El alcalde de Inglewood defiende la rutina de destruir los archivos policiales; activistas expresan sus dudas

El alcalde de Inglewood, James T. Butts Jr., defendió la decisión de su ciudad de permitir la destrucción de años de archivos de investigación relacionados con disparos de la policía.

Muchos de esos archivos se habrían hecho públicos por primera vez bajo una nueva ley estatal que entrará en vigencia el 1 de enero, brindando una ventana de exposición a un departamento de policía que durante años estuvo plagado de acusaciones de fuerza excesiva, capacitación deficiente de los oficiales y falta de transparencia.

Butts, un ex jefe de la policía de Santa Mónica, dijo al Times que no hay conexión entre la nueva ley y la acción de Inglewood.

El Times publicó la historia un día antes sobre la decisión del concejo.
“Esta premisa de que había una intención de ganarle al reloj es ridícula”, dijo.

Los funcionarios de la ciudad, agregó, no tendrían nada que temer de estos archivos en términos de responsabilidad o vergüenza. Un informe del personal indica que los registros se remontan hasta 1991.

“¿Por qué serían vergonzosos para mí?”, dijo Butts, quien se convirtió en parte del gobierno de la ciudad cuando fue elegido alcalde en 2011.

“Ni siquiera estaba aquí durante el tiempo que abarcan esos archivos”.

La decisión de la ciudad atrajo más que un aviso de rutina debido a su oportunidad y porque representó un cambio en la política de la ciudad.

Hasta diciembre, Inglewood exigió que el Departamento de Policía retuviera los registros de disparos que involucraban a oficiales durante 25 años después del cierre de una investigación.

Los archivos de otras investigaciones internas se mantendrían durante seis años.

Aunque estos archivos se conservaron, no estaban necesariamente disponibles para el público. Eso cambia la próxima semana, debido al Proyecto de Ley del Senado 1421.

La nueva ley comienza las investigaciones internas públicas de tiroteos por parte de oficiales y otros usos importantes de la fuerza, junto con casos confirmados de agresión sexual por parte de agentes y mentiras mientras están en servicio.

Aun así, Butts mantuvo que la ciudad no hizo nada malo.

“En realidad, es bastante rutinario para nosotros la destrucción de los registros”, dijo a Eyewitness News de ABC 7. “El Departamento de Finanzas, el Departamento de Policía y otras entidades, siempre que quieran destruir archivos que excedan un límite de tiempo, envían un informe del personal al Concejo Municipal y el Concejo Municipal aprueba o desaprueba la destrucción de los archivos”.

Pero el activista comunitario Earl Ofari Hutchinson y un grupo de líderes locales de derechos civiles se mostraron escépticos. A la luz de la nueva ley estatal, dijo, la acción de Inglewood “continúa un patrón de falta de responsabilidad”.

Durante años, Hutchinson trabajó con las familias de los que murieron en encuentros con la policía de Inglewood. Dijo que una divulgación completa bajo la nueva ley podría revelar nuevas vías de reparación legal y también podría proporcionar a las familias detalles importantes sobre lo que les pasó a sus seres queridos.

Los documentos también permitirían al público revisar qué tan bien manejó el departamento las investigaciones internas y qué tan seriamente el departamento ha adoptado las reformas.

“Esta acción envía un mensaje terrible de que la falta de transparencia sigue siendo la política en Inglewood”, dijo. Hutchinson pidió a los líderes de la ciudad que retrasen la destrucción de los documentos.

El informe del personal de la ciudad y la resolución del Concejo Municipal de su reunión del 11 de diciembre no mencionan la nueva ley de transparencia policial.

La resolución dice que los archivos afectados están “obsoletos, ocupan un espacio valioso y no son de ninguna utilidad para el Departamento de Policía”.

Butts dijo al Times que la antigua política de retención de la ciudad data de 2010 y, antes de eso, no existía una política con respecto a los archivos de casos cerrados.

Una serie de disparos de la policía de Inglewood alrededor de 2008 atrajo un mayor escrutinio por parte de activistas, medios de comunicación e investigadores federales.

La política de la ciudad sobre retener archivos se adoptó cuando los funcionarios de la ciudad y el Departamento de Policía intentaban mejorar sus prácticas y reconstruir la confianza del público.

Sin embargo, la política de 2010 eventualmente se convirtió en una carga administrativa, dijo Butts, porque se aplicaba a cualquier descarga de un arma, incluidos los casos en que un perro atacó a un oficial o cuando los agentes dispararon un arma y nadie fue responsabilizado.

Los casos más graves ya no tenían ningún hilo activo, indicó, porque las demandas civiles relacionadas se habían resuelto y las investigaciones criminales habían concluido.

Pero Marcus Benigno, un portavoz de la American Civil Liberties Union del sur de California, calificó las acciones de Inglewood como un intento de frustrar “la voluntad de los californianos”.

En el pasado, la policía de California ha destruido archivos para evitar el escrutinio. En la década de 1970, el Departamento de Policía de Los Ángeles destruyó más de 4 toneladas de archivos.

En respuesta, la Legislatura exigió que se conserven los archivos, pero luego tomó otras medidas, apoyadas por los sindicatos de la policía, para garantizar que el público tuviera poco acceso a ellos. La nueva legislación comienza a deshacer esas restricciones.

Butts calificó a la actuación actual del departamento de policía de su ciudad como una agencia modelo, a pesar de un incidente en 2016 en el que la policía de Inglewood abrió fuego contra una pareja que había encontrado durmiendo en un automóvil, matando a ambos.

Butts notó que cinco oficiales involucrados en ese tiroteo ya no trabajan para el departamento y que está en curso una revisión de las acciones de los oficiales, que podría llevar a un proceso judicial.

La ley estatal exige mantener archivos de la policía durante al menos cinco años y Butts dijo que tiene sentido que Inglewood se alinee con esa norma.

Butts dijo que no sabe si los documentos ya han sido destruidos. El Departamento de Policía podría haber actuado en cualquier momento después de la decisión del Concejo Municipal a principios de diciembre, advirtió.

No está dispuesto a reconsiderar.

“Entonces, ¿cuánto tiempo mantienes estos archivos?”, cuestionó. “¿Mantienes estos archivos para siempre? No vamos a hacer eso”.

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