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California intensifica sus ataques a Trump por las amenazas a inmigrantes

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Los demócratas de California esta semana intensificaron sus ataques contra el presidente Trump por su amenaza de enviar inmigrantes a las llamadas ciudades santuario, incluso cuando los expertos sugirieron que el plan del primer mandatario podría ser contraproducente y atraer a más migrantes hacia el país.

El gobernador Gavin Newsom calificó la política propuesta por el presidente como un “sin sentido” y recordó que Trump hizo campaña con la cuestión de deportar a más migrantes. Sin embargo, con su reciente plan pareciera querer permitir que algunos inmigrantes permanezcan en EE.UU.

“¿A qué jugamos, señor presidente?”, preguntó retóricamente Newsom, en una entrevista con The Times. “Esa falla fundamental en la lógica debe considerarse”.

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El gobernador insistió en que el gobierno federal ya está “expulsando personas” en California al procesar a los migrantes que buscan legalmente asilo en la frontera para liberarlos en el estado, incluso, antes de que puedan conectarse con sus patrocinadores en otras partes del país.

Varios alcaldes también reaccionaron. El alcalde de L.A, Eric Garcetti, tuiteó que los inmigrantes “son personas, no peones”; la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, le dijo a Trump que dejara de promover el “odio y la división”, y el alcalde de San José, Sam Liccardo, pidió “soluciones sensatas”.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, también expuso en una declaración que “la única forma de abordar la inmigración en este país es a través de una reforma migratoria integral y realizada por ambos partidos”.

El ataque recíproco marcó el último intercambio entre Trump y California, su objetivo favorito en la costa oeste.

El pasado lunes, el presidente duplicó su amenaza de enviar inmigrantes a las “ciudades santuario”, una propuesta revelada originalmente por el Washington Post. El mandatario tuiteó que “los inmigrantes no autorizados que ya no puedan ser retenidos de forma legal (el Congreso debe revisar las normas y las lagunas legales) serán sujetos a Seguridad Nacional, trasladados a ciudades y estados santuario”.

Los propios asesores presidenciales le han dicho que tal política de liberación probablemente sería ilegal e inviable, una evaluación respaldada por ex funcionarios del área y expertos legales.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios del Times respecto a los posibles planes para implementar la política propuesta por el mandatario.

No está claro qué autoridad, si la hubiera, tendría la administración para transportar a los migrantes desde los centros de detención cercanos a la frontera para liberarlos en ciudades santuario y otros bastiones demócratas, abiertamente opuestos a las iniciativas de Trump para reprimir la inmigración.

Tras la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 54, una norma promulgada por el ex gobernador Jerry Brown, que limitó la cooperación entre las agencias locales del orden y los agentes federales de inmigración, la administración Trump querelló a California para anular tanto esa como otras dos leyes creadas para proteger a los inmigrantes indocumentados en el país.

Al menos siete cortes federales consideraron como ilegales los intentos anteriores por parte de la administración Trump de cortar el financiamiento federal a ciudades y estados -incluido California- por resistirse a cooperar con las autoridades de inmigración. La Corte Suprema de Estados Unidos también dictaminó en varias ocasiones que el gobierno federal no puede obligar a los estados y las ciudades a ayudarlo a implementar políticas federales de inmigración.

El presidente se siente cada vez más frustrado de que, tras más de dos años en el gobierno, sus medidas no hayan impedido que los migrantes lleguen a la frontera o, al menos, prevenido su liberación una vez dentro de Estados Unidos. El mes pasado, las autoridades estadounidenses detuvieron a 92.607 personas en el límite nacional, el total mensual más alto en más de una década.

La semana pasada, Trump destituyó a una gran cantidad de sus principales funcionarios de Seguridad Nacional, en parte debido a la oposición de estos a propuestas tales como la liberación de migrantes en ciudades y estados cuyos representantes el presidente considera como enemigos políticos.

Roberto Suro, profesor de política pública en la USC, calificó el reciente plan de Trump como una “idea desinformada y contraproducente”.

No existe una definición clara de ciudad o estado ‘santuario’, pero en general, las jurisdicciones que adoptan la designación se comprometen a ofrecer apoyo político o protección básica a las personas que se encuentran en el país sin autorización.

El término data de la década de 1980, cuando Berkeley y algunos otros municipios se declararon como tales para aceptar migrantes de América Central. En ese momento, las políticas de inmigración estadounidenses permitían sólo a algunos centroamericanos ingresar al país.

Muchas ciudades santuario son grandes áreas metropolitanas que están acostumbradas a recibir a los recién llegados y tienen políticas destinadas a ayudar al reasentamiento de los solicitantes de asilo mientras sus casos están pendientes, explicó Suro.

Por ejemplo, la ley de California proporciona una serie de beneficios para personas sin estatus legal, incluida la atención médica y las licencias de conducir. Las ciudades del estado tienen sólidas organizaciones de derechos de inmigrantes y una infraestructura para brindar asistencia legal a los migrantes y solicitantes de asilo.

“Irónicamente, estas urbes son exactamente los destinos que muchos, probablemente la mayoría, de los solicitantes de asilo desean alcanzar. Son los lugares donde se concentran sus parientes y compatriotas”, remarcó el profesor. “Dígale a un solicitante de asilo de América Central que su castigo es ser trasladado a Los Ángeles; es posible que la persona rece una oración en agradecimiento”.

Trump y los demócratas de California apelan a sus respectivas bases políticas, atacándose unos a otros. Pero la postura en ambos lados no le sirve a nadie, reflexionó Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en Irvine. “Se supone que las batallas de palabras, en particular las amenazas del presidente Trump, son por posturas antagónicas y no intentan crear una solución a lo que es un desafío en la frontera sur”, expuso.

Para David Dorsen, experto en política pública y académico legal con sede en Washington, D.C., la amenaza de Trump de enviar a los migrantes a ciudades santuario es un problema, incluso si no se convierte en realidad, ya que podría incitar a más personas a realizar el peligroso viaje al norte. “Ellos seguramente dirán: ‘Ahora hay una nueva forma de entrar a Estados Unidos. Pues allá vamos’”.

Las reporteras Noah Bierman y Laura King contribuyeron con este informe.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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