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Si otros países equilibran los derechos humanos y la seguridad fronteriza, EE.UU. también puede hacerlo

Si otros países equilibran los derechos humanos y la seguridad fronteriza, EE.UU. también puede hacerlo
Cientos de miembros de la segunda caravana de migrantes en Ciudad Hidalgo, México, el 29 de octubre. (Esteban Biba / EPA-EFE / REX)

Independientemente de las preocupaciones que motivaron a miles de migrantes centroamericanos a formar una caravana hacia Estados Unidos en octubre, su viaje se ha convertido, sin lugar a dudas, en una manifestación política y un circo mediático.

La caravana no podría haber elegido una mejor época para agitar el frenesí antiinmigrante, días antes de una elección de mitad de mandato que es crítica.

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El 29 de octubre, en un enfrentamiento entre miembros de la caravana y guardias fronterizos mexicanos en la frontera entre México y Guatemala, un inmigrante perdió la vida. En Washington, la administración Trump anunció que había comenzado a desplegar más de 5,000 tropas en servicio activo para mantener a los solicitantes de asilo y migrantes fuera del territorio nacional.

La caravana plantea problemas reales en todos los bandos del debate sobre la inmigración. Tanto Estados Unidos como México expresan una preocupación legítima de que estos grupos —más grandes de lo normal— que cruzan las fronteras representan una amenaza para la seguridad. La caravana puede contribuir con problemas domésticos, como la falta de vivienda, y cada gobierno se pregunta con razón qué le debe a los extranjeros. Estados Unidos también pregunta si México, el país de tránsito, debería asumir la responsabilidad de filtrar a los solicitantes de asilo.

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Por otro lado, el bien documentado fracaso de El Salvador, Honduras y Guatemala para proteger a su gente de la violencia y el abuso, en parte perpetrados por fuerzas de seguridad entrenadas y financiadas por Estados Unidos, establece motivos de buena fe para que al menos algunos miembros de la caravana busquen asilo.

¿Se pueden reconciliar estas preocupaciones rivales? ¿Nos enfrentamos, como sugieren algunos políticos, con una elección binaria entre fronteras completamente abiertas o totalmente cerradas?

Tenemos respuestas de la historia y de la práctica actual. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la base para un orden mundial más humano, la tensión entre la soberanía del estado y los derechos individuales se reflejó en una paradoja: la declaración consagró el derecho de cualquiera a abandonar un país, pero no garantizaba el derecho de entrar en otro. Hubo una excepción: el derecho a solicitar y gozar de asilo en caso de persecución.

Ningún país quiere una afluencia de refugiados. El Líbano no pidió agregar a su población a un millón de sirios que huyen de la guerra. Bangladesh no invitó a 700,000 refugiados rohinyá a cruzar desde Myanmar en el transcurso de unas pocas semanas, en 2017. Colombia no autorizó a 3,000 venezolanos a ingresar todos los días en los últimos meses.

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Pero estos y otros países han intentado, aunque de manera imperfecta, lograr el equilibrio necesario para cobijar a los refugiados, generalmente con protección temporal general, al tiempo que restringen los movimientos de los migrantes o los estudian para detectar amenazas a la seguridad.

Alemania, que recibió 772,400 solicitudes de asilo durante la migración masiva de 2016, adoptó un enfoque diferente, tomando 573,600 decisiones individuales en 2017. Por el contrario, Estados Unidos recibió 331,700 solicitudes de asilo nuevas en 2017 y solo se tomaron decisiones importantes en 65,600 casos. Hay una acumulación de aproximadamente 750,000 casos.

Los refugiados tienen derecho a solicitar asilo, pero no poseen el derecho a elegir el país que lo brindará. Estados Unidos tiene un acuerdo de tercer país seguro con Canadá. Puede negarse a examinar una solicitud de amparo de alguien que viaja a través de Canadá, porque ese país, con estándares y procedimientos similares, se ha comprometido a asumir esa responsabilidad. Pero ello no ocurre con México. Si bien el sistema de México ha mejorado en los últimos años, su policía y las fuerzas de inmigración siguen bloqueando el acceso a sus procedimientos de asilo con pocos recursos. Por el momento, no se puede confiar en que México brinde protección efectiva a los solicitantes del beneficio.

Al tratar con una afluencia masiva, los tribunales de Estados Unidos han dado a las autoridades un gran margen para detener a las personas mientras evalúan sus reclamos. El gobierno usó esa amplitud en 1980, para tratar el éxodo del barco Mariel, desde Cuba, con una capacidad de 125,000 personas. ¿Pero varios miles de personas que caminan 1,400 millas, de hecho, representan una afluencia masiva? Durante la última década, Estados Unidos ha detenido un promedio de 450,000 cruces fronterizos irregulares cada año, aproximadamente 1,200 personas por día, y las han puesto en procedimientos de deportación. No está claro que la caravana represente ahora una afluencia masiva.

La detención es una opción para aquellos potencialmente peligrosos, o que podrían no presentarse a los procedimientos judiciales, pero existen alternativas razonables y efectivas a la detención —como la liberación apoyada por la comunidad—. Los datos muestran que, cuando aquellos que piden asilo confían en que existe un sistema que brindará protección a quienes califican para ello, es improbable que se fuguen.

Al igual que otros países que reciben refugiados, Estados Unidos no solicitó este desafío. Pero por mucho que EE.UU. tenga el derecho de decidir quién tiene permiso para ingresar y permanecer dentro de sus fronteras, también está obligado por tratado a no repatriar a nadie —sin importar sus circunstancias económicas— que enfrente amenazas reales a su vida y su libertad. La forma en que trata a quienes escapan de la pobreza y la miseria, pero no la persecución y el conflicto, es una opción política que depende de consideraciones humanitarias e intereses económicos, no de una obligación legal.

En ningún caso, la elección es simplemente una cuestión de fronteras abiertas o cerradas. Se trata, en cambio, de gestionar la migración y los derechos humanos. Asegurar las fronteras no es incompatible con proteger a los refugiados. Estados Unidos, como otros países, es capaz de hacer ambas cosas.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí.

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