Madre deportada inspira un proyecto de ley para proteger a los ‘padres patriotas’

Todos los días, César Flores, un aviador sénior de la Fuerza Aérea, piensa en su madre. Ella apoyó su decisión de alistarse a los 19 años, y estuvo allí para animarlo cuando se graduó de la capacitación básica, en septiembre de 2016.

Ahora, mientras realiza su trabajo diario como técnico médico, la mente de este joven de 22 años se ve agobiada porque Juana Flores, quien estaba en el país sin autorización, no estará presente para celebrar otros de sus hitos.

La causa fue una decisión fatídica que Flores tomó hace décadas: abandonar California para visitar a su madre enferma en México. Cuando trató de cruzar nuevamente hacia EE.UU, fue arrestada.

En abril, 20 años después, se enfrentó a una opción: subirse a una camioneta de Inmigración y Control de Aduanas para ser deportada, o irse por su cuenta. La mujer optó por autodeportarse.

Inspirado por la deportación de la madre del aviador, un congresista de California propuso un proyecto de ley que tiene como objetivo proteger a los “padres patriotas”. No está claro qué tan probable es que éste se apruebe. Un proyecto de ley para proteger a los esposos “patriotas” volvió a presentarse este año después de quedar estancado en la Cámara el año pasado.

El fuerte apoyo a los militares a menudo ha unido a republicanos y demócratas en el pasado. Pero en el marco de la administración Trump, la inmigración ilegal -e incluso parte de la inmigración autorizada-, se ha convertido en una batalla a todo o nada, con poco espacio para el compromiso de ambos lados, incluso en cuestiones relacionadas con el servicio militar.

Este es justamente el caso al inicio de una campaña presidencial en la que la lucha contra la inmigración no autorizada será la piedra angular del lanzamiento de Trump para la reelección.

Han pasado meses desde el regreso de Juana Flores a México, pero activistas, abogados y jueces retirados se han comprometido a luchar para traerla de regreso a EE.UU. El grupo presionó con éxito a dos concejos municipales, en Santa Bárbara y Goleta, para aprobar resoluciones en apoyo de la devolución de la mujer a su hogar, e impulsó una legislación que ayudaría a los padres de militares, como Flores, a ajustar su estado sin tener que salir del país.

“¿Qué puede decir un republicano? ‘No quiero ayudar a nuestros militares, porque le tengo más miedo a una mujer de 56 años porque no es ciudadana de EE.UU’”, dijo Kraig Rice, un abogado de inmigración involucrado con la iniciativa del retorno de Flores. “¿Cómo se justifica que ese miembro del servicio militar no merezca nuestra absoluta dedicación y apoyo?”.

En los últimos años, los abogados han citado un patrón durante la administración Trump, de hacer más difícil que los nacidos en el extranjero se alisten en el ejército y se conviertan en ciudadanos de EE.UU gracias a su servicio. Más recientemente, se ha informado de una posible reducción de la “libertad condicional en el lugar”, un programa que protege a los familiares indocumentados de las tropas en servicio activo.

“Esa figura es un mecanismo para dar amnistía a los extranjeros no autorizados sin un voto del Congreso”, expuso Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya controles más estrictos sobre la inmigración. “La administración anterior lo usó simplemente como una medida excepcional, sea cual fuera el grupo de inmigrantes indocumentados que llamaba su atención”.

Pero algunos cuestionan la imparcialidad de castigar a quienes se ofrecen como voluntarios para servir al país.

“Siempre hemos tenido una fuerte tradición en Estados Unidos de cuidar a las tropas”, reflexionó Margaret Stock, una abogada de inmigración y teniente coronel retirada en la Reserva del Ejército de EE.UU. “Ahora están enviando un mensaje que dice: ‘No nos importa si arriesgan su vida por el país. No vamos a cuidar de ustedes’”.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmaron que están revisando el uso categórico de libertad condicional. Si se terminara el programa, muchas familias podrían encontrarse en la misma posición que Flores.

