Trece jóvenes guatemaltecos que partieron en busca de un futuro mejor fueron asesinados en México, afirman sus familiares
Diecinueve cuerpos quemados son encontrados en una zona del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, que tiene un largo historial de horrible violencia contra los migrantes.
Cuando Robelson Isidro, de 15 años, salió de Guatemala este mes, le prometió a su preocupada madre que se mantendría en estrecho contacto durante su viaje a Estados Unidos.
La mujer le había rogado que no fuera, pero él le aseguró que era lo mejor. Ganaba solo $3 por día trabajando en los campos de café cerca de Comitancillo, un pueblo mayoritariamente indígena, ubicado en las tierras altas occidentales de Guatemala. Con algunos años de salario en EE.UU, esperaba comprar una casa a la familia.
“Estamos casi en la frontera”, le escribió a su madre, María Isidro, en Facebook Messenger el 21 de enero, y le explicó que cruzaría a Texas a la mañana siguiente.
Esa fue la última vez que tuvo noticias de su hijo mayor.
Unos días después, vio unas noticias que le perturbaron el estómago. Se habían descubierto diecinueve cuerpos quemados en el norte de México, a 20 millas de la frontera con Estados Unidos.
Una llamada a uno de los contrabandistas que había organizado el viaje confirmó sus peores temores: Robelson y otras 12 personas de Comitancillo estaban entre los muertos.
Las autoridades mexicanas afirman que podría tomar semanas identificar los cuerpos, descubiertos por la policía el 23 de enero pasado, en una camioneta quemada sobre una carretera polvorienta en Santa Anita, en el estado fronterizo oriental de Tamaulipas. Estaban acribillados a balazos y carbonizados más allá de un posible reconocimiento.
Pero la madre de Robelson y otras familias de Comitancillo están seguras de que 13 de los muertos son sus hijos. El lunes, caminaron seis horas hasta la capital de Guatemala para entregar muestras de ADN en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación, que fueron enviadas a las autoridades mexicanas.
Hay un largo historial de terrible violencia contra los migrantes en las zonas fronterizas del noreste de México. Las autoridades son corruptas y una lista cambiante de grupos criminales lucha por el control de las rutas de contrabando, así la carga sea de drogas o de personas. Los migrantes son víctimas frecuentes de extorsiones, secuestros y asesinatos.
En 2010, miembros del cártel de Los Zetas detuvieron dos tractocamiones repletos de migrantes y los llevaron a un rancho en la localidad de San Fernando, también en el estado de Tamaulipas.
Los mafiosos pidieron a los migrantes que se convirtieran en sicarios de su cártel. Cuando se negaron, les vendaron los ojos, los ataron y les dispararon. Solo sobrevivió un hombre, un joven ecuatoriano que se hizo el muerto y luego escapó, caminando millas para alertar a las autoridades.
Al año siguiente, hubo una masacre aún peor en la misma región. Se detuvieron varios autobuses y cerca de 200 migrantes fueron asesinados y enterrados en tumbas que la policía descubrió poco después.
Los peligros del camino de los migrantes son bien conocidos en Centroamérica. Por eso María Isidro estaba sumamente preocupada. “No quiero que te vayas”, le dijo a su hijo con firmeza. “No, mamá”, le respondió él. “Me iré”.
En Comitancillo, donde mucha gente habla el idioma indígena mam, la mayoría de las casas están hechas de adobe y muchas carecen de agua corriente. Cada año, un puñado de niños muere de desnutrición.
La vida siempre ha sido dura allí. Pero recientemente las cosas se volvieron aún más difíciles. Las fuertes tormentas dañaron las cosechas. La pandemia de COVID-19 frenó el comercio en la región.
El estado de San Marcos, donde se encuentra Comitancillo, tiene una de las tasas más altas de desnutrición en Guatemala; se estima que un 70% de los niños no obtienen suficientes nutrientes en sus dietas.
El Departamento de Justicia de EE.UU dijo que México violó un tratado al dar a conocer las pruebas que Estados Unidos recogió en un caso de drogas contra un exministro de defensa mexicano.
Robelson ya no quería vivir en la pobreza. Su familia no posee casi nada, ni siquiera el humilde hogar en el que viven, que carece de cocina.
La comunidad tiene una larga historia de envío de migrantes a Estados Unidos, y unos tíos de Robelson viven allí. Tienen cocina en el interior de sus viviendas, no necesitan cocinar debajo de una lona.
“Estaba avergonzado”, reconoció su madre en una entrevista telefónica. “Voy a luchar para hacer realidad mis sueños. Tengo que sacar a mis hermanos adelante en la vida. Voy a sacarlos de la pobreza”, le decía él.
Sus tíos le enviaron dinero para hacer la travesía al norte.
Viajó con algunas decenas de personas de la región, muchos adolescentes. Algunos aparentemente llegaron a Estados Unidos y notificaron a sus familias en casa, comentó María Isidro.
El alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, declaró al sitio de noticias mexicano Animal Político que sabía que los migrantes viajaban en tres camiones y que se dirigían a la frontera el 22 de enero, cuando uno de los vehículos se averió. Los pasajeros de los otros dos camiones informaron haber escuchado disparos.
Los defensores de derechos humanos condenaron el incidente y afirmaron que los controles de inmigración, cada vez más militarizados en Estados Unidos y en toda la región, aumentaron las probabilidades de que los migrantes terminaran en manos de traficantes.
Un grupo de obispos guatemaltecos emitió un comunicado pidiendo a las autoridades policiales que investiguen el ataque, “de la misma manera que se organizaron para detener la caravana”, en referencia a un grupo reciente de miles de migrantes, en su mayoría hondureños, que fueron rechazados por las fuerzas de seguridad guatemaltecas antes de poder cruzar a México.
Tras una época de estrictas políticas de drogas que alimentaron las guerras de cárteles, los legisladores de México tienen nuevas órdenes de marcha: Actualizar la ley para regular la marihuana recreativa.
El legislador guatemalteco Mario Ernesto Gálvez, quien representa a Comitancillo, pidió a las autoridades federales que hagan más por las comunidades rurales del país. “No pueden encontrar oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen, que están históricamente abandonados por el gobierno”, escribió en las redes sociales. “El sueño de nuestros niños y jóvenes se ha convertido en llegar a Estados Unidos”.
María Isidro, mientras tanto, espera la confirmación del deceso de su hijo. La mujer tiene la certeza interna de que él fue una de las víctimas, pero aún espera que su teléfono suene. Puede imaginar la voz de su hijo mayor, diciendo: “Estoy vivo, mamá”.
La reportera Linthicum informó desde Ciudad de México y el corresponsal especial Abbott desde la Ciudad de Guatemala. La corresponsal especial Cecilia Sánchez, de la redacción de The Times en Ciudad de México, contribuyó con este informe.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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