Nueva caravana de migrantes se gesta en Honduras; otra vez lo indecible para miles de personas que aspiran a llegar a EE.UU

En Corinto, a solo 114 kilómetros de distancia de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, se está gestando otro conflicto social; una nueva caravana de migrantes se agrupa para marchar hacia México, con la finalidad de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El próximo viernes es la fecha programada para el inicio de esta primera marcha migrante del 2021, que ya mantiene en alerta a las autoridades migratorias de Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Nadie y todos la están organizando. Desde las redes sociales, a través de mensajes Whats App, Twitter y Facebook, se está convocado a la concentración masiva, donde el principal aliciente es “el acompañamiento en grupo” para llegar a la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo político. No hay costo de inscripción ni pagos de ningún tipo, solo se recomienda a los interesados concentrarse en la localidad de Corinto, en la zona limítrofe de Guatemala con Honduras.

Hasta este martes al filo del mediodía, el llamado ya había sido atendido por más de 2 mil personas, esperando que antes del viernes -en punto de las 10 de la mañana hora local, cuando se tienen programado el inicio de la marcha- pudieran ser por lo menos cerca de tres mil migrantes, según confirmó un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en Tapachula, Chiapas.

La concentración de migrantes, de acuerdo a una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, está integrada por al menos 780 mujeres, 922 hombres y 407 menores de edad, entre niños y niñas, originarios de Cuba, Haití, Nicaragua, Bolivia, Perú, Costa Rica, Jamaica, Marruecos, Argelia y Libia, pero mayormente de Honduras.

A esta movilización en masa se podrían sumar, después del viernes cuando comience la caminata a internarse en Guatemala, por lo menos otros 2 mil migrantes de El Salvador y Guatemala, los que ya se concentran en las regiones de Zacapa, Chimaltenango, Quezaltenango y Huehuetenango, según un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Preocupación multilateral

Ante esta movilización que se gesta en Corinto, las cancillerías de Guatemala, Honduras, México y El Salvador han lanzado una declaración conjunta, en la que además de reiterar su disposición para garantizar el respeto al libre tránsito y la preservación de los derechos individuales de los migrantes, también tratan de desalentar a los integrantes de la caravana.

“Hacemos un fuerte llamado para evitar exponer a las niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados y separados a los peligros que conlleva el trayecto migratorio irregular, previendo que sean posibles víctimas de delitos asociados a la migración irregular. Asimismo, advertimos sobre las personas que de manera inescrupulosa arriesgan la vida de los grupos más vulnerables, utilizándolos para conformar barreras humanas, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias”, dice la declaración conjunta.

También el gobierno de Estados Unidos se ha manifestado preocupado por la integración de esta nueva caravana migrante. Un mensaje en las redes sociales, emitido por el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark A. Morgan, insta a que los migrantes se desistan de esta posibilidad.

“No pierdan su tiempo y dinero, y no arriesguen su seguridad y salud”, escribió el titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el mensaje dirigido a través de Twitter a los que conforman la caravana, a los que advirtió sobre lo que ya se sabe, que el recorrido es peligroso y pone en riesgo a los habitantes de Estados Unidos y de otros países, a causa de la pandemia de Covid-19.

La polémica política migrante del sur

Los países en donde se está integrando la nueva caravana de migrantes y por donde habrá de transitar, están obligados a establecer medidas preventivas para frenar el paso de los migrantes.

(EFE)

La nueva caravana migrante que se concentra en el norte de Honduras, ya es polémica, no solo por la cantidad de personas que intentan huir de las condiciones de pobreza y violencia que padecen en sus países de origen, sino por el papel que los gobiernos del sur de Estados Unidos han tenido que asumir ante este desafío.

Y es que, de acuerdo con los convenios bilaterales que en materia de migración mantiene el gobierno de Estados Unidos con México, Guatemala, El Salvador y Honduras, estos gobiernos están obligados a contener el flujo de indocumentados que pretenden llegar a la Unión Americana, actuando como policía migratoria del gobierno norteamericano más allá de sus fronteras.

Esta situación obliga a los países en donde se está integrando la nueva caravana de migrantes y por donde habrá de transitar, a establecer medidas preventivas para frenar el paso de los migrantes, las que ni siquiera están bien definidas ni cuentan con la posibilidad de resultados eficientes para que el flujo migrante se quede en la zona.

La única reacción a la que han recurrido los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido a movilizar a sus ejércitos para tratar de disuadir la caravana, pero la medida no va acompañada de otras acciones sociales que garanticen siquiera una infraestructura de servicios o atención que permita a los migrantes a quedarse a vivir en algún punto del trayecto.

Como única medida para tratar de contener el flujo migrante, que aspira llegar a Estados Unidos, desde el año pasado en México se han movilizado 6 mil elementos de la Guardia Nacional, mientras que en Guatemala, El Salvador y Honduras, suma por lo menos otros tres mil efectivos militares que se mantienen vigilantes en sus zonas fronterizas.

Este despliegue de fuerzas militares ha resultado ineficiente en el control de los flujos migrantes. De acuerdo a los datos estadísticos de la INM, solo en el 2020 ingresaron a México de manera ilegal, a través de las fronteras de Chiapas, por lo menos 25 mil guatemaltecos, 13 mil hondureños, 8 mil salvadoreños y más de 18 mil migrantes de América del Sur, el Caribe y Norte de África, los que tuvieron que pasar suelo de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Temor a la Guardia Nacional mexicana

Tras el despliegue de efectivos militares que el gobierno mexicano ha realizado en la zona fronteriza de Chiapas, en previsión de la llegada de la nueva caravana de migrantes, hay temor entre la población flotante de migrantes que en esta parte del país ya se encuentran. Las calles y plazas de Tapachula –el principal punto fronterizo de la frontera sur de México- se encuentran desiertas.

El miedo que se siente en el aire no solo es por la Guardia Nacional o por los funcionarios del INM, también le temen a la policía municipal, a los miembros de la Marina o del Ejército

(Los Angeles Times)

Si bien es cierto que la mayoría de los migrantes, de los casi 68 mil que ingresaron el año pasado a suelo mexicano, se mantienen concentrados en refugios o en áreas suburbanas por temor a la Pandemia de Civid-19, también resulta cierto que la mayoría de estos inmigrantes se niegan a salir a la calle por temor a ser deportados por la Guardia Nacional.

Pocos migrantes son los que se aventuran a salir de sus refugios en busca de algo para comer para ellos o sus hijos, la mayoría niños de entre 5 a 12 años de edad; el miedo que se siente en el aire no solo es por la Guardia Nacional o por los funcionarios del INM, también le temen a la policía municipal, a los miembros de la Marina o del Ejército, los que sin mediación se dedican a la expulsión inmediata de los migrantes que son obligados a cruzar la línea fronteriza con Guatemala.

El miedo de los inmigrantes que se mantienen en Tapachula a la espera de continuar su viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos, también obedece a los grupos del crimen organizado, principalmente células de los carteles de Los Zetas y del Golfo, las que reclutan a los migrantes para obligarlos a pagar su estancia en México o para ofrecerles el servicio de traslado, a través de “coyotes”, para llevarlos a su destino a Estados Unidos.

El cobro por el servicio de “coyote” que ofrecen los miembros del crimen organizado a los migrantes de Tapachula, que además de ser ilegal es inmoral, oscila entre los 3 mil y los 5 mil dólares, cantidad que es obligada a pagar mediante la fuerza, la extorsión o el chantaje. A cambio, los grupos criminales ofrecen llevar, a cualquiera que acepte sus condiciones, hasta la ciudad más inmediata de la frontera sur de Estados Unidos.

Pero la tarifa del crimen organizado, de 3 mil a 5 mil dólares, por trasladar a cualquier migrante a Estados Unidos no es única: si se trata de llevar al migrante hasta cualquier ciudad fronteriza en suelo norteamericano, de la zona fronteriza de Tamaulipas, el costo es de ocho a 10 mil dólares. Si el destino es territorio más adentró, la tarifa puede llegar hasta los 15 mil dólares. A los migrantes que solo pretende llegar a cualquier área fronteriza en Coahuila, se les está cobrando, por parte de Los Zetas y del Cartel del Golfo, entre cinco y siete mil dólares.

Temen violaciones a DDHH

De acuerdo a Romelia Ortiz, una joven defensora de derechos humanos de migrantes en esta parte de Chiapas, existe temor de que la presencia de la Guardia Nacional sumado a la llegada de miles de migrantes en los próximo días, incremente los índices, de por si elevados, de violación a los derechos humanos de los migrantes.

Esto no es nuevo, aunque el gobierno federal no haga nada por solucionarlo; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya ha reconocido en diversas ocasiones el maltrato a los migrantes ilegales en México. En el 2017 esa instancia emitió la recomendación 68/1027, dirigida al entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, “por violación al derecho humano al trato indigno de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la estación migratoria de la Ciudad de México”.

No por nada, México se ubica como la tercera región más peligrosa del mundo, en el tránsito de migrantes, apenas superado por la región del mar Mediterráneo y la zona de Sudán, Libia y Egipto, en donde solo en el 2019, fueron 6 mil 210 personas la que fallecieron en su intento por llegar a las cosas europeas, según lo refiere la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo a ese mismo organismo internacional de migraciones, en México, al cierre del 2020, fueron 472 indocumentados transfronterizos los que murieron o desaparecieron, entre los estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Puebla, los que habrían estado en tránsito desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos.

Pero hay muchos más que son maltratados, amenazados, deportados sin ninguna garantía a sus derechos humanos, reconoció la activista Romelia Ortiz, quien desde el 2015 ha venido señalando el mal trato que reciben los migrantes por parte de las autoridades migratorias de México, cuando intentan pasar por suelo mexicano.

“Es un verdadero viacrucis el que viven los migrantes transcontinentales, de Centroamérica y del Caribe, que cruzan por México, con destino a Estados Unidos”, señaló Romelia Ortiz, quien lamentó que el gobierno mexicano no predique con el ejemplo, “el gobierno de México debería tratar a los migrantes en suelo nacional, como pide que sean tratados nuestros hermanos ilegales en Estados Unidos”.

El fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, Oaxaca, el padre Alejandro Solalinde, ya en ocasiones anteriores ha lamentado la doble moral del gobierno mexicano, al que reconoció como “insensible” ante la crisis migratoria que se vive dentro de territorio mexicano, a la que ahora el Estado ha respondido con un cerco militar que ya se comenzó a traducir en represión y violación de los derechos humanos de los migrantes.

Farol de la calle…

Mientras el gobierno mexicano, a través de la cancillería, ha emitido una postura firme de respeto a las condiciones de trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en donde ha expresado su disposición de poner al alcance de todos los mexicanos en el exterior “los recursos necesarios para que estén siempre preparados, conozcan los recursos legales a su disposición, elaboren un plan de emergencia y, en casos definitivos, tengan un retorno seguro”, en México, el trato a los migrantes apunta en otro sentido.

De acuerdo a la recomendación 68/1027 de la CNDH, se sabe que los migrantes ilegales en México, que son detenido por el Instituto Nacional de Migración, son sometidos a condiciones inhumanas; durante su reclusión en las estaciones migratorias de la ciudad de México, se ha puesto de manifiesto el hacinamiento al ser albergados hasta 672 migrantes en áreas que tienen capacidad para 434 personas.

Ese es el menor de los maltratos que reciben los migrantes ilegales en suelo mexicano, pues se ha podido documentar casos de extorsión, maltrato, vejación que hacen elementos del Instituto Nacional de Migración en la frontera de Tapachula, en donde los grupos más vulnerables son los que provienen de Cuba, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El retorno, nunca

Martha es una salvadoreña que desde hace tres años vive en Tapachula. Aquí se radicó al no tener más opciones de seguir su viaje a Estados Unidos. Se vino huyendo de la violencia de su país. A su hijo mayor lo asesinó un policía ligado a la banda de los Mara Salvatrucha, “solo porque no quiso reclutarse en las pandillas y trabajar para el narco”. Entró a México de forma ilegal y desde hace tres años y seis meses sigue buscando la forma de lograr su residencia legal.

Le ha costado mucho su estancia en México. Pero no pierde la esperanza de lograrla. No solo ha sido el tiempo de espera, ha sido también el pago de sobornos a “policías” (funcionarios del INM) que le ofrecen no molestarla, y no deportarla, a cambio de 500 pesos a la semana. Ella no tiene ingresos propios, pero una parte de lo que recibe en ayuda económica de una organización religiosa, lo destina al pago de soborno para funcionarios del gobierno mexicano.

“Yo prefiero pagar para que me dejen tranquila”, dice con resignación. Luego, entre sollozos, asegura que “el regreso, nunca”. Sabe que, si la regresan a El Salvador, allá la espera la muerte. Por eso considera el soborno “como una forma de pagar una renta por vivir”, dice serena.

Ella está dispuesta a tirar por la borda todo lo que ha tenido que pasar para llegar a Tapachula. Cuenta que para llegar a Tapachula, luego de cruzar por Guatemala, vivió la indecible: fue secuestrada por la policía nacional de Guatemala, una pandilla de los Mara Salvatrucha la retuvo por dos días hasta que un familiar pago “el rescate” de 200 dólares. En suelo mexicano “los policías” también le cobraron 100 dólares para dejarla en paz.

Asegura que le fue bien: tanto en Guatemala como en México “a otras mujeres, jovencitas, no solo les cobraron el paso, sino que también las obligaron a pasar la noche” con algunos de sus secuestradores. Martha se refugió en un albergue de una organización religiosa, en donde le dan techo, comida y mil pesos al mes, lo que apenas le alcanza para pagar a quienes la extorsionan.