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EEUU

No hay pruebas de que FBI practica una corrupción ‘indignante’

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El informe de Mueller en sí mismo documenta las actividades durante la campaña presidencial de 2016 que llamó la atención de las agencias de inteligencia 

(Los Angeles Times)

El pasado domingo, la Casa Blanca dejó de lado las preocupaciones de los demócratas en el Congreso sobre los poderes extraordinarios que se le entregaron al fiscal general William Barr para desclasificar información sensible como parte de una indagación sobre los orígenes de la investigación sobre los esfuerzos rusos para influir en las elecciones de 2016.

Reflejando su enojo por las descripciones poco halagadoras de sus acciones en el informe del fiscal especial Robert S. Mueller III, incluidos varios episodios que podrían haber sido una obstrucción de la justicia, el presidente Trump autorizó al fiscal general a revisar la investigación. Trump y sus aliados han insistido durante mucho tiempo que el FBI “espió" de manera inapropiada su campaña.

Los demócratas ya han acusado a Barr de tratar de poner la mejor cara a los hallazgos de Mueller y dicen que temen que entregue selectivamente los documentos en un esfuerzo por socavar la confianza pública en las agencias de inteligencia de la nación y los investigadores de Mueller.

El informe de Mueller en sí mismo documenta las actividades durante la campaña presidencial de 2016 que llamó la atención de las agencias de inteligencia y de cumplimiento de la ley de EE.UU, incluyendo información facilitada por oficiales australianos sobre el consejero de campaña de Trump, George Papadopoulos, quien dijo a un diplomático australiano que emails de los demócratas habían sido robados por los rusos antes de que la piratería del sistema informático del Comité Nacional Demócrata se hiciera público.

Cuando los republicanos contaban con la mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente del Comité de Inteligencia, Devin Nunes (R-Tulare) pasó casi dos años investigando los mismos temas sin presentar evidencia para respaldar las afirmaciones de Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistió el pasado domingo en que el gobierno no está prejuzgando los hallazgos de Barr, pero expresó su confianza, sin ofrecer pruebas, de que podría documentar la corrupción “indignante” en el FBI.

“No voy a adelantarme a la conclusión final, pero ya sabemos que hubo un alto nivel de corrupción”, dijo Sanders en Tokio al programa ‘Meet the Press’ de la NBC, durante una visita del presidente a Japón.

Interrogado por el anfitrión, Chuck Todd, acerca de si se podía confiar en que Barr no escogiera la información, Sanders defendió la decisión de otorgarle al fiscal los poderes de desclasificación que tradicionalmente han sido celosamente guardados por las agencias de inteligencia.

“Esa es la razón por la que le concedió al fiscal general la autoridad para desclasificar esa información, para ver todos los documentos necesarios... para que podamos llegar al fondo de lo que sucedió", dijo. “Una vez más, ya sabemos algunas malas acciones”.

Los demócratas del Congreso han cuestionado mucho si el gobierno está actuando de buena fe. El congresista Adam B. Schiff (D-Burbank), quien actualmente preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión del presidente, anunciada en la víspera del fin de semana del Día de los Caídos, permitió a Trump y Barr “armar medidas policiales e información clasificada en contra de sus enemigos políticos”.

Los aliados de Trump negaron que las acciones del presidente de alguna manera socavaran las misiones centrales de la comunidad de inteligencia.

“No estamos comprometiendo la seguridad nacional”, dijo el senador Lindsey Graham (R-S.C.), quien se ha convertido en uno de los defensores del Congreso más firmes de Trump. Graham, entrevistado en “Fox News Sunday”, dijo que creía que “se puede confiar” en Barr y de que no manipulará la información a favor del presidente.

“A las personas que les preocupa esto, es porque están angustiadas por estar expuestas a tomar la ley en sus propias manos”, dijo Graham, quien preside el Comité Judicial del Senado.

El propio Trump defendió la revisión de Barr y dijo antes de irse a Japón que no estaba destinado a vengarse de los oponentes políticos.

“No es una revancha, no me importan las revanchas”, dijo a los periodistas. “Creo que es muy importante para nuestro país averiguar qué sucedió".

El impulso de la Casa Blanca para investigar a quienes indagaron al presidente se presenta en el contexto de la resistencia general de Trump a la supervisión del Congreso. Al menos una docena de batallas separadas se están llevando a cabo sobre citaciones del Congreso de documentos e individuos sobre asuntos que incluyen el informe Mueller y las declaraciones de impuestos de Trump.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de San Francisco, hasta el momento se ha resistido a los llamamientos de algunos legisladores demócratas para iniciar procedimientos de juicio político contra el presidente, especialmente si continúa rechazando la autoridad del Congreso para llevar a cabo investigaciones sobre la conducta y las finanzas del presidente. Ella sostiene que el juicio político sigue siendo prematuro, aunque ha acusado a Trump de un “encubrimiento”.

Una de las primeras personas que apoyó el juicio político, la congresista Rashida Tlaib (D-Michigan) dijo el pasado domingo que creía que Pelosi eventualmente cedería.

“Creo que se está inclinando hacia eso”, dijo en “Face the Nation” de CBS, y agregó que “el proceso tradicional de supervisión del Congreso no está funcionando”.

El presidente de la bancada demócrata, el congresista Hakeem Jeffries de Nueva York, defendió el enfoque lento de Pelosi, y dijo que por ahora, investigar a Trump “metódica pero agresivamente” era el mejor enfoque, mientras que al mismo tiempo trabajaba para promover la agenda legislativa de los demócratas.

“Los demócratas pueden cantar y bailar al mismo tiempo, al igual que Beyoncé", dijo en NBC. “No vamos a sobrepasarnos. No investigaremos en exceso”, agregó.

Sin embargo, en el lado republicano, hubo una creciente disposición a hacer eco de la llamada de Trump al castigo drástico de las figuras de la ley que ayudaron a hacer avanzar la investigación.

La congresista Liz Cheney, de Wyoming, entrevistada en “This Week” de ABC, dijo que los orígenes de la investigación de Mueller eran sospechosos porque las declaraciones de los agentes del FBI durante la campaña de 2016 sonaban “muy parecidas a un golpe planeado”.

Se refería en parte a los textos críticos de Trump que fueron intercambiados por dos funcionarios de la oficina, incluido el ex agente Peter Strzok, quien fue retirado de la investigación de Mueller cuando los mensajes salieron a la luz y posteriormente fueron expulsados, y la abogada Lisa Page, que también dejó el FBI.

“Bien podría ser una traición”, dijo Cheney.

Los comentarios de Cheney provocaron ira en la respuesta de Preet Bharara el pasado domingo, quien fue despedido por Trump como fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Los expertos legales han señalado que la Constitución dice que la traición consiste en “lanzar una guerra contra” Estados Unidos o dar “ayuda y consuelo” a sus enemigos.

“Los funcionarios electos siguen haciendo acusaciones casuales, ignorantes e idiotas de ‘traición’... Acabo de ver a Liz Cheney hacerlo”, escribió Bharara en Twitter. “Lee la Constitución”.

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