México promete cuidar a los solicitantes de asilo devueltos por EE.UU.

Las autoridades mexicanas prometieron el 25 de enero brindar protección a los solicitantes de asilo que son enviados de regreso a través de la frontera desde Estados Unidos en el marco de una nueva política de la administración Trump, incluso cuando podría obligar a los migrantes a esperar meses o años mientras sus casos son considerados por los tribunales estadounidenses.

“El gobierno mexicano no está de acuerdo con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos”, aseveró Roberto Velasco, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, en un comunicado. “Sin embargo... reiteramos nuestro compromiso con los migrantes y los derechos humanos”.

Según Velasco, la embajada de Estados Unidos informó a los funcionarios mexicanos que 20 solicitantes de asilo de América Central serían enviados de regreso a México el viernes 25 por la tarde, en el puerto de entrada de San Ysidro, el mayor cruce de la frontera entre San Diego y Tijuana.

El viernes, en la frontera, no parecía haber ningún retorno oficial en curso. Pero otros migrantes que esperaban en el lado mexicano la oportunidad de presentar solicitudes de asilo ante funcionarios de Estados Unidos estaban muy preocupados por la nueva política.

“Será horrible”, expusó un hombre de Camerún, quien relató que su gobierno lo había encarcelado y torturado y pidió no ser nombrado por temor a represalias.

El hombre adelantó que no tendría sitio donde dormir si las autoridades de Estados Unidos lo enviaban de regreso a Tijuana a esperar el resultado de su caso. La noche anterior había dormido bajo un puente, narró.

Un grupo de solicitantes de asilo de Eritrea, un país africano aislado y descrito como una dictadura, también estaba preocupado por lo que les sucedería. “No queremos volver aquí”, dijo uno de los migrantes, quien también pidió no ser identificado.

Los funcionarios en Tijuana sumaron su enojo por la nueva política, alegando que la ciudad podría verse inundada por los migrantes que regresan de la frontera. Leopoldo Guerrero Díaz, secretario de gobierno de Tijuana, pidió al gobierno federal mexicano que asuma la responsabilidad por los solicitantes de asilo que deben esperar en México.

“Espero que el gobierno federal asuma su responsabilidad, especialmente con la financiación, que es lo más importante”, afirmó.

Los funcionarios de la ciudad están enfurecidos desde la llegada, en 2018, de varias grandes caravanas de migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica.

Después de que Estados Unidos redujo drásticamente la cantidad de solicitudes de asilo que procesa, el año pasado, los migrantes han debido esperar semanas o meses para tener la oportunidad de presentar sus casos ante funcionarios fronterizos.

En el pasado, los migrantes a quienes las autoridades consideraban que tenían un temor creíble de regresar a sus países de origen, eran detenidos durante meses o liberados en Estados Unidos mientras esperaban su audiencia judicial. Pero con el nuevo plan de Estados Unidos, que según la administración actual intenta reducir los abusos al sistema de asilo, esos migrantes tendrían que esperar en México.

Los defensores de los inmigrantes en ambos lados de la frontera se quejan de que el plan pondría en riesgo a los migrantes al llevarlos a ciudades peligrosas de la frontera mexicana, que tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Un número récord de personas fueron asesinadas en Tijuana en 2018, más que en cualquier otra ciudad de México. En diciembre, dos adolescentes hondureños que habían viajