Advertisement

¿Manifestantes pagados? Una firma de Beverly Hills que los contrata fue demandada por extorsión

¿Manifestantes pagados? Una firma de Beverly Hills que los contrata fue demandada por extorsión
La denuncia del inversionista checo Zdenek Bakala reclama que la empresa Crowds on Demand, de Adam Swart, apuntó a la casa de Bakala en Hilton Head, Carolina del Sur. (Tribunal de Distrito de EE.UU. de Carolina del Sur.)

Los manifestantes pagados son una cuestión real. Crowds on Demand, una firma de Beverly Hills que es un jugador reconocido en el negocio de la contratación de manifestantes, presume en su sitio web de ofrecer a sus clientes "protestas, mítines, flash-mobs, eventos con paparazzis y otras maniobras inventivas de relaciones públicas... Brindamos todo, incluyendo las personas, los materiales e incluso las ideas".

La compañía ha contratado a actores para presionar al Ayuntamiento de Nueva Orleans en nombre de un operador de una planta de energía, para protestar por una convención de masones en San Francisco y para actuar como fanáticos y paparazzis en una conferencia en L.A. para coaches personales. Pero según una demanda presentada por un inversor checo, Crowds on Demand también realiza más tareas sórdidas.

Advertisement

Zdenek Bakala afirma que la firma fue empleada para dirigir una campaña de extorsión en su contra. Bakala acusó al gerente de inversiones Pavol Krupa, de Praga, de contratar manifestantes pagos de Crowds on Demand para que marchen cerca de su casa en Hilton Head, Carolina del Sur, y llamen y envíen correos electrónicos al Aspen Institute y al Dartmouth College, donde Bakala forma parte de los consejos asesores, instándolos a cortar lazos con él. También alega que Krupa amenazó con continuar y ampliar la campaña a menos que le pague $23 millones de dólares.

El fundador de Crowds on Demand, Adam Swart, y Krupa, no confirmaron ni negaron estar trabajando juntos. Si bien se negaron a responder preguntas específicas sobre las acusaciones de Bakala, en una declaración enviada por correo electrónico Swart dijo que las afirmaciones no tienen ningún mérito.

Advertisement

"No solo me defenderé vigorosamente contra las acusaciones en la denuncia, sino que también estoy evaluando si presentar mi propia querella contra el Sr. Bakala", advirtió Swart.

La demanda se produce en medio del creciente interés en el negocio de las protestas pagas y otras formas de "astroturfing", la práctica de fabricar la apariencia del apoyo comunitario.

El presidente Trump, cuya campaña presuntamente contrató a actores para aplaudir en un mitin de 2015, aseguró repetidamente que los manifestantes —más recientemente aquellos que luchan contra la confirmación del Senado del juez de la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh— son pagados por el multimillonario liberal George Soros y otros acaudalados.

El interés en los manifestantes pagados alcanzó su punto máximo después de las elecciones de 2016, según la popularidad del tema en las búsquedas de Google. La cantidad de búsquedas de "manifestantes pagados" aumentó nuevamente cerca de la marcha de mujeres de enero de 2017, el mitin nacionalista blanco realizado en agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia, y a principios de octubre, en pleno debate sobre Kavanaugh.

Advertisement

Crowds on Demand no es la única firma que contrata a manifestantes pagados, aunque es quizás la más abierta sobre la actividad, consideró Edward Walker, profesor de sociología de UCLA que escribió un libro sobre el astroturfing, "Grassroots for Hire: Public Affairs Consultants in American Democracy" (Apoyo contratado: asesores de asuntos públicos en la democracia estadounidense).

"Hay cientos de firmas de cabildeo y asuntos públicos que hacen este trabajo, aunque no todas de la misma manera", explicó. "Algunos solo brindan algo de apoyo para contratar, pero las cuestiones adyacentes a eso no son poco frecuentes hoy en día". Por ejemplo, el programa "Nightline", de ABC News, informó en 2014 que un grupo respaldado por la industria de las bebidas estaba contratando personas para protestar por una medida impositiva sobre los refrescos y publicó un anuncio en Craigslist ofreciendo pagar $13 por hora.

Según el veterano consultor político de California Garry South, exestratega de campaña para el gobernador Gray Davis, durante mucho tiempo fue común que las campañas y los partidos políticos paguen a la gente unos pocos dólares o quizás ofrezcan una comida a cambio de asistir a un mitin. Recordó un acto político de 2002, en San Francisco, donde se usó esa táctica.

"Resulta que el partido demócrata de San Francisco, para aumentar la multitud, básicamente había acudido a Skid row y le había pagado a la gente de allí $5 o algo por el estilo para que se congregara en Union Square", relató. Sin embargo, el especialista nota una gran diferencia entre ese tipo de actividad y las protestas pagadas que supuestamente organiza Crowds on Demand.

"Lo que es diferente es la comercialización del proceso", indicó. "Solo contribuye al aire de irrealidad que existe por estos días, en los cuales, básicamente no podemos creer lo que ven nuestros propios ojos o lo que escuchan nuestros oídos. No creo que sea particularmente saludable. Pero, inevitablemente, se iba a llegar a esto".

Incluso si la táctica es cada vez más común, Walker considera que Crowds on Demand se destaca por la franqueza sobre su tarea. En su sitio web, la empresa se jacta de haber organizado un mitin para apoyar a un líder extranjero no identificado que visitó las Naciones Unidas (ONU).

"La preocupación fue asegurar que el dirigente fuera bien recibido por una audiencia de Estados Unidos, que confiara en su trabajo en la ONU. Creamos demostraciones de apoyo con diversas personas".

Otro "caso de estudio" en la página de Crowds on Demand remarca que la firma fue convocada para "paralizar las operaciones" de una empresa manufacturera propiedad de un abusador de niños convicto. En ese caso, Crowds on Demand explica que fue contratada por una firma manufacturera competidora, que finalmente compró la empresa rival propiedad del abusador "por el 5% de su valor anterior".

Advertisement

"Muchas veces, las compañías no quieren ser conocidas por usar este tipo de estrategia", advirtió Walker. "Crowds on Demand es más abierta al respecto... Es sorprendentemente descarada".

En el caso de Bakala, Crowds on Demand está acusada de difundir información errónea a través de un sitio web, organizar protestas y crear una campaña por correo electrónico y teléfono dirigida a varias instituciones estadounidenses vinculadas con Bakala, quien tiene un MBA de la Escuela de Negocios Tuck, de Dartmouth, y registraba un patrimonio neto superior a los mil millones de dólares a principios de esta década, según Forbes. Todo es parte de una larga disputa, que ha sido objeto de consultas por parte del gobierno checo y la Comisión Europea, y que involucra a una antigua empresa estatal minera de carbón, llamada OKD, que Bakala controlaba en 2004.

El sitio web StopBakala.org, que según Bakala fue creado por Krupa, Swart y Crowds on Demand, lo acusa de sobornar a funcionarios para comprar la participación del gobierno en la compañía minera por un precio bajo, quebrando la promesa de vender apartamentos propiedad de la compañía a los empleados y luego obteniendo ganancias excesivas de la firma, que se declaró en bancarrota en 2016.

Un fondo de inversión de Krupa es accionista de la compañía. Bakala, quien posee doble ciudadanía —estadounidense y checa—, dice en su demanda que todas esas acusaciones son falsas y forman parte de la campaña de extorsión de Krupa. Alega que éste ofreció poner fin a su campaña si Bakala pagaba $23 millones por las acciones de OKD propiedad del fondo de inversión de Krupa.

"Los acusados ​​están llevando a cabo una campaña de hostigamiento, difamación e injerencia en los asuntos comerciales de Zdenek Bakala, que prometieron expresamente ampliar a menos que éste les pague millones de dólares", escribieron los abogados de Bakala en la querella, que nombra a Krupa, Crowds on Demand y Swart como acusados.

Advertisement

En un comunicado, la portavoz de Krupa Global Investments, Barbora Hanáková, calificó a Bakala de "una persona poco confiable" e insinuó que las protestas en Estados Unidos en su contra fueron "inconvenientes para él" y arruinaron "sus intentos de blanquear su reputación".

Hasta el momento, no está claro que la supuesta campaña haya tenido mucho efecto. Elliot Gerson, vicepresidente ejecutivo del Aspen Institute, detalló vía email que el instituto recibió llamadas y correos electrónicos de "personas relacionadas con Crowds on Demand" y que el asesor general de la organización sin fines de lucro ha hablado con Swart sobre esta campaña de hostigamiento.

"Desde el principio asumimos que estas comunicaciones fabricadas estaban vinculadas con problemas políticos en la República Checa y al alto perfil del Sr. Bakala en ese país", precisó Gerson. "Nada de lo que recibimos ha alterado nuestras opiniones sobre el Sr. Bakala".

Según Peter Baldwin, un exfiscal federal que ahora es socio del bufete de abogados Drinker Biddle, el caso plantea preguntas interesantes sobre el negocio de las protestas pagas; en particular, qué debe hacer una empresa como Crowds on Demand para asegurarse de no difamar a sus objetivos.

En otras campañas, al parecer se contrató a Crowds on Demand para abogar por o en contra de asuntos de políticos, una práctica que a muchos les puede parecer desagradable pero que es factible que no sea legalmente procesable. En este caso, sin embargo, se acusa a la compañía de hacer acusaciones falsas contra un individuo, lo cual redundó en querella por difamación. "Si uno enfrenta información de que su mensaje puede ser falso o difamatorio, ¿tiene la obligación de no ser el mensajero?", dijo Baldwin.

"Esa es una pregunta clave para alguien en este negocio. ¿En qué momento tiene la obligación de verificar la veracidad de las afirmaciones?". Swart se negó a comentar sobre qué tipo de diligencia debida realiza su compañía antes de involucrarse en una campaña.

La demanda de Bakala, presentada ante un tribunal federal en Carolina del Sur, también alega violaciones de la Ley federal de Organizaciones Corruptas o Infiltradas de Estafadores (RICO, por sus siglas en inglés), una norma originalmente destinada a atacar a los grupos del crimen organizado. Bakala alega que Krupa, Swart y Crowds on Demand violaron esa ley al participar en un plan de extorsión en su contra. Baldwin, el exfiscal federal, explicó que los casos vinculados con RICO —que permiten a los demandantes recuperar tres veces sus daños reales— son complicados y, a menudo, difíciles de probar.

También dijo que pueden ser perjudiciales para los acusados, a quienes etiqueta como criminales organizados.

"Si eres un acusado que enfrenta cargos por extorsión, hay en juego una cuestión de reputación", afirmó. "Eso es bastante serio. Cuando la gente piensa en el crimen organizado, piensa en la mafia". Baldwin, quien revisó la querella de Bakala, no pudo especular sobre la posibilidad de que el caso proceda, pero dijo que los letrados "han presentado su caso con cuidado". "He visto querellas RICO menos convincentes", aseguró.

Advertisement
Advertisement