emma Coronel Aispuro, la que fue acusada de tomar parte en las actividades de lavado de dentro de la organización criminal que fundó “El Chapo”.
La esposa de Joaquín Guzmán Loera, fue detenida el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia, bajo la acusación de tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo que fue sometida a prisión y sentenciada, el 30 de noviembre del 21, a tres años de prisión.
Además, Emma Coronel, tras aceptar su responsabilidad como parte de la red delictiva del Cartel de Sinaloa, fue amonestada con una multa de 1.5 millones de dólares y la obligación de ser supervisada en sus actividades personales durante al menos cuatro años, una vez que concluya su sentencia de prisión.
El otro revés que le propinó el gobierno norteamericano al más importante capo mexicano de las drogas, fue la clasificación como fugitivos de la ley a cuatro de sus hijos, sobre los cuales se dictó una orden de captura y una recompensa millonaria a quien proporcione información que lleve a la detención de cada uno de ellos.
El 15 de diciembre del 2021, el gobierno norteamericano emitió un acuerdo, en el que ofrecía pagar una recompensa de 5 millones de dólares a quien brinde información que permita la ubicación y captura de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.
Dicha recompensa también orilló a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en México, para que emitiera orden de aprehensión contra cada uno de los cuatro hijos de “El Chapo”, los que hasta antes del posicionamiento del gobierno de Estados Unidos, no eran buscados en México.
Se fractura el cartel
Como efecto colateral de la sentencia ratificada a Joaquín Guzmán Loera, se presume que los índices de violencia en Sinaloa podrían aumentar en los próximos días, dado que la fracción del Cartel de Sinaloa que encabezan los cuatro hijos del Chapo, junto con su tío Aureliano Guzmán Loera, podrían entrar en una franca disputa por su sobrevivencia con la otra parte de ese mismo cartel que encabeza Ismael Zambada García, “El Mayo”.
Y es que desde que Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado en julio del 2019, la fracción del cartel que encabeza Ismael Zambada García, ha pretendido lograr el control de la fracción que lideran los hijos y hermano de Joaquín Guzmán, al considerar que “El Chapo” ha perdido toda posibilidad de regresar al control de su imperio criminal, lo que ahora se observa más firme con la ratificación de su sentencia.
La disputa entre los hijos y hermano del Chapo contra la fracción de “El Mayo” Zambada es la que ha empujado al alza los índices de violencia que se registran en Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Sonora, territorio en el que interactúan los dos grupos del mismo cartel, en donde en forma mensual se registraron durante el 2021, un promedio de 3 mil 200 asesinatos.
Con la certeza de que “El Chapo Guzmán” ya no tiene posibilidades de regresar a la libertad, la ola de homicidios dolosos, derivado de la disputa por el control de esos estados, que se han convertido en una preocupación permanente del gobierno federal, podrían incrementarse en forma sustancia, según refieren fuentes al interior de la Fiscalía General de la República.
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