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En lo diplomático, beneficiosa la visita de Kamala Harris. Queda pendiente el flujo de armas, la DEA y el financiamiento a organizaciones civiles

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el presidente mexicano
La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezan una reunión bilateral el martes 8 de junio de 2021 en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
(ASSOCIATED PRESS)

En el plano de lo diplomático, la Visita Oficial que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris a México, en donde el punto medular fue la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender -entre otros asuntos- el tema migratorio, de seguridad, de las vacunas y oportunidades de inversión, fue un éxito.

Pero en el plano de lo político, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, quedó a deber a los mexicanos. Sobre todo, por las expectativas de reclamos que se han generado en México contra el gobierno de Estados Unidos, a raíz de la propia postura de inconformidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en sus conferencias mañaneras.

Temas como el tráfico de armas, intervención de los agentes de la DEA en el combate a los cárteles mexicanos de las drogas y el financiamiento por parte del gobierno norteamericano a grupos opositores al actual régimen político mexicano, ni siquiera fueron considerados dentro de la agenda de diálogo.

También la posibilidad desechada para que la señora Kamala Harris acudiera ante el Senado de la República, donde inicialmente se proponía un intercambio de opiniones con los legisladores mexicanos -sobre los temas coyunturales de ambos gobiernos-, dejó una sensación de insatisfacción entre la clase política de México en este primer encuentro en suelo mexicano de las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

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El resultado de esta primera Visita Oficial en México, fue reconocido como exitoso por parte del gobierno mexicano, sobre todo por “la puesta en marcha de nuevos mecanismos de cooperación económica de alto nivel; el fortalecimiento y atracción de inversión extranjera a México; la atención a las causas estructurales de migración en la región; la protección de derechos humanos, particularmente de las personas migrantes; y el impulso de los derechos laborales en México y Estados Unidos”, se dijo en un comunicado del gobierno federal.

La misma Kamala Harris, calificó su visita en términos positivos: “Hoy, @lopezobrador_ y yo hablamos de nuestros intereses compartidos en seguridad, oportunidades económicas, vacunas y migración. Estados Unidos ve a México como un socio en estos temas”, escribió en su cuenta de Twitter.

La agenda urgente… en el tintero

Pero lo que no se mencionó en la reunión, hablando de los temas coyunturales que aquejan a ambos gobiernos, fue la violación de los derechos humanos en que incurre la Guardia Nacional y los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que trabajan, a petición del gobierno norteamericano, en la contención del flujo migrante del sur.

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De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el contexto de la migración ilegal que se registra en la frontera sur de México, la que tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, los migrantes “son vulnerables a la violación de sus derechos humanos, y proclives a que se cometan una gran cantidad de delitos en su contra”.

La mayoría de los actos documentados de violación a los derechos humanos de los migrantes son atribuidos a elementos de las fuerzas federales de seguridad y resguardo fronterizo, aunque también en ello intervienen presuntos miembros de grupos del crimen organizado, principalmente del cártel de las drogas de Los Zetas y del Golfo.

Según refiere la CNDH, solo en 2018, al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador más de 131 mil 931 migrantes fueron repatriados desde México, con destino a su países de origen, principalmente a Centroamérica, el Caribe y el sur del continente americano. De todos los repatriados, por lo menos en el 2 por ciento de los casos, se registraron violaciones a los derechos humanos.

En lo que va de la administración del presidente López Obrador, han sido repatriados -según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración- por lo menos 242 mil 466 migrantes, en donde como mínimo el 3 por ciento de ellos denunciaron algún tipo de violación a sus derechos fundamentales, los que fueron cometidos por fuerzas federales de seguridad.

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Mutis ante el flujo ilegal de armas

Otro de los grandes temas que quedó fuera de la agenda de diálogo entre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el relacionado al tráfico ilegal de armas que proviene de Estados Unidos y con el que se nutre la violencia en México, un tema que ha sido referido en algunas ocasiones por el propio López Obrador en su conferencia acostumbrada.

Apenas el pasado 8 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al canciller mexicano Marcelo Ebrard para que enviara una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, a fin de exigir una explicación del Departamento de Estado de EE.UU por la aplicación del operativo “Rápido y Furioso”.

Este operativo que se ejecutó en las administraciones de los presidentes norteamericanos Bill Clinton y George Bush hijo, entre 2006 y 2011, cuando en México gobernó el presidente Felipe Calderón, comprendió el envío furtivo de armas de Estados Unidos a México, solo para rastrear las rutas internas del tráfico de armas y de drogas.

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De acuerdo a funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CTI), el operativo “Rápido y Furioso” no ha sido el único que ha llevado a cabo la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos. La agencia de inteligencia en México establece que “es constante el flujo de armas de fuego desde EE.UU a México”, según un reporte interno enviado al presidente de México en diciembre de 2020.

Otro dato revelador que indica el constante flujo ilegal de armas desde Estados Unidos a México, con destino a los principales grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada, es el que señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de México, que refiere que 8 de cada 10 asesinatos que se cometen en el país, son ejecutados con armas de procedencia ilícita.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a causa de la proliferación de armas de fuego que ingresan desde Estados Unidos, aunado a la ola de violencia que impera, se tiene un registro diario promedio de 89 asesinatos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto el promedio de ejecuciones con armas de fuego fue de 76 homicidios por día, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón, la estadística establece que se cometieron 75 asesinatos diarios.

Pese a estas estadísticas, que colocan a México como el país más violento de América Latina, en donde se ha reconocido la omisión del gobierno estadunidense para frenar el flujo de armas de fuego, el presidente López Obrador optó por dejar el tema fuera de la agenda de diálogo con la vicepresidenta Kamala Harris.

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Se olvidó del Artículo 19 y MCCI

También este día, el presidente López Obrador perdió la oportunidad del reclamo formal ante la representante personal del presidente Joe Biden, para manifestar su inconformidad por el financiamiento oficial que se hace desde Estados Unidos a organizaciones civiles que han sido calificadas, en voz propia del Jefe del Ejecutivo Federal, como “promotoras del neoliberalismo y opositoras al régimen de la Cuarta Transformación”.

Hay que recordar que la agenda informativa del presidente López Obrador ha referido de manera insistente, al menos en los últimos dos meses, sobre el financiamiento “inmoral” que han recibido organizaciones como Artículo 19, dedicada a la defensa de los derechos periodistas, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que financia trabajos de investigación sobre corrupción bajo la dirección del empresario Claudio X. González.

En sus conferencias mañaneras, el presidente de México ha expuesto que tanto los trabajos periodísticos financiados por MCCI, como las acciones de defensa de los derechos de periodistas de Artículo 19, están centrados en la desestabilización del régimen de gobierno que él encabeza. Y no solo eso, también ha acusado que el financiamiento de estas organizaciones civiles proviene del Departamento de Estado de EE.UU y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

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Incluso, el presidente López Obrador ha dado a conocer los montos con los que el gobierno norteamericano ha financiado a estas dos organizaciones, de las que ha dicho que operan con la intención de “golpear al gobierno de la Cuarta Transformación”, como respuesta a las acciones oficiales “que han suprimido los privilegios de negocios leoninos para unos cuantos grandes empresarios” de México.

Sin embargo, aún cuando este día tuvo la oportunidad de hacer el reclamo formal ante la instancia correspondiente por dicho financiamiento, el presidente López Obrador optó por guardar silencio y privilegió las relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano. “El encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue trascendente, benéfico para nuestros pueblos y muy agradable”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.


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