A pesar de las banderas rojas en algunos centros quirúrgicos de California, autoridades de control otorgaron aprobaciones

En su centro quirúrgico cerca de San Diego, Rodney Davis era conocido como el “Dr. Rod” y llevaba el título de director de cirugía. Pero era un asistente médico, no un médico, que anestesiaba a los pacientes y realizaba liposucciones con poca asistencia de su médico supervisor, según muestran los registros judiciales.

Sin embargo, su trabajo quirúrgico finalizó en 2016 cuando un juez administrativo le quitó a Davis su licencia y concluyó que era la única forma de “proteger al público”. Los funcionarios estatales también acusaron a dos ex directores médicos de Pacific Liposculpture de permitir que Davis actuara como doctor.

Una poderosa autoridad en California tuvo una opinión diferente. La agencia de acreditación privada aprobada por el estado que supervisa el centro dejó su aprobación en su lugar. Entonces, el centro todavía está funcionando y Davis sigue siendo un propietario y administrador, según muestran los registros estatales.

Davis se negó a hacer comentarios sobre esta historia y negó haber cometido un delito en los procedimientos judiciales administrativos y civiles.

California es el único estado con más de 1,000 centros quirúrgicos que ha otorgado a los acreditadores privados un papel principal en la supervisión.

Ese enfoque de supervisión ha creado un preocupante legado de laxitud, según muestra una investigación de Kaiser Health News (KHN). En un caso tras otro, mientras las autoridades federales o estatales ondeaban banderas rojas, las agencias de acreditación aprobadas por el estado colocaron sellos de oro de aprobación, de acuerdo a una revisión de KHN de cientos de páginas de registros disciplinarios de doctores, archivos judiciales e informes de acreditados, que son solo públicos para los centros de cirugía de California.

Un inspector de acreditación calificó de “impresionante” la técnica anestésica de una doctora unos meses antes de que la junta médica estatal la acusara de “negligencia grave” por poner a los pacientes en sedación profunda sin el entrenamiento para salvarlos si dejaban de respirar.

En otro caso, los funcionarios de Medicare declararon un estado de “peligro inmediato” en un centro que puso a una recepcionista no capacitada a cargo de la desinfección de los endoscopios quirúrgicos, según un informe de inspección de Medicare. Su entidad acreditadora renovó su aprobación dentro de una semana.

Desde 2010, al menos 102 pacientes han fallecido después de la atención en centros quirúrgicos de California, según los registros del estado. Esas instalaciones realizan una variedad de cirugías ambulatorias y ahora superan a los hospitales a nivel nacional.

El senador estatal Jerry Hill, un demócrata del área de la Bahía de San Francisco, preside el comité que supervisa a la Junta Médica estatal, que revisa y aprueba las agencias de acreditación de los centros quirúrgicos del estado cada tres años.

Informado sobre los hallazgos de la investigación, Hill dijo que “definitivamente merece un examen más profundo de lo que está sucediendo en los centros quirúrgicos y cómo el proceso de acreditación está funcionando hoy en día y [si] está brindando la protección del paciente que esperaba cuando lo establecimos”.

Los centros de cirugía ambulatoria realizan de forma segura millones de procedimientos que van desde la cirugía de los senos paranasales hasta los reemplazos de rodilla. Muchos pacientes acuden a un centro si un médico los refiere o si una aseguradora les informa sobre posibles ahorros de costos.

La supervisión de California de estos lugares se suspendió hace aproximadamente una década, cuando la victoria legal de un galeno llevó al Departamento de Salud Pública a concluir que ya no podía autorizar centros de cirugía de propiedad médica.

En 2011, los legisladores estatales idearon un nuevo esquema de supervisión, que exige que la junta médica estatal apruebe los acreditadores privados que estarían en la primera línea de supervisión. Hoy en día, cinco acreditadores están autorizados a inspeccionar los centros quirúrgicos y otorgar o negar la autorización de estos centros para operar. (También pueden operar con aprobación de Medicare).

Las nuevas reglas significaban que el departamento de salud estatal, que supervisa a los hospitales, ya no autorizaría a los centros de cirugía, aparte de unos 40 que no son propiedad de médicos. Medicare aún certifica cientos de ellos que atienden a personas mayores, y los funcionarios de la junta médica estatal todavía investigan quejas sobre los médicos.

