El expresidente colombiano Álvaro Uribe dice que son ‘venganzas políticas’ tras ser llamado a juicio
El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe advirtió el miércoles que no hay pruebas que sustenten el llamado a juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal, por lo que señaló que la fiscalía actuó “por venganzas políticas”.
“Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia”, dijo Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, en un video difundido a la prensa.
Uribe se convertiría en el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia luego de que la fiscalía anunciara la víspera que radicó una acusación en su contra, por lo que se espera que sea convocada una audiencia y luego inicie el juzgamiento. Por los delitos de los que lo acusa la fiscalía, el exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El llamamiento a juicio supone un cambio de rumbo en el proceso penal desde la llegada de la nueva fiscal general en marzo. Bajo la gestión anterior de Francisco Barbosa el ente acusador intentó dos veces que se cerrara el caso al no hallar “responsabilidad penal del procesado”, lo que fue rechazado por los jueces.
El exmandatario cuestionó que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, haya trabajado con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una comisión anticorrupción en Guatemala. “Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo”.
El Congreso salvadoreño aprobó el martes una nueva prórroga del régimen de excepción que entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y en virtud del cual se ha detenido a 79.211 personas por supuestos vínculos con pandillas.
Uribe enfrenta un proceso penal tras denunciar hace más de una décadaque un senador opositor estaba buscando a paramilitares en cárceles para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar. El senador no fue procesado y, en cambio, la Corte Suprema de Justicia decidió investigar un presunto intento de Uribe de manipular testigos en contra del senador.
“Mi único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”, señaló el exmandatario quien siempre ha defendido su inocencia, asegurando que él no buscó a testigos para intentar cambiar su versión sobre el paramilitarismo sino que fueron ellos quienes lo buscaron a través de terceros supuestamente arrepentidos de haber declarado en su contra.
El testigo clave en el caso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que en la hacienda que fue propiedad de la familia Uribe se creó un grupo paramilitar al que él perteneció. La Corte Suprema encontró que Uribe habría intentado obtener una retractación de Monsalve para limpiar su nombre por intermedio de un abogado.
El fiscal general de Venezuela anunció el martes que fue detenido el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, más de un año después de su renuncia luego del arresto de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos, con la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El abogado es Diego Cadena y actualmente enfrenta un proceso penal por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.
“No tienen manera de desmentir que fue Vicky Jaramillo, sin intervención alguna de mi parte, quien me informó sobre el propósito del preso Monsalve de corregir la mentira. Por eso pedí al doctor Cadena la verificación”, explicó Uribe, abogado de profesión y líder del partido Centro Democrático, quien negó haber ordenado ofrecer beneficios a presos para que callaran o mintieran.
Por este proceso Uribe estuvo bajo arresto domiciliario durante dos meses en 2020 cuando era senador por orden de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que había posibles riesgos de que obstruyera la justicia. Sin embargo, Uribe renunció a su escaño en el Congreso, lo que produjo que la Corte perdiera la competencia en su caso y pasara a la fiscalía. Desde entonces ha enfrentado el proceso en libertad.
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