Miedo al COVID e impotencia entre los reclusos, después de que el traslado de presos llevó ‘la bestia’ a San Quintín

Sesenta y seis reclusos del California Institute for Men, azotado por el coronavirus, viajaron en autobuses a fines de mayo desde Chino a la prisión de Corcoran, donde Frank Estrada estaba encarcelado. Lo que no sabían era que “la ‘bestia’ viajaba con ellos”, señaló Estrada, aludiendo al virus letal que acompañó a uno de los traslados de prisioneros más desastrosos en la historia del estado.

La prisión estatal de Corcoran estaba libre de coronavirus antes de que llegaran esos autobuses. Ahora tiene 10 casos activos de COVID-19, y la muerte confirmada de un recluso.

San Quintín, la prisión más antigua de California, recibió 121 transferencias desde Chino y a partir de entonces está devastada por la enfermedad. La semana pasada superó las 2.000 infecciones, y ahora reporta 862 casos activos y 13 decesos entre sus 3.362 reclusos.

Los traslados profundizaron una crisis sanitaria dentro del sistema correccional de California, que hasta el momento ha afectado a más de la mitad de las 35 cárceles del estado. Al menos 40 reclusos en todo el estado fallecieron por enfermedades relacionadas con el COVID, y 1.905 tenían infecciones activas hasta este martes.

Los actuales reclusos y quienes fueron recientemente liberados describen el terror que reinaba tras las rejas mientras el virus arreciaba y, uno por uno, los prisioneros enfermaban y en ciertos casos morían. Varios se sentían indefensos porque no podían practicar el distanciamiento social o tomar otras precauciones disponibles para quienes están libres. “El miedo se hacía eco a través de las celdas”, relató Estrada, de 56 años, quien logró evitar el virus y fue liberado anticipadamente de una sentencia de 16 meses por robo. “Muchos hombres adultos, que no le tienen miedo a nada, sentían ahora mucho temor”.

Más de 2.000 reclusos en la prisión estatal de San Quintín dieron positivo por COVID-19, incluidos 13 que fallecieron.

(Eric Risberg / Associated Press)

Los brotes en Corcoran y San Quintín se hubieran evitado si los funcionarios no hubiesen realizado los traslados desde Chino, según varios funcionarios electos, expertos en correccionales y un perito designado por el tribunal que supervisa la atención médica de la prisión.

En el momento de los traslados, la prisión de Chino reportaba más de 600 casos de COVID-19 y nueve decesos. Los 700 reclusos seleccionados para el traslado tenían condiciones médicas que los hacían especialmente vulnerables al virus.

Todos fueron examinados antes de ser transportados. Pero por razones que los funcionarios correccionales aún no han explicado, a algunos se les sometió a evaluación varias semanas antes del traslado, lo cual inutilizó los resultados.

“Realizar una transferencia sin verificar las fechas en que tales personas fueron evaluadas es realmente incompetente e inconcebible”, señaló la senadora estatal Nancy Skinner (D-Berkeley), quien preside el Comité de Seguridad Pública del Senado.

En una declaración enviada por correo electrónico a The Times, un portavoz del perito designado por el tribunal reconoció que el traslado fue mal concebido. “En esencia, el proceso de transferencia comenzó demasiado pronto, se concretó muy rápido y sin las precauciones necesarias”, señala el comunicado. “Se han realizado cambios en las políticas de transferencia y pruebas”.

Michael Kirkpatrick, de 62 años, fue considerado apto para la libertad condicional en abril y estaba esperando la aprobación final y una fecha posible de liberación cuando la noticia de los traslados de Chino llegó a San Quintín, y junto con ello una sensación de temor. “Sabíamos que era solo cuestión de tiempo para nosotros”, reconoció.

