Guatemala: el expresidente Otto Pérez Molina sale de prisión tras entregar dos inmuebles como fianza

El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, por primera vez desde su renuncia y detención en 2015, quedó en libertad tras entregar dos inmuebles para pagar una fianza de 10,3 millones de quetzales (unos 1,3 millones de dólares), según informó el jueves la oficina de comunicación del Organismo Judicial y confirmó su abogado defensor.

Pérez Molina fue sentenciado a 16 años de prisión en diciembre de 2022 tras comprobarse que conformaba una red criminal que defraudó al Estado por al menos 3,5 millones de dólares en el caso conocido como La Línea, por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Fue excarcelado el miércoles por la noche

La condena no está en firme, ya que está pendiente de apelación, lo que le permitió pedir una medida sustitutiva a cambio de pagar una fianza para esperar la confirmación de la sentencia en libertad, según explicó su defensa.

“Nosotros promovimos esta medida sustitutiva que ya le había sido entregada con anterioridad; no tiene nada que ver con su situación legal actual”, explicó César Calderón, su abogado, en referencia a que le había sido conmutada una pena de prisión de otro caso por libertad condicional.

El Organismo Judicial, ente que imparte justicia en el país y del que forman parte los tribunales, aceptó la hipoteca de bienes inmuebles del expresidente para llegar al monto —de 1,3 millones de dólares— que le fue impuesto por el caso La Línea.

En septiembre de 2023, Pérez Molina fue condenado a ocho años de cárcel por la causa de Cooptación de Estado con cargos por fraude, lavado de dinero y sobornos durante su administración. Pero en noviembre, el exmandatario abonó algo más de 38.000 dólares como fianza para conmutar la cárcel por libertad condicional.

Aunque el expresidente queda en libertad condicional tiene prohibición de salir de Guatemala y debe asistir cada 30 días al Ministerio Público para su control.

Pérez Molina renunció en 2015 tras masivas protestas en contra de las acusaciones de corrupción. Su vicepresidenta Roxana Baldetti fue también encarcelada con cargos por corrupción.

El enjuiciamiento contra el exmandatario supuso un caso relevante en los esfuerzos de Guatemala para combatir la corrupción sistémica, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), respaldada por la ONU.

Pero la CICIG fue después desmantelada por el presidente Jimmy Morales y sus avances, junto con los de los fiscales anticorrupción guatemaltecos, se desvanecieron en los últimos años.

El presidente electo Bernardo Arévalo, que está previsto que tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero, ha prometido traer de vuelta a muchos de los fiscales anticorrupción y jueces que se han visto obligados a huir del país.