Con el cambio en California, las agencias de acreditación aprobadas por el estado obtuvieron una fuente de ingresos garantizada, ya que cada uno de los centros paga a su agencia de acreditación alrededor de $15,000 cada tres años por su función de supervisión. Los grandes acreditadores obtienen la mayor parte de sus fondos de esos pagos.

A su vez, las entidades acreditadoras hicieron que sus informes de inspección estuvieran disponibles al público en un sitio web estatal.

Esos informes muestran que las agencias validadoras, a veces, estaban en desacuerdo con otros funcionarios.

El 1 de mayo de 2012, el Institute for Medical Quality, o IMQ, con sede en San Francisco, inspeccionó a Advanced Medical Spa en Rocklin, California. Los inspectores debían verificar si la persona que administraba la anestesia estaba “calificada y trabajando dentro de su ámbito de práctica”.

La nota del inspector dice que la esposa del cirujano, una pediatra, estaba realizando anestesia con “sedación consciente” y que su técnica con el fármaco propofol era “impresionante”. El estándar fue marcado como “cumplido” y la acreditación se otorgó hasta 2015.

Un mes después, la junta médica estatal inició una investigación de la pediatra, la doctora Yessennia Candelaria, sobre las quejas de que estaba manejando anestesia para procedimientos de cirugía plástica sin “capacitación necesaria en anestesia, incluido el propofol”, según los registros de la junta.

Los investigadores de la Junta Médica de California encontraron que antes y después de la revisión del acreditador, Candelaria estaba usando propofol para poner a los pacientes en un estado de “sedación profunda”, aunque ella no tenía el “entrenamiento de vías respiratorias avanzado” para rescatarlos si cesaba su respiración. Las autoridades de la junta médica consideraron la falta una “negligencia grave” en una acusación presentada en 2014.

La licencia médica de Candelaria fue puesta en periodo de prueba durante siete años. Las autoridades de la junta médica se movieron recientemente para revocar su licencia sobre la prescripción no autorizada, y ella todavía no ha presentado una respuesta por escrito.

Un abogado de Candelaria se negó a hacer comentarios y Candelaria no respondió a una solicitud de comentarios. En febrero de 2013, IMQ revocó su aprobación de Advanced Medical Spa.

El mes siguiente, Candelaria y su esposo, el Dr. Efraín González, fueron arrestados en un caso criminal por separado. González fue acusado de 37 cargos por delitos graves que incluyeron disturbios y conspiración. Candelaria fue acusada de 24 cargos por delitos graves, incluyendo disturbios y robo mayor bajo falso pretexto.

González se declaró culpable de tres delitos graves y fue condenado a tres meses de arresto domiciliario en el caso criminal y entregó su licencia médica. Finalmente, se desestimaron los cargos contra Candelaria, quien se declaró inocente.

Victoria Samper, vicepresidenta de programas ambulatorios con IMQ, dijo que no podía hacer comentarios sobre instalaciones específicas. Pero señaló que la ley de California les permite a los médicos practicar fuera del campo en el que inicialmente entrenan.

La junta médica dijo en un comunicado que el acreditador privado que llamó “impresionante” la técnica de Candelaria revisó su trabajo con un paciente diferente de los citados en la acusación de la junta.

Las agencias de acreditación han apoyado ocho centros de cirugía de California que enfrentan las consecuencias más severas del programa federal de Medicare: la “descertificación involuntaria”. Es una sanción rara que equivale a ser considerado no apto para atender a las personas mayores.

El 22 de marzo de 2016, los inspectores del Departamento de Salud Pública de California notificaron a las autoridades federales sobre un estado de “peligro inmediato” en Digestive Diagnostic Center, un pequeño centro de endoscopia al sur de San Francisco.

Un informe de inspección estatal indicó que el centro había presionado a su nueva recepcionista para que desinfectara los dispositivos médicos que exploran el colon de los pacientes, sin capacitación formal.

Algo más sucedió ese día también. La Asociación de Acreditación de Atención Médica Ambulatoria o AAAHC, por sus siglas en inglés, renovó su aprobación del centro, que la agencia describe como un “símbolo de calidad ampliamente reconocido” para los pacientes y las aseguradoras de salud.

Medicare descertificó involuntariamente a la instalación un mes después, lo que significaba que la agencia federal ya no pagaría la atención de las personas mayores en el centro. Pero con la acreditación privada aún vigente, es probable que las aseguradoras privadas sigan financiando la atención allí.