American Families United, un grupo nacional de defensa de la inmigración, estimó que hasta 11.800 militares poseen un cónyuge o familiar que se enfrenta a la deportación.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirmó que la agencia no puede proporcionar un desglose de las deportaciones de personas que tienen una relación familiar con los miembros del servicio, por lo cual no está claro con qué frecuencia ha ocurrido. En un caso, el otoño pasado, la esposa de un veterano de la Infantería de Marina se fue a México después de una larga batalla para detener su deportación.

“Solía ser que [el Departamento de Seguridad Nacional] se quitaba de en medio y hacía cosas por las familias de los militares. Ahora es más probable que se les someta a un proceso de deportación, y menos factible que se les otorgue algún beneficio militar”, dijo Stock.

Como Flores reingresó al país luego de ser capturada y expulsada en la frontera en 1999, no calificó para recibir la “libertad condicional en el lugar”. Sin embargo, en los últimos años, recibió varias extensiones de su estadía. El tiempo parecía medirse con un reloj de arena, que volvía a girarse justo antes de llegar a los últimos granos.

Así pudo asistir a la boda de su hijo, el año pasado, y pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. “Pensé que había una manera de solucionarlo, a raíz de cuánto tiempo había vivido allí”, afirmó la mujer en una entrevista telefónica desde Aguascalientes, México. “Nunca pensé que nos separarían”.

Pero a principios de este año, Inmigración y Aduanas (ICE) rechazó su solicitud de otra extensión.

El abogado de la mujer asegura que su deportación ocurrió porque el gobierno de Trump levantó casi todas las restricciones para repatriar a quienes se encuentran en el país sin autorización. “Bajo las administraciones anteriores, ICE sopesaba los factores discrecionales y decía: ‘¿Qué es lo positivo de dejarla aquí, en lugar de lo negativo?’”, afirmó. “Ahora ya no consideran el daño que podría ocurrir”.

Cuando el representante Salud Carbajal (D-Santa Bárbara) se enteró acerca de Flores, escribió cartas para defender el caso, citando que uno de los hijos de esta mujer es parte de las fuerzas militares y que ella cuida de otro hijo que sufre de esquizofrenia.

Inspirado por el caso, Carbajal -un inmigrante que prestó servicios en la Reserva de la Infantería de Marina- presentó la ley “Proteger a los padres patriotas”, una legislación que permitiría a todos los padres de miembros del servicio o veteranos dados de alta con honor solicitar una tarjeta de residencia y permanecer en el país mientras aguardan. A diferencia de la libertad condicional en el lugar, el tema no quedaría a discreción de la administración caso por caso.

En mayo, el proyecto de ley fue remitido al subcomité de inmigración y ciudadanía, un panel del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

“Esto obviamente proporcionaría un camino, un indulto para permitir que los padres estén aquí mientras siguen ese proceso y no sean una carga o estrés para los militares hombres y mujeres”, remarcó Carbajal.

En una tarde reciente, Cristina Flores se entretenía en la cocina haciendo quesadillas y recalentando arroz para el almuerzo. Desde la deportación de su madre, los hermanos salen a comer afuera o preparan platos sencillos. Juana ya no está allí para preparar el desayuno en las mañanas, o para despedirlos todos los días con un “Dios te bendiga”. No hay reuniones familiares después de la iglesia los domingos; la casa se siente vacía. “Nadie viene aquí porque ella no está”, comentó Cristina.

“Falta nuestra atracción central”, agregó Andrea Gómez, una nieta de Flores, de 14 años.

Es igual de difícil para Juana Flores, quien recientemente le enseñó a su hija, a 2.000 millas de distancia, cómo hacer pozole vía FaceTime. “Me despierto por las mañanas y no hay nadie aquí para cuidarnos o cocinar”, afirmó, rompiendo en llanto. “Una madre siempre está ahí para sus hijos”.

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