El expresidente hondureño, antaño aliado de EE.UU, es acusado por narcotráfico en este país
Durante años, los funcionarios estadounidenses se enfrentaron a un incómodo dilema: el presidente de Honduras era uno de los principales aliados de Washington en Centroamérica, pero se acumulaban las pruebas de que también era un narcotraficante.
Los fiscales estadounidenses identificaron al presidente Juan Orlando Hernández como cómplice en un caso de contrabando de drogas celebrado en contra de su hermano y desde el otoño parecían estar preparados para acusarlo.
Pero la administración Biden se resistió. Los funcionarios de la Casa Blanca se mostraban reacios a perseguir a un jefe de Estado en funciones, especialmente a uno cuyo gobierno había recibido cientos de millones de dólares y otros apoyos cruciales de los estadounidenses.
Instaron a los fiscales a esperar por lo menos hasta el 27 de enero, cuando Hernández dejara el cargo y un nuevo presidente jurara su cargo.
Todo llegó a un punto dramático a última hora del lunes, cuando funcionarios del Departamento de Estado solicitaron formalmente su extradición por cargos de tráfico de drogas y armas.
La solicitud alegaba que Hernández participó en una “violenta conspiración de narcotráfico” que desde 2004 ha introducido más de un millón de libras de cocaína en Estados Unidos. También se alegaba que había recibido millones de dólares en sobornos por organizar los envíos y proteger a los traficantes.
El martes, la policía hondureña se presentó en un barrio de lujo de la capital, Tegucigalpa, y sacó a Hernández de su casa, con las muñecas y los tobillos encadenados.
Su detención fue un momento catártico para los hondureños de a pie, que se volvieron contra Hernández hace tiempo. En todo el país, la gente salió a las calles para encender fuegos artificiales y corear lo que se había convertido en un lema popular: “¡Fuera la narcodictadura!”
“Honduras ha sido un narcoestado”, dijo la vendedora ambulante Cilas Izaguirre, que esperó fuera de la casa de Hernández el martes por la mañana, con la esperanza de tener la oportunidad de gritarle al expresidente mientras se lo llevaban. “Tiene que pagar por todo lo que ha hecho”.
Queda por ver si Hernández será realmente extraditado.
Después de dejar el cargo, fue elegido como miembro del Parlamento Centroamericano, lo que, según los abogados, podría darle inmunidad frente a los juicios. Su Partido Nacional, de derecha, controla una gran parte del Congreso.
Y como presidente, Hernández eligió buena parte de los magistrados de la Corte Suprema -que decidirá sobre la solicitud de extradición.
Pase lo que pase, no se puede negar que la imagen del expresidente esposado representó una fuerte caída en desgracia para un hombre que una vez fue celebrado por los principales líderes estadounidenses por su lucha contra la corrupción.
En una cumbre de 2016 destinada a profundizar los lazos entre Estados Unidos y Centroamérica, el entonces vicepresidente Joe Biden apareció en una fotografía con Hernández y otros dos presidentes desde entonces caídos en desgracia, Jimmy Morales de Guatemala y Salvador Sánchez Cerén de El Salvador.
En aquel momento, un número récord de niños migrantes huían de la violencia y la pobreza en la región y llegaban a la frontera de Estados Unidos. Biden, a quien el presidente Obama encargó que abordara la crisis, presionó al Congreso para que destinara más de mil millones de dólares en ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador para abordar las “causas fundamentales” de la migración, triplicando con creces la ayuda estadounidense existente para la región.
En un artículo de opinión para el New York Times, Biden elogió a Honduras por combatir la corrupción. Él y otros miembros de la administración Obama apoyaron a Hernández incluso después de que su Tribunal Supremo, elegido a dedo, le ayudara a cambiar la Constitución para permitirle buscar otro mandato, e incluso luego de que fuera acusado de robar las elecciones presidenciales de 2017.
Eric Olson, un experto en Centroamérica, dijo que el enfoque de Biden en ese momento era tratar de persuadir a los presidentes para que cooperaran con el objetivo de Estados Unidos de reducir la migración.
Las acusaciones de narcotráfico ayudaron a cambiar el rumbo.
En 2018, las autoridades estadounidenses arrestaron al hermano del presidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, por cargos de narcotráfico. Durante el juicio, los testigos declararon que el excongresista contó con la ayuda del presidente, de quien dijeron que utilizó su poder político para trasladar cocaína de Colombia a Estados Unidos.
Los fiscales alegaron que Tony Hernández aceptó un soborno de un millón de dólares del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en nombre de su hermano y que llevaba una ametralladora Uzi con las iniciales de su hermano.
Juan Orlando Hernández ha negado repetidamente esas afirmaciones.
La administración Trump parecía dispuesta a hacerse de la vista gorda ante las acusaciones de narcotráfico siempre que Hernández cooperara en reducir el flujo de los migrantes a Estados Unidos.
El tono cambió considerablemente cuando Biden asumió el cargo.
La vicepresidenta Kamala Harris, cuya agenda incluye la política de inmigración en Centroamérica, nunca se reunió ni habló con Hernández. Otros altos funcionarios de la administración, incluida la directora de USAID, Samantha Power, lo evitaron manteniéndose fuera de Tegucigalpa y visitando en cambio la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
Después de que el hermano de Hernández fuera condenado a cadena perpetua en un tribunal federal de Nueva York el pasado mes de marzo, Harris presionó para que se le acusara. Pero la opinión predominante en la Casa Blanca era esperar.
Solo en contadas ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha intentado procesar a un presidente en funciones: la administración Clinton presionó para destituir a Slobodan Milosevic como presidente de Serbia y juzgarlo en tribunales internacionales por la matanza de bosnios.
Pero si el líder es visto como un aliado, aunque sea turbio, Washington tiende a no actuar.
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La administración Biden, incómoda al tratar con gobiernos cada vez más autocráticos y corruptos en otros lugares de Centroamérica, se apresuró a abrazar a la sucesora de Hernández, Xiomara Castro, de tendencia izquierdista, que derrotó rotundamente al candidato del partido rival en las elecciones presidenciales de noviembre.
Harris hizo una aparición de alto nivel en su toma de posesión.
La administración Biden ya había señalado que los días de Hernández podrían estar contados. En julio, fue incluido en la lista negra junto con otros 50 funcionarios y empresarios de Honduras, Guatemala y El Salvador considerados por el Departamento de Estado como demasiado corruptos para trabajar con ellos o permitirles entrar en Estados Unidos.
La solicitud de extradición acusa a Hernández de narcotráfico y de utilizar los beneficios de la droga para realizar campañas para él y para miembros de su partido.
También se alega que, como presidente, compartió detalles sobre las operaciones antidroga de los militares hondureños y estadounidenses con sus socios del narcotráfico.
Si bien la solicitud de extradición fue ampliamente aclamada, algunos dijeron que llegaba demasiado tarde.
“Este fue el último ejemplo de apoyo a un régimen autocrático y corrupto en América Latina porque decía ser duro con las drogas, duro con los migrantes, o ambas cosas”, dijo el senador Patrick J. Leahy, demócrata de Vermont y viejo crítico de Hernández. “A lo largo de los últimos ocho años de decadencia, depravación e impunidad, las sucesivas administraciones estadounidenses mancharon nuestra reputación al tratar a Hernández como amigo y socio”.
Dana Frank, profesora de historia hondureña en la Universidad de Santa Cruz, dijo que los funcionarios estadounidenses ayudaron a Hernández a mantenerse en el poder durante dos mandatos al seguir proporcionando a su gobierno ayuda crítica y cooperación en materia de aplicación de la ley.
Dijo que es casi seguro que los funcionarios estadounidenses ya sabían de los presuntos vínculos de Hernández con los narcotraficantes mucho antes del caso contra su hermano.
“Hubo ayuda militar e intercambio de inteligencia hasta el final”, destacó. “Ahora, de repente, se deshacen de su pequeño monstruo y se muestran heroicos”.
Los redactores del Times Linthicum informó desde Ciudad de México y Wilkinson desde Washington. Los corresponsales especiales Cerrato informó desde Tegucigalpa y Cecilia Sánchez desde Ciudad de México.
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