El Dr. Michael Bishop, ex miembro de la junta médica de California, dijo que el caso expone una brecha en la supervisión estatal si un centro cae por debajo del estándar de un supervisor, pero cumple con el estándar de otro. “No quieres que nadie tenga un proceso [de aprobación] más fácil que cualquier otro”, dijo. “Eso es bastante atroz”.

Kevin Calisher, presidente de la firma de gestión de centros quirúrgicos Calisher & Associates, afirmó que su compañía se hizo cargo de la administración del centro en 2017 y que no podía comentar sobre los hallazgos de Medicare.

La AAAHC dijo en un comunicado que no podía discutir las instalaciones individuales.

La declaración de la junta médica señaló que “investigará el asunto”.

El 9 de abril de 2015, un inspector de la AAAHC llegó para realizar una inspección inicial de Pacific Liposculpture, que había estado operando desde 2011.

La lista de verificación del inspector incluía una revisión de las quejas presentadas contra el centro por una “junta de licencias” del estado. Davis ya había sido públicamente acusado por la junta de asistentes médicos estatales de participar en la práctica ilegal de la medicina.

El inspector marcó la casilla de “cumplimiento sustancial” y otorgó la aprobación del centro hasta abril de 2018.

Esa decisión fue “realmente enfurecedora, escandalosa”, dijo Todd Glanz, un abogado del área de San Diego. Él representa a una paciente, Cecilia O´Neill, que fue al centro para una liposucción unas semanas después de que fue acreditada.

O´Neill regresó unos días después de su procedimiento del 28 de mayo de 2015, quejándose de dolor, mareos y signos de infección, según su demanda. Pero dice que su condición empeoró. El 9 de junio de 2015, fue a una sala de emergencias, donde le dijeron que tenía sepsis y que necesitaba una cirugía de emergencia seguida de una estadía en la UCI, según su demanda.

Davis y el Dr. Harrison Robbins, el antiguo director médico de la instalación y otro propietario, han negado haber actuado mal y están peleando la demanda en curso.

Al año siguiente, Davis se enfrentó a una audiencia administrativa sobre si debía conservar su licencia como asistente médico. Una cuestión central era si realmente trabajaba bajo la supervisión de un médico, como lo exige la ley, o si contrató a un testaferro que ejercería poco control.

Un correo electrónico de 2010 discutido en la corte y escrito por Davis decía que esperaba que su nuevo médico supervisor, el Dr. Jerrell Borup, no fuera “otro torpe médico interponiéndose en el camino”.

Su abogado presentó expertos y argumentó que no engañó a nadie acerca de sus credenciales, tenía el acuerdo legal apropiado con su médico supervisor y debería conservar su licencia. Al concluir, el juez administrativo revocó su licencia y llegó a una conclusión abrasadora.

Davis “deliberadamente e intencionalmente se propuso crear un acuerdo comercial que parecía legítimo en papel”, escribió la jueza Susan Boyle, “pero que le permitió manipular el sistema y dirigir un negocio de liposucción sin la interferencia de un médico”.

Los dos ex directores médicos del centro fueron acusados por la Junta Médica de California de “contribuir e instigar” la práctica de medicina sin licencia de Davis. Ninguno de los médicos supervisó activamente a Davis, quien realizó todos los procedimientos, dicen las acusaciones.

Uno de los ex directores médicos, Borup, entregó su licencia en 2016. El otro, el Dr. Harrison Robbins, está luchando contra el caso similar de la junta médica en su contra. La controversia no disuadió a la AAAHC, que a principios de 2018 aprobó el centro hasta abril de 2021.

Robert Frank, un abogado de San Diego que representó a Davis y Robbins, dijo que Robbins se había retirado y que el público no debería preocuparse por el actual papel administrativo de Davis en Pacific Lipoesculpture.

“[Davis] conoce el negocio, conoce el procedimiento y sabe que lo están vigilando y escudriñando” durante el proceso legal en curso, dijo Frank.

Davis impugnó la revocación de su licencia, diciendo que los hallazgos de la juez administrativa no fueron respaldados por la evidencia en su audiencia. Perdió ese caso en el Tribunal Superior de Sacramento. Ahora está desafiando esa decisión en el tribunal de apelaciones.

Jewett es corresponsal de Kaiser Health News, una publicación editorial independiente de la Kaiser Family Foundation.

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