¿Estados Unidos enfrenta realmente una crisis fronteriza?

Las imágenes transmiten una crisis de inmigración cada vez más profunda en Estados Unidos: una marea de dos millas de largo, formada por más de 7,000 migrantes centroamericanos que marchan a través de México y se dirigen al norte, hacia EE.UU.

El presidente Trump sacó partido del éxodo masivo y acudió a Twitter para denominarlo un “ataque” a la frontera sur del país. Dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, el líder continúa caracterizando la zona limítrofe como un área fuera de control, amenazando con enviar tropas allí y diciéndole a una multitud de simpatizantes en Montana: “Recuerden que será una elección de la caravana”.

Pero, ¿está realmente empeorando la presión en la frontera de Estados Unidos?

En general, la inmigración no autorizada se ha ubicado en mínimos históricos en los últimos años.

El gobierno de Estados Unidos mide las tendencias de la inmigración no permitida al observar la cantidad de personas detenidas cada año intentando cruzar la frontera. Esa cifra aumentó de manera constante desde la década de 1970 hasta la de 1990, alcanzando un máximo de 1.64 millones en el año fiscal 2000.

Desde entonces ha caído bruscamente, llegando a 303,916 en 2017. Según los primeros 11 meses del año fiscal 2018, los datos más recientes disponibles, el total anual iba en camino de superar los 390,000. El número sería aún más bajo que todos menos cuatro de los 45 años anteriores.

Ello se debe a que la inmigración no autorizada desde México ha descendido.

Tradicionalmente, la gran mayoría de las personas que cruzaban la frontera sin autorización eran ciudadanos mexicanos. Durante décadas, la pujante economía de Estados Unidos hizo que muchos mexicanos huyeran de la pobreza.

Ellos representaron más del 99% de todas las personas que fueron detenidas en el año pico, 2000. Pero en los últimos tiempos, la creciente oportunidad económica en México redujo la inmigración ilegal.

Otro factor que hizo descender las cifras es que las mujeres en México han tenido menos hijos en promedio, reduciendo las tasas de pobreza y la motivación para buscar empleo en EE.UU. También se considera que una presencia reforzada del control fronterizo fue un factor disuasivo.

En 2016, los mexicanos representaron alrededor del 47% de las personas detenidas en la frontera, según los datos federales proporcionados al Pew Research Center.

Al mismo tiempo, la inmigración ilegal desde el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) en Centroamérica es mucho más alta que hace una década.

El número de migrantes de estos tres países aumentó de 45,709 en 2010 a un máximo de 239,229 en 2014, según Pew. Desde entonces ha caído, alcanzando un estimado de 163,000 en 2017.

Pero durante los últimos dos años, ha habido más detenciones de migrantes del Triángulo del Norte que de México.

La violencia récord y la inestabilidad política son los factores principales que llevan a los centroamericanos a Estados Unidos.

La primera gran ola migratoria desde América Central se produjo durante las guerras civiles de la región, en la década 1980. Estados Unidos ayudó a alimentar esos conflictos, respaldando a los gobiernos de derecha y los grupos rebeldes contra lo que consideraban la amenaza del comunismo.

El factor más importante en el éxodo actual es la violencia de pandillas, y una vez más, la política estadounidense ha desempeñado un rol en ello.

A fines de la década de 1990, EE.UU. deportó a América Central a cientos de miembros de las pandillas MS-13 y 18th Street, donde crearon ramificaciones y se hicieron más poderosos. A medida que la extorsión de estos grupos y los asesinatos se hicieron más frecuentes, muchos individuos huyeron.

Gran cantidad de estos inmigrantes se entregaron a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos y solicitaron asilo, según los estudios. Más inmigrantes del Triángulo del Norte pidieron asilo en el país entre 2013 y 2015 que en los últimos 15 años combinados.

La caravana actual es inusual debido a su tamaño.

Las caravanas de migrantes de Centroamérica no son nada nuevo. Durante mucho tiempo, las personas han viajado en grandes cantidades desde allí, pero lejos de la vista del público y sin mucha fanfarria.

Algunas se han organizado para llamar la atención sobre la difícil situación de los centroamericanos. También ofrecen protección a los migrantes contra las violaciones, la extorsión y otros peligros que pueden surgir a lo largo del viaje, y son una forma de llegar a Estados Unidos sin contratar a un traficante por miles de dólares.

Con más de 7,000 integrantes, la caravana actual es la más grande hasta la fecha y empequeñece al grupo —de unas 1,200 personas— que obtuvo una amplia cobertura mediática en la primavera pasada.

A muchos probablemente no se les concederá asilo.

Es perfectamente legal presentarse en un puerto de entrada de EE.UU. y solicitar asilo, pero conseguirlo es otro tema.

Los migrantes primero deben demostrar a los funcionarios fronterizos un “temor creíble” de persecución basado en su religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Pueden pasar semanas e incluso meses hasta que se les permita ingresar a los puertos de entrada estadounidenses para una entrevista, y a lo largo de la frontera sur han surgido campamentos en los últimos años.

Los solicitantes que pasan la entrevista deben presentar el caso ante un juez inmigratorio. Los fallos pueden tardar años debido a la escasez de magistrados y al aumento de casos.

Entre los años fiscales 2012 y 2017, los jueces de inmigración negaron alrededor del 75% de los casi 11,000 casos de asilo presentados por inmigrantes guatemaltecos, de acuerdo con Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Siracusa que recopila datos del tema. El porcentaje de denegaciones fue ligeramente mayor para los solicitantes de asilo salvadoreños y hondureños.

La administración Trump ha dificultado aún más el proceso al ordenar a los magistrados que dejen de otorgar asilo a prácticamente todos quienes afirman ser víctimas de violencia doméstica o de pandillas, una medida que podría impedir que decenas de miles de individuos ingresen de manera permanente a este país.

Una vez que llegan a la frontera, algunas familias en la caravana pueden ser separadas.

En mayo, la administración de Trump anunció una nueva política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que ingresan sin autorización al país. La orden dio lugar a que los funcionarios de inmigración separen a los niños migrantes de sus padres.

Ello provocó la indignación generalizada y, en junio, el gobierno descartó la política, aunque eso no significa necesariamente que las separaciones familiares cesarán por completo. Algunos abogados de inmigrantes afirman que el gobierno ha alejado a los niños de los padres que buscan asilo abusando de una antigua política creada para proteger a los menores.

El gobierno puede tomar la custodia de un pequeño cuando considera que éste está en peligro, o que un adulto no puede probar que tiene relación con él. Pero los letrados aducen en documentos judiciales que, en algunos casos, los funcionarios de inmigración han hecho falsamente tales determinaciones. Por su parte, la administración Trump lo niega y asegura que está actuando solo en el mejor interés de los niños.

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