Según Kirkpatrick, él y su compañero de celda, Anthony Waldrip, desarrollaron síntomas, incluidos dolores de cabeza. Se les examinó el mes pasado y obtuvieron los resultados hace aproximadamente dos semanas. “Lo único que realmente hicieron fue decirnos: ‘Tomen un poco de Tylenol’. Eso fue todo”, reveló. “Simplemente nuestra mentalidad estaba fija en un pensamiento positivo: deseábamos no contagiarnos ni enfermarnos de gravedad”.

Kirkpatrick, quien fue liberado el 13 de julio después de que su libertad condicional por un robo se anticipó debido al brote, dijo que a él y a Waldrip las enfermeras de la prisión les revisaban la temperatura constantemente, pero que nunca fueron atendidos por un médico. “Fue muy aterrador”, reconoció. “Se escuchaban gritos: ‘¡Hombre caído en la 246! ¡Hombre caído!’, y era alguien que se había desplomado o que estaba tan enfermo que debían trasladarlos fuera de allí. Eso se escuchaba cinco o seis veces al día. Uno se preguntaba: ‘¿Soy el próximo?’”.

La mayoría de los reclusos estaban encerrados todo el día. Se alimentaron con cajas de comida durante semanas. Las duchas se redujeron a una cada varios días.

En el área de Kirkpatrick, de aproximadamente 50 celdas, hubo solo alrededor de cinco hombres detenidos que no se infectaron, comentó. “Es realmente tremendo”, dijo. “A muchos de los que se negaron a realizarse la prueba se les consideró no-positivos, aunque varios de ellos probablemente tenían el virus”.

Kirkpatrick, quien obtuvo un título universitario durante sus 22 años en prisión y tiene en vista un empleo como consejero de abuso de sustancias, está en cuarentena en un motel de San Francisco, saboreando su nueva libertad y agradecido por sus bendiciones.

Los funcionarios correccionales dicen que han tomado medidas para proteger al personal, los reclusos y las comunidades circundantes. Estas incluyen disminuir la población del sistema en casi 10.000 desde marzo pasado, reducir las nuevas admisiones y acelerar la libertad condicional para unos 3.500 reclusos.

También señalaron que algunas de las cárceles del estado no tienen infecciones o registran pocas, y defendieron su manejo del brote en San Quintín. En un comunicado, los funcionarios informaron que establecieron un “espacio de atención alternativa” con 220 camas en los terrenos de la prisión, que entregaron mascarillas N95 a todos los reclusos y al personal y enviaron cientos de guardias y trabajadores de la salud adicionales para reducir los movimientos entre las unidades de vivienda. “Hemos tomado medidas extraordinarias para remediar esta situación”, enfatiza el comunicado.

La ansiedad también impregna el corredor de la muerte de San Quintín, un ala de cinco niveles que alberga a 718 hombres condenados. Al menos siete de ellos, que dieron positivo por COVID-19, perecieron en el último mes. “Me enorgullezco de no tener miedo de nada ni de nadie en el corredor de la muerte, ni siquiera a la muerte misma”, escribió Kevin Cooper en un artículo de opinión que fue publicado en línea en mayo pasado. “Pero este virus es más que la muerte. Es una muerte tortuosa, como lo es la inyección letal”.

Cooper, un recluso de alto perfil que busca pruebas de ADN que, según él, podrían demostrar su inocencia en el asesinato de cuatro personas en Chino Hills en 1983, escribió que hace todo lo posible para seguir sano. “Me mantengo a distancia de otros, me lavo las manos regularmente, limpio esta jaula en la que me veo obligado a vivir de forma regular”, detalló. “Todo preso que vive a mi lado o en los alrededores, hasta donde entiendo, también se está cuidando a sí mismo”.

Norm Hile, uno de los abogados de Cooper, admitió que su cliente comenzó a toser y sufrir síntomas similares a la gripe el mes pasado. Aunque actualmente parece estar mejorando, aún se aguardan los resultados de la prueba.

“El COVID-19 no debería ser una sentencia en el corredor de la muerte”, señaló el abogado. “Estas personas no fueron condenadas a morir por una enfermedad”.

Para muchos críticos, la decisión de transferir a los reclusos a San Quintín fue muy pobre por varios motivos, incluido el hecho de que sus celdas, con barrotes de estilo antiguo, no restringen el flujo de aire. “Una prisión es como un crucero, sin las pistas de baile y los buffets. Las personas no pueden alejarse unas de otras”, ejemplificó el abogado defensor Brian Pomerantz, quien representa a los condenados a muerte.

Para muchos reclusos, el COVID-19 es más una amenaza inminente que el verdugo. California no ha ejecutado una sentencia de muerte desde 2006.

“Hay un verdadero sentimiento de ‘presa fácil’ en esto”, subrayó Pomerantz, y agregó que los internos en otras cárceles de California también están preocupados por el virus, especialmente entre las poblaciones vulnerables en las instalaciones médicas del sistema en Vacaville y Stockton.

El 10 de julio, el día en que el gobernador Gavin Newsom anunció que hasta 8.000 reclusos de California podrían ser liberados anticipadamente para ayudar a detener la propagación del COVID-19, Pomerantz solicitó a un tribunal federal la liberación de Waldrip, quien no se encontraba en el pabellón de la muerte.

Waldrip, de 54 años, sufre de presión arterial alta y otras dolencias, y ha cumplido 20 años de una sentencia de cadena perpetua o 25 años como delincuente en posesión de un arma de fuego.

En enero de 2000, dos policías de Los Ángeles lo vieron en la puerta de un apartamento con una pistola y lo arrestaron, según los registros judiciales. Waldrip, que estaba de visita y no era dueño del arma, la había sacado de un área de juegos donde un niño de ocho años se la estaba mostrando a su hermana, según los registros judiciales.

El cargo por llevar armas por ‘tercera ocasión’, lo cual había hecho Waldrip, implica prisión perpetua.

Pomerantz argumentó en documentos judiciales que el recluso, quien será elegible para libertad condicional en menos de un año, “puede obtener un mejor tratamiento médico y tiene una probabilidad sustancialmente mejor de sobrevivir al COVID-19 fuera de la prisión”.

A medida que la nueva enfermedad se extendía por las cárceles de California, los funcionarios a principios de este mes reemplazaron al principal médico del sistema correccional, el Dr. R. Steven Tharratt, y Newsom criticó la decisión de transferir a los reclusos de Chino.

Aunque están separados del resto de la población carcelaria en San Quintín, los 121 recién llegados usaron las mismas duchas y el mismo comedor que los demás. Después de menos de una semana, San Quintín reportó cuatro casos positivos entre los reclusos y puso un alto para nuevos traslados.

J. Clark Kelso, el perito designado por el tribunal que supervisa la atención médica de las cárceles de California desde 2008, dijo en una audiencia del Senado estatal, el 1º de julio pasado, que un protocolo de traslados exigía que todos los reclusos hayan dado negativo antes de ser transferidos. Sin embargo, éste no incluyó un marco de tiempo para la realización de las pruebas. “Aunque todos los internos arrojaron resultados negativos, en muchos casos, las pruebas se hicieron dos, tres y hasta cuatro semanas antes”, indicó. “Demasiado anacrónicas para ser un indicador confiable de la ausencia de COVID”.

Cuando los reclusos transferidos comenzaron a dar positivo por COVID-19, el protocolo se modificó para exigir que las pruebas se realicen dentro de los siete días anteriores al traslado.

Los defensores de los prisioneros y expertos en atención médica consideran que no hay forma de defender el error con las pruebas. “Es algo básico de la medicina: un enfermero podría haber dicho que esas evaluaciones eran demasiado viejas”, consideró Don Specter, director ejecutivo de la Oficina de Derecho Penitenciario, que representa a los reclusos en una antigua demanda por mejoras en la atención médica.

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