ICE acelera la liberación de familias migrantes, a pesar de la retórica

El gobierno federal comenzó a trasladar la carga de administrar la afluencia de familias inmigrantes en la frontera a organizaciones y ciudades locales en el límite suroeste.

Al parecer, el presidente Trump contempla instaurar una prohibición para solicitantes de asilo en la frontera suroeste, y se ha mostrado en contra de la política de “captura y liberación” —por la cual se detiene a quienes llegan a esa frontera pero se les permite ingresar al país mientras avanzan sus casos en la corte de inmigración—, pero el más reciente plan de su administración para las familias que buscan asilo los liberaría más rápidamente.

Si bien las detenciones anuales aún están por debajo de las registradas en 2014 —la última gran oleada de familias y niños no acompañados— y muy por debajo de los totales de décadas atrás, el número de familias que llegan a la frontera suroeste ha aumentado.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a más de 16,600 familiares en septiembre, la cifra más alta registrada en un solo mes desde que la agencia comenzó a rastrear las llegadas de grupos familiares, en el año fiscal 2013.

En el pasado, cuando una familia estaba detenida en la frontera sudoeste, los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revisaban sus planes para vivir en Estados Unidos, llamaban a la persona con quien la familia planeaba residir y ayudaban con los arreglos de viaje. ICE anunció esta semana que, debido a la cantidad de familias que llegan, sus oficiales ya no realizarán esas revisiones.

Ello significa que los parientes serán liberados más rápidamente y en mayor número, una política apodada “liberación coordinada” que se ha implementado silenciosamente en todo el sudoeste desde principios de octubre, cuando comenzó en Arizona. También significa que los grupos familiares pueden tener menos orientación sobre cómo llegar a sus destinos finales para poder presentarse a sus citas en la corte.

Algunos defensores de los inmigrantes se preguntaron si la medida podría tener un motivo político para crear caos en la frontera poco antes de que los votantes acudan a las urnas para las elecciones parlamentarias de mitad de mandato.

Los grupos en Texas, donde llega el mayor número de familias, ya luchaban para administrar el aumento de liberaciones que observaron a finales de octubre, y les preocupa que esas cifras aumenten en los próximos días.

La declaración que proporcionaron los funcionarios de ICE explicando el cambio de política responsabiliza al Congreso y al fallo de un tribunal, que dice que pueden mantener a los niños en centros de detención sólo por hasta 20 días.

La administración Trump ha presionado para lograr la detención extendida de familias y conseguir más espacios de cama para mantener a todos los recién llegados hasta que culminen sus casos en las cortes inmigratorias. “Lamentablemente no tenemos espacio, dado el aumento en las cifras”, declaró a CNN la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a principios de octubre.

Los tres centros de detención familiar del país están llenos en un 54%, con 1,977 camas ocupadas de 3,654, según las últimas cifras de ICE. Pero el presupuesto de la agencia financia 2,500 camas por día, y las familias pueden requerir espacio adicional porque a aquellos de diferentes edades y géneros se los aloja por separado.

“Las unidades familiares continúan cruzando la frontera en grandes volúmenes y es probable que continúen haciéndolo, ya que no tienen consecuencias por sus acciones”, señala el comunicado. “Para mitigar el riesgo de mantener a las unidades familiares más allá del período asignado al gobierno, ICE comenzó a abreviar todas las revisiones de planes posteriores a la liberación de las familias detenidas en frontera suroeste a partir del martes”.

ICE indicó que trabajará con funcionarios locales y estatales “para que puedan brindar asistencia con el transporte y otros servicios”.

Las familias serán liberadas con tobilleras y avisos para presentarse en la corte, detalló ICE. Eso ya ocurre regularmente en California, que no cuenta con ningún centro de detención familiar.

En ciertas partes de la frontera, Seguridad Nacional ha trabajado con refugios durante años, lo cual les da tiempo para encontrar espacio para las personas y hacer arreglos de viaje antes de dejar a los inmigrantes en sus puertas.

Pero en El Paso, a finales de octubre, los funcionarios de Seguridad Nacional notificaron a los albergues que ya no esperarán para liberar a los inmigrantes y que, en cambio, los dejarán en las calles de la ciudad, ya que se han quedado sin espacio en las áreas de retención temporal.

Rubén García, director del refugio Casa Anunciación, de El Paso, informó que 20 de los inmigrantes llegaron allí el 25 de octubre, después de haber pagado un taxi hasta el refugio luego de ser dejados en otro lugar. García espera que más personas lleguen en los próximos días porque el albergue es muy conocido, y ya se contactó con los funcionarios de manejo de emergencias de El Paso, solicitando un refugio temporal con 200 catres.

“Va a ser su responsabilidad”, le dijo García a los funcionarios de la ciudad. “El factor desconocido en esto es: ¿Las ciudades se van a involucrar?”

La carga financiera podría ser significativa, con base al número creciente de familias que llegan.

En el pasado, las ciudades fronterizas han ayudado a pagar la cuenta de los refugios y servicios de emergencia para familias inmigrantes, especialmente durante la última gran afluencia, en 2014. Pero inicialmente no estaba claro cómo responderán ahora, con las votaciones ya en marcha en unas elecciones de gran carga política, en las cuales la inmigración es un tema central.

En San Diego, los voluntarios que llevan alimentos y artículos de aseo a las familias migrantes que esperan en una estación de autobuses después de ser liberados, afirmaron haber visto más familias de lo normal.

La noche del 26 de octubre, un padre guatemalteco apareció con su hijo de nueve años en la estación, luego de llegar al puerto de entrada de Calexico, a dos horas de distancia. Habían pasado una semana en ‘la hielera’, como llaman los inmigrantes a las frías celdas de detención temporal, antes de tomar un autobús a San Diego. Allí esperaban para volver al este, a Arizona.

Los voluntarios no encontraron a ninguna familia que hubiera cruzado en el área de San Diego, a pesar de la línea constante de solicitantes de asilo que aguardan ingresar por el puerto de San Ysidro.

Paula Sassi, una de las voluntarias, indicó que el grupo quiere ver cómo impactan los cambios para planear los ajustes necesarios y así seguir ayudando a las familias recién liberadas.

Junto con otra voluntaria, Mimi Pollack, temían que ICE dejara de llevar familias a la estación de autobuses y los dejara en el puerto de San Ysidro, a unas 15 millas al sur de la carretera. “Eso sería un desastre”, afirmó Pollack. Si ICE toma esa decisión, aseguraron ambas, harían el viaje hacia el puerto para distribuir suministros.

Los influjos pasados han afectado a los grupos locales de defensa de inmigrantes. Cuando los haitianos comenzaron a llegar en cantidades más grandes de lo habitual desde Brasil, en 2016, una iglesia en el vecindario Normal Heights, de San Diego, ofreció albergarlos. La iglesia, miembro del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego, albergó a unas 200 personas por noche hasta que finalmente solicitó ayuda a la comunidad. La Guardia Nacional intervino en refugios temporales y los miembros de la comunidad donaron dinero y suministros.

ICE se ha reunido con el Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego para resolver los detalles del nuevo proceso. Lilian Serrano, presidenta del grupo, expresó que están listos para atender a los recién llegados.

“Las familias que huyen de situaciones serias y que ponen en peligro su vida, arriesgan todo para llegar a nuestras fronteras y tener la oportunidad de pedir protección”, señaló. “Es nuestra obligación moral y legal defender los derechos humanos básicos y tratar a todos con compasión, dignidad y respeto”.

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