Advertisement

Colombia puede haber firmado un acuerdo de paz, pero los activistas siguen siendo asesinados

Colombia puede haber firmado un acuerdo de paz, pero los activistas siguen siendo asesinados
En esta foto del 6 de julio, manifestantes en Bogotá, Colombia, sostienen velas durante una vigilia con velas para activistas que han sido asesinados desde la firma de acuerdos de paz. (Fernando Vergara)
Los asesinos encontraron a Hugo Albeiro George Pérez sentado y charlando en un puesto de jugos de frutas. Era el 2 de mayo y él había estado protestando contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico masivo en el norte de Colombia.

George, de 48 años, recibió un disparo mortal en la espalda, según su viuda, Carmen. Su sobrino, Dilmar Zapata, también fue asesinado.

Advertisement

"Hugo habló mucho con los medios de comunicación y se convirtió en un blanco", dijo Carmen George en una entrevista en Medellín, a unas 100 millas al sur de donde ocurrió el asesinato, en la ciudad ribereña y accidentada de Puerto Valdivia.

Las muertes de George y Zapata reflejan una tendencia sombría. En los últimos dos años, desde el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a la guerra civil en Colombia, los asesinatos de líderes sociales y activistas cívicos han aumentado considerablemente en todo el país. En respuesta, el gobierno dice que presentará un plan para protegerlos mejor.

Advertisement

En lo que va del 2018, al menos 110 activistas han sido asesinados, según la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia, colocando a este año en camino de superar el 2017, cuando 121 personas fueron asesinadas. Eso fue más del doble que en 2016.

Entre los muertos se encuentran ecologistas, organizadores laborales y políticos, activistas por los derechos a la tierra y figuras de comunidades rurales que se oponen al cultivo de coca. Más líderes de este tipo son asesinados aquí que en cualquier otro país latinoamericano, dijo Adam Isacson, investigador principal de WOLA, un grupo de expertos en políticas con sede en Washington especializado en las Américas.

"Las personas que planean y llevan a cabo estos asesinatos parecen no temer que la policía o el ejército los detengan, o que el sistema de justicia los castigue", dijo Isacson, y agregó que "la gran mayoría de los autores intelectuales siguen sin ser identificados ni procesados".

Con 1,200 miembros, Ríos Vivos es solo un grupo de la sociedad civil objetivo de los asesinos tenebrosos. Los consejos de acción comunitaria en pequeñas aldeas, que cabildean por la restitución de la tierra abandonada por los campesinos durante el conflicto civil, se encuentran entre los blancos más comunes. El consejo de acción comunitaria en la aldea de Miramontes en el norte de Colombia ha perdido a cuatro miembros en asesinatos no resueltos en lo que va del año.

Advertisement

"El propósito es intimidarnos y hasta cierto punto está funcionando", dijo Isabel Zuleta, ex profesora de sociología en la Universidad de Antioquia y cofundadora de Ríos Vivos, la organización en la que trabajaba Hugo George. Ha estado protegida por guardias armados desde un intento fallido de secuestro en 2016.

"Muchos han dejado nuestro movimiento por miedo", dijo. "Pero no nos ha detenido porque los que se han quedado son los más fuertes".

Los analistas políticos han luchado para explicar la conexión entre el aumento de homicidios y el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil entre el gobierno y los rebeldes de las FARC. Peter Cousins, un académico que estudia la violencia política colombiana en la Universidad de York en Gran Bretaña, teoriza que el acuerdo de paz alentó a las víctimas del conflicto civil de medio siglo a alzar la voz en la búsqueda de la restitución de tierras perdidas y otros bienes, como se prometió por los términos del acuerdo de paz.

Eso los ha hecho más visibles y, por lo tanto, vulnerables a los escuadrones de la muerte contratados por "personas que se han beneficiado de la guerra y que temen perder lo que han ganado, como la tierra", dijo Cousins.

Se espera que el nuevo plan de protección del gobierno se dé a conocer el 19 de noviembre. Los detalles están siendo resguardados estrechamente por el Ministerio del Interior, que administrará el programa en cooperación con las agencias de la ley y sociales.

Pero Francisco Barbosa, asesor de derechos humanos del presidente Iván Duque, dijo en una entrevista en Bogotá el 6 de noviembre, que el nuevo plan se centrará principalmente en brindar mayor protección y una presencia gubernamental en 50 a 60 municipios donde el incremento en el cultivo de la hoja de coca, materia prima de la cocaína, ha atraído a las mafias del narcotráfico y nuevas oleadas de violencia.

"El cultivo ilícito de coca está generando un aumento considerable en las organizaciones criminales que están matando a nuestros líderes. Es una situación terrible para Colombia", dijo Barbosa, y agregó que los líderes rurales que intentan detener el reclutamiento de jóvenes locales por parte de las mafias se convierten en blancos principales.

"Cuando los líderes sociales dicen que no están de acuerdo, son eliminados", dijo Barbosa.

Advertisement

Zuleta de Ríos Vivos, a quien se le informó sobre algunos detalles del nuevo plan, dijo que le preocupa que se concentre demasiado en el narcotráfico "porque la coca es el tema que se habla a nivel internacional".

Dijo que le preocupa que eso desvíe la atención de los grupos como el de ella, "y hará que sea más fácil para el gobierno negar que nuestros problemas existen".

Con sede en Medellín, Ríos Vivos se formó hace una década para oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, que implica la represa del río Cauca.

Ahora que está casi terminado, el proyecto ha desplazado a cientos de familias de campesinos y pescadores pobres.

Cuatro líderes de Ríos Vivos han sido asesinados por asaltantes desconocidos desde 2013, incluyendo a George y Zapata. George protestaba por la inundación del proyecto de 70,000 acres, incluyendo su rancho de ganado.

El proyecto de la presa Hidroituango de $5 mil millones se realizó a pesar de las advertencias de Zuleta y otros líderes de que la actividad sísmica en las montañas que rodean el valle del río Cauca lo hacía demasiado arriesgado. En mayo, un deslizamiento de tierra y los bloqueos subsiguientes de túneles subterráneos casi causaron el colapso de la presa de 730 pies de altura. Unos 10,000 residentes río abajo fueron evacuados.

Aunque el proyecto hidroeléctrico pronto se convertirá en una realidad a pesar de las protestas de Ríos Vivos, el grupo continuará protestando por la restitución de la tierra y los medios de vida perdidos, dijo Zuleta.

Carmen George dijo que está más decidida que nunca a seguir exigiendo una compensación. "No dejaremos que nos asusten. Si Dios lo permite, continuaremos. Estamos corriendo muchos riesgos, pero continuaremos", dijo.

Kraul es un corresponsal especial.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí.

Advertisement
Advertisement