Las iglesias católicas comienzan a mencionar a los curas abusadores; para las víctimas, es demasiado poco y demasiado tarde

Durante las últimas dos décadas, las diócesis católicas de toda California han pagado importantes acuerdos a feligreses que afirman haber sido acosados por sacerdotes; han reconocido fallas institucionales que facilitaron el abuso y han luchado con seguidores que aseguran haber perdido la fe en los líderes de la Iglesia.

Ahora, después de que un gran jurado de Pensilvania detalló los abusos sexuales desenfrenados cometidos por el clero católico, algunas diócesis avanzaron hacia una mayor transparencia al divulgar los nombres -en algunos casos por primera vez- de sacerdotes acusados de tales delitos.

La diócesis de San Diego actualizó su lista pública a mediados de septiembre. La Arquidiócesis de Los Ángeles y la Diócesis de Orange están revisando sus listados de sacerdotes con acusaciones creíbles -ctualizadas por última vez en 2008 y 2016, respectivamente- para ver si se debe agregar algún nombre. Y los obispos de las diócesis de San Bernardino y San José planean publicar nombres en las próximas semanas.

La decisión de divulgar la información fue tomada en todo el país -por obispos en lugares como Youngstown, Ohio; Fort Wayne, Indiana, y Little Rock, Arkansas- tras el informe de Pensilvania que reveló un encubrimiento de abusos sexuales a niños durante décadas, que involucró a más de 1,000 víctimas y cientos de sacerdotes.

Los fiscales generales en al menos ocho estados también han iniciado investigaciones sobre presuntas conductas sexuales inapropiadas, solicitando o citando registros de diócesis.

La oficina del procurador general de california, Xavier Becerra, declinó comentar si tiene un operativo similar en curso.

Aumentando la presión sobre la Iglesia, el 2 de octubre se presentó una demanda civil en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en nombre de Tom Emens, quien afirma que fue abusado hace décadas por un sacerdote del sur de California. La demanda no persigue una compensación monetaria, pero solicita que 11 diócesis de California -todas excepto Stockton- revelen los nombres de todos los miembros del clero acusados de conducta sexual inapropiada, así como registros privados que documentan el abuso.

El bufete que maneja la querella también publicó un extenso informe que enumera a 307 clérigos asociados con la Arquidiócesis de Los Ángeles, acusados de abuso. Los abogados sostienen que al menos 36 de los sacerdotes no están incluidos en la lista oficial de la arquidiócesis.

La Conferencia Católica de California respondió a la demanda señalando que muchas de las acusaciones se habían revelado previamente y que las iglesias habían tomado medidas activas para mejorar las denuncias y prevenir los abusos.

Las víctimas afirman que, si bien las revelaciones adicionales del mal comportamiento de los sacerdotes son un paso positivo, en gran medida también son simbólicas. Se necesita hacer más para abordar el encubrimiento sistemático de décadas de abusos de la Iglesia, alegan.

“Es como un asesino en serie que da el nombre de cinco de sus 35 víctimas”, expresó Joelle Casteix, una experta en abuso de clérigos que fue atacada por un profesor de coro en la escuela católica Mater Dei High, en Santa Ana, en la década de 1980. Los detalles de su reclamo constan en documentos publicados en 2005 por la Diócesis de Orange.

Publicar los nombres de los sacerdotes acusados “no ayuda a los sobrevivientes. No saca a los depredadores de las calles”, afirmó Casteix. “No genera miedo en los corazones de los clérigos que todavía pueden estar molestando a niños en este momento”.

Los sobrevivientes de abuso notan que muchos de los miembros del clero mencionados están muertos o ya no viven en California. En la Diócesis de San Diego, cinco de los ocho sacerdotes recientemente agregados a la lista pública han fallecido.

“¿Anunciar estos nombres hará que la comunidad o la feligresía esté más seguras?”, se preguntó Thomas Plante, profesor de psicología en la Universidad de Santa Clara, que trata a víctimas y abusadores de iglesias. “No sé si lo hará, francamente”.

Pero en ausencia de una investigación estatal, señalan algunos que se identifican como sobrevivientes de abusos clericales, las revelaciones son un comienzo.

Jaime Romo es uno de ellos. Ahora, como ministro que presta servicios post trauma en Pilgrim United Church of Christ, en Carlsbad, Romo dice que fue molestado por un pastor de L.A. cuando tenía 14 años.

Las víctimas a menudo sienten una doble traición, explicó, primero por parte de su abusador y luego por la Iglesia, cuando oculta el abuso. De modo que revelar los nombres de los sacerdotes puede aliviar un poco el dolor causado por décadas de negligencia clerical, consideró.

Del mismo modo, las revelaciones pueden brindar consuelo a aquellos que nunca le han dicho a nadie sobre el abuso sufrido, indicó Carlos Pérez-Carrillo, un antiguo monaguillo quien afirma haber sido acosado por un sacerdote en la preparatoria St. Bernard High School, en Playa del Rey.

“Habrá gente que verá el nombre de un perpetrador y dirá: Ahora me siento bien de revelar lo que me ocurrió, porque puedo decir que lo que me pasó a mí también le ocurrió a otras personas”, indicó Pérez-Carrillo. “Es una validación”.

Debido a la práctica generalizada de la Iglesia de reasignar a los clérigos acusados en lugar de eliminarlos del ministerio por completo, es difícil -si no imposible- conocer la red nacional de abusos en su totalidad, advirtió Massimo Faggioli, profesor de teología histórica en la Universidad de Villanova, en Pensilvania.

Incluso el informe del gran jurado de Pensilvania, de 900 páginas, pinta un cuadro parcial, remarcó Faggioli, porque algunos de esos sacerdotes fueron enviados a la costa oeste, “y desconocemos qué saben esas diócesis sobre estos sacerdotes”.

Dada la estructura de poder de la Iglesia -los obispos locales tienen un control casi total en sus distritos- es poco probable que el liderazgo nacional ordene dar a conocer nombres en todo Estados Unidos, agregó Faggioli. Pero es una buena señal que las últimas revelaciones están sucediendo a un ritmo más rápido que en 2002, cuando los escándalos de abuso sexual de la Iglesia católica fueron dados a conocer por primera vez por el Boston Globe, dijo.

Aun así, la autoevaluaciones de las diócesis han demostrado ser incompletas. En 2006, un análisis del Times descubrió que la Arquidiócesis de Los Ángeles omitió parcial o completamente los 11 casos conocidos de abuso clerical en su “Informe al pueblo de Dios”. Esto sucedió después de que el entonces arzobispo, Roger Mahony, asegurara que el reporte proporcionaba la “mayor divulgación posible” de cómo la Iglesia había respondido a las acusaciones de abuso sexual.

La lista de San Diego, de sacerdotes acusados en décadas pasadas, puede crecer; los administradores todavía están revisando los archivos, señaló el vocero diocesano Kevin Eckery. “Me encantaría decir que el proceso es una máquina bien aceitada”, indicó Eckery. “Pero algo que descubrimos al armar la lista es lo complicado que es revisar estos registros”.

Los problemas de transparencia parcial y las investigaciones desorganizadas muestran por qué las iglesias deben entregar todos los registros conocidos de presuntos abusos al fiscal general para su revisión independiente, dicen los defensores de víctimas en California. “Cada obispo... necesita abrir sus archivos y decir: Aquí tiene. Aquí está la evidencia”, expresó Casteix.

En una declaración enviada a The Times, la Arquidiócesis de L.A. aseveró que dejó de agregar nombres a su Informe al pueblo de Dios después de 2008, porque las parroquias y las escuelas comunicaban casos de abuso a medida que eran descubiertos.

Al día de hoy, el informe se está actualizando, dijeron los líderes eclesiásticos, y los nombres de los sacerdotes que han abusado de menores en los años posteriores se publicarán cuando se complete el proceso.

Para Casteix, se trata de una respuesta poco entusiasta a décadas de trauma infligido a los feligreses más vulnerables. “Hay un lento goteo de nombres; más y más promesas de transparencia”, dijo. “Pero las políticas y los patrones que permitieron este abuso aún siguen vigentes”.

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