Obamacare vuelve a los tribunales, y hay nuevas incertidumbres en la cobertura de salud para millones de personas

El futuro de la Ley de Cuidados de Salud Asequible y la cobertura que ésta ha brindado a millones de estadounidenses, una vez más está en duda mientras una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans se reúne este martes para escuchar los argumentos en una demanda que busca invalidar la norma.

La audiencia, en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU -que enfrenta a los estados demócratas, que defienden la ley, contra los estados republicanos y la administración Trump, que buscan su derogación- también plantea la posibilidad de que la norma de atención médica, a menudo llamada Obamacare, pueda sobrevivir sólo en partes del país.

Tal resultado eliminaría las protecciones de seguro médico para decenas de millones de personas y marcaría uno de los giros más dramáticos en la lucha legal de casi una década sobre la ley.

También ampliaría la división en EE.UU entre los estados que adoptaron la norma y su extensa serie de protecciones de seguros, y los que la vienen combatiendo desde que el ex presidente Obama la promulgó, en 2010.

Para salvar la ley trabajan 20 estados liderados en su mayoría por demócratas, entre ellos California, que empleó la legislación para crear una expansión drástica de la cobertura de seguros.

Ellos se enfrentan a Texas y a otros 17 estados liderados por republicanos, que han querellado para invalidar la norma, argumentando que cuando el Congreso en 2017 eliminó una penalidad contra quienes no adquieren el seguro médico, se quitó un pilar esencial de la ley para expandir la cobertura de salud. Dicha sanción era considerada fundamental para que las personas jóvenes y sanas se inscribieran en la cobertura y ayudaran así a mantener las primas a precios razonables.

La administración Trump, que en 2018 tomó la inusual decisión de no defender la norma, ahora respalda completamente la demanda de Texas e insta a una derogación total.

En diciembre, un juez federal de Texas respaldó el argumento de los demandantes y emitió un muy polémico fallo donde señaló que toda la ley es inconstitucional.

California y los otros 19 estados, así como el Distrito de Columbia, que obtuvo el permiso para defender la norma cuando la administración Trump se negó a hacerlo, apeló a la corte federal de Nueva Orleans para revertir el fallo de Texas.

Un panel de tres miembros, compuesto por jueces designados por los presidentes Trump, George W. Bush y Carter, escucharán el caso este martes.

California y los otros estados que defienden la ley argumentan que el Congreso no tenía la intención de derogarla en su totalidad cuando eliminó la penalidad en el proyecto de ley de impuestos promulgado en 2017.

Y hay poca evidencia de que la eliminación de ésta haya puesto en peligro el programa más amplio de la ley sanitaria para ampliar la cobertura de salud. La mayoría de las compañías de seguros continúan trabajando, y millones de estadounidenses pobres siguen recibiendo servicios a través de una expansión de Medicaid, también posible gracias a la norma.

Incluso altos funcionarios de la administración Trump, incluidos economistas de la Casa Blanca y abogados del Departamento de Justicia, han observado en los últimos meses el éxito de los mercados de seguros y descartaron el impacto de eliminar la penalidad.

“Otro año de inscripción estable”, consideró en marzo pasado Seema Verma, quien supervisa los mercados como administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, después de que la agencia publicara un informe que mostraba que 11.4 millones de individuos se habían inscrito para recibir cobertura en 2019, una cifra apenas menor del total del año anterior.

No obstante, los abogados de la administración impulsan la apelación en Nueva Orleans para anular la norma.

En un giro complicado de los acontecimientos, los abogados del Departamento de Justicia también argumentaron en documentos presentados ante el tribunal la semana pasada que la corte de apelaciones podría invalidar la ley de atención médica sólo en los 18 estados republicanos que están demandando.

Eso significaría que las protecciones de seguros -incluida la prohibición de que las aseguradoras nieguen la cobertura a personas con afecciones médicas preexistentes-, podrían desaparecer en Texas, pero continuar en California.

Según los expertos, otras disposiciones podrían ser más difíciles de revertir en algunos lugares. Por ejemplo, la norma estableció una nueva oficina federal para apoyar los experimentos realizados por médicos y hospitales para mejorar la calidad y reducir los costos de la atención médica. No está claro si el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos se verá obligado a retirar el apoyo para estas pruebas en los estados donde se ha derogado la ley.

Funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU se negaron a discutir sobre el litigio.

El procurador general de California, Xavier Becerra, señaló que el estado y sus aliados pretenden salvar la ley nacional.

“Juntos, el gobierno de Trump y la coalición liderada por Texas arriesgan la salud de casi todos los estadounidenses, desde jóvenes hasta ancianos, de enfermos a empleados activos”, afirmó Becerra.

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