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Fracasa intento para detener reforma judicial luego que Suprema Corte de México desestima acciones

Empleados del Ministerio Público sostienen imágenes de los magistrados
Empleados del Ministerio Público sostienen imágenes de los magistrados de la Suprema Corte en señal de apoyo mientras discuten un proyecto de resolución que propone la invalidación parcial de la reforma judicial aprobada por el Congreso, en la Ciudad de México, el martes 5 de noviembre de 2024.
(Fernando Llano / Associated Press)
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La Suprema Corte de Justicia de México desestimó el martes las acciones que buscaban detener la reforma judicial luego de que no se lograron los votos requeridos de los ministros para declarar su inconstitucionalidad.

Sólo siete de los 11 ministros del alto tribunal respaldaron el proyecto de sentencia que contemplaba la invalidez de parte de la reforma y suspendía la elección por voto popular de los jueces.

En un comunicado, la Corte señaló que si bien la mayoría de siete ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones contra la reforma, “al no contarse con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar diversos preceptos contemplados en el proyecto de resolución, el pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez”.

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El alto tribunal aclaró que la decisión “no implica que se haga pronunciamiento alguno” sobre la validez de la reforma.

La reforma judicial fue impugnada ante la Corte por los partidos opositores Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Unión Democrática de Coahuila, y los diputados del Congreso del estado central de Zacatecas que solicitaron la anulación de la iniciativa.

Ahora el gobierno y el Congreso tienen el camino libre para llevar adelante la reforma que contempla una renovación del poder judicial sin precedentes en la historia reciente de México. Previo a su aplicación la iniciativa desató una crisis ante las protestas y huelgas que protagonizaron miles de jueces y empleados de los tribunales.

Mientras avanzaba la sesión, a las afueras del alto tribunal, en el centro de la capital mexicana, se concentraron miles de jueces, trabajadores de los tribunales, abogados y estudiantes. Entre banderas mexicanas y al grito de “el poder judicial está de pie, está de pie”, los manifestantes exigían la anulación de la reforma que, aseguran, amenaza la independencia de los poderes públicos y la democracia, lo que ha sido descartado por Sheinbaum.

“Estamos en resistencia por la defensa del poder judicial de la federación, pero sobre todo de la constitucionalidad”, expresó el juez Getsemaní Hernández que reconoció que de no detenerse la reforma “se pierde la división de poderes, se pierde la democracia”.

Hernández rechazó uno de los argumentos esgrimido por Sheinbaum y congresistas oficialistas de que la amplia reestructuración del poder judicial fue respaldada en las pasadas elecciones presidenciales del junio, e indicó que “la gente no está enterada, no sabe” de la reforma. “Se están aprovechando de la ignorancia y del desconocimiento del pueblo”, agregó.

Vestido con una toga negra y levantando una bandera mexicana estaba entre la multitud René Hernández, un estudiante de derecho de 31 años, quien consideró como “histórico para el país” el debate de la Corte y justificó su participación en la protesta asegurando que “estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo nuestra soberanía y defendiendo nuestros ideales”.

La ambiciosa reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador —quien por años mantuvo una pugna con la Corte y algunos magistrados que le echaron para atrás algunas de sus reformas— y ha contado con el irrestricto apoyo de su sucesora, Claudia Sheinbaum, desde que asumió el gobierno el mes pasado.

En el proyecto sentencia que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara se planteaba la invalidación de la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular en junio del 2025 y en el 2027. Este es uno de los puntos clave de la reforma que aprobó el Congreso, de mayoría oficialista, a mediados de septiembre.

La propuesta sólo mantenía la elección de los ministros del alto tribunal y de los integrantes del Tribunal Disciplinario y la Sala Superior del Tribunal Electoral por voto popular, las medidas de austeridad, la extinción de los fideicomisos del poder judicial, y la creación de un órgano de administración.

En su pulso con la Corte, Sheinbaum afirmó el lunes que no está dispuesta a negociar “lo que ha decidido el pueblo y ya es parte de la Constitución”, y planteó que los ministros “no pueden estar por encima de la voz popular”. La mandataria adelantó que de invalidar parte de la reforma ya cuenta con “un plan”, pero no ofreció detalles.

En esa misma línea, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la semana pasada una reforma para blindar los cambios hechos a la Carta Magna y evitar que las modificaciones puedan ser detenidas en los tribunales.

La sesión del alto tribunal se da a menos de una semana de que ocho ministros, entre ellos su presidenta Norma Piña, presentaran su renuncia en el Senado. Esta se hará efectiva en agosto del 2025, luego de que se elijan los nuevos integrantes del cuerpo.

Los ministros decidieron dimitir en cumplimiento de la reforma que prevé que los juzgadores que no vayan a competir en las elecciones de mediados del próximo año deben renunciar para no perder sus beneficios laborales.

La decisión no fue respaldada por sus colegas Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, quienes se mantendrán en sus cargos.

Esquivel, Ortiz y Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, adelantaron hace unas semanas que participaran en los comicios judiciales.

La reforma del poder judicial ha sido criticada por especialistas y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en riesgo la independencia judicial y representaría un golpe al sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.

Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.

Pero López Obrador y Sheinbaum han defendido la reforma asegurando que ayudará a limpiar de corrupción el poder judicial y consolidará una “auténtica democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus servidores públicos.

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