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EEUU

Trump afirma que mejoró la situación en El Salvador; la mayoría de la gente no está de acuerdo

El Salvador

Soldados patrullan un vecindario de San Salvador donde prevalece la violencia de las pandillas (Carolyn Cole / Los Angeles Times).

(Los Angeles Times)

Hace casi 17 años, terremotos gemelos sacudieron El Salvador con un mes de diferencia. El resultado fue más de 1,200 personas fallecidas, 1,3 millones sin hogar y daños en una de cada cinco viviendas.

La destrucción fue tan grande que el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, decidió ayudar a algunos salvadoreños que vivían en los Estados Unidos, otorgándoles un estado de protección temporal que los ponía a salvo de la deportación y les permitía trabajar legalmente en este país. El Salvador, dijeron los funcionarios estadounidenses en su momento, no podía “manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos”.

El lunes, la administración Trump revocó esa decisión y anunció que cancelará los permisos de residencia temporal a más de 260,000 salvadoreños. El Departamento de Seguridad Nacional (HSD, por sus siglas en inglés) expresó en un comunicado que El Salvador se ha recuperado lo suficiente de los desastres naturales, y que “las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”.

Pero quienes critican la decisión dicen que El Salvador está, en realidad, en una situación mucho peor que en 2001, y que no se encuentra en absoluto preparado para el regreso de sus ciudadanos.

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Si bien la mayoría de los edificios dañados por el terremoto fueron reparados, muchas personas que perdieron sus hogares aún carecen de una vivienda adecuada, afirmaron expertos. Mientras tanto, el país está envuelto en violentas guerras callejeras, alimentadas en gran parte por las deportaciones masivas de miembros de pandillas de los EE.UU. Las crecientes tasas de homicidios han asustado a los inversores, poniendo en peligro una economía ya frágil y convirtiendo a El Salvador en una de las naciones más peligrosas de la Tierra.

“Esto es realmente una mala noticia para nuestro país”, aseguró Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, en una entrevista telefónica este lunes. “Nuestro país no crea oportunidades para los salvadoreños que viven aquí. Imaginen lo que haríamos con 200,000 personas más recién llegadas”.

Bukele remarcó que El Salvador está aún menos preparado para recibir deportados y repatriados que en 2001.

La tasa de homicidios del año pasado, de 60 por cada 100,000 habitantes, fue casi un 60% más alta que en 2001. Una de cada tres personas vive en la pobreza y cada día cientos de salvadoreños abandonan el país para buscar oportunidades o seguridad en México o los Estados Unidos. “Incluso nuestra calificación crediticia es mucho peor ahora”, advirtió Bukele, candidato para las elecciones presidenciales del próximo año.

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Jeannette Aguilar, que dirige un centro de votación pública en la Universidad Centroamericana de San Salvador, señaló que la economía de ese país depende en gran medida de las remesas de los Estados Unidos; el dinero del exterior representa aproximadamente el 17% del producto interno bruto del país.

Las deportaciones masivas en los Estados Unidos podrían paralizar la economía de El Salvador y empeorar la seguridad, indicó: “Sin duda, será una crisis de grandes dimensiones”.

Los funcionarios de Trump argumentan que los Estados Unidos han deportado migrantes a El Salvador durante años, y el estado de protección siempre fue temporal. El año pasado, la administración finalizó el programa para otros dos países, Haití y Nicaragua. Los receptores de esas naciones, como los de El Salvador, tendrán un período de gracia de 18 meses para abandonar los EE.UU. o solicitar otras formas de asistencia migratoria, informaron las autoridades.

El amplio ataque al programa sugiere que la decisión de la administración Trump sobre El Salvador fue motivada más por la ideología que por un examen detallado de las condiciones de vida en el país, expuso Lucas Guttentag, quien se desempeñó como asesor principal en el Departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de Obama, y quien ahora enseña derecho en la Universidad de Stanford.

“Hay una clara hostilidad hacia este programa”, afirmó Guttentag, quien cree que la administración debería haber considerado una variedad de factores, como las situaciones económica y de seguridad de El Salvador, antes de decirle a cientos de miles de migrantes que regresen allí.

Bush, y luego Obama, emitieron extensiones por 18 meses del programa para salvadoreños casi una docena de veces después de su lanzamiento, citando la frágil economía del país y la violencia desenfrenada de las pandillas. En 2016, el gobierno de Obama aseguró que El Salvador no podía manejar el regreso de sus ciudadanos porque “el gobierno continúa luchando para responder adecuadamente a los crecientes niveles de delincuencia, y hay poca confianza en que la situación de seguridad mejore”.

La violencia se ha disparado en ese país, en parte debido a la deportación en gran escala de pandilleros de la MS-13 a partir de la década de 1990. Una ofensiva del gobierno de El Salvador redujo la tasa de homicidios de su pico de 104 homicidios por cada 100,000 residentes en 2015, pero la disminución ha estado acompañada por denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de la policía y los soldados.

La violencia provocó un aumento de la migración hacia el norte. Más de 200,000 centroamericanos, muchos de ellos de El Salvador, fueron detenidos en la frontera durante el año fiscal 2016. El año pasado, 17,512 niños salvadoreños fueron detenidos en la zona limítrofe.

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Los Estados Unidos han invertido cientos de millones de dólares en ayuda en El Salvador y las vecinas naciones de Honduras y Guatemala, en un intento de construir prosperidad, reducir la violencia y frenar la migración desde esos países. Los funcionarios de los EE.UU. se atribuyen parcialmente el crédito por la disminución de homicidios en esa nación.

Sin embargo, los críticos remarcan que el presidente Trump ha respaldado políticas que podrían socavar ese trabajo. El año pasado, su administración puso fin a un programa de la era Obama que otorgaba residencia legal temporal a los niños centroamericanos que pudieran demostrar que estaban bajo amenaza de violencia. El programa permitía a los menores solicitar la ayuda en sus países de origen, y se lo consideraba una alternativa segura y legal para todos los pequeños que, de otro modo, podrían haber intentado migrar solos.

Adriana Beltrán, experta en Centroamérica del grupo de expertos Washington Office on Latin America, afirmó que la última decisión de Trump representa “una completa contradicción con lo que el gobierno de los EE.UU. ha manifestado que intenta hacer en la región”.

A pesar de perder protecciones, muchos salvadoreños no pueden abandonar los EE.UU. por su propia cuenta, y prefieren vivir indocumentados en lugar de regresar a un hogar que apenas conocen.

“La gran mayoría no va a regresar por su cuenta, sólo van a volver a la vida clandestina”, expresó Pablo Alvarado, un inmigrante de El Salvador que tuvo estatus de protección temporal antes de casarse con una estadounidense y convertirse así en ciudadano. “La gente tendrá que decidir si esconderse de los agentes de inmigración es mejor que esconderse de la MS-13", dijo.

Alvarado, quien encabeza la National Day Laborer Organizing Network, un sindicato de trabajadores migrantes, calculó que alrededor de 125 personas de su aldea rural en su país de origen han residido legalmente en los Estados Unidos con el estatus de protección temporal. Ahora, teme que muchos de ellos eventualmente sean deportados. “El impacto emocional es inconmensurable”, aseguró. “Imagina dejar a tu familia e ir a un lugar que no has visto en 15 años, en medio de toda esa violencia, de toda esa pobreza… Cuando pienso en lo que va a pasar en esa pequeña aldea, se me revuelve el estómago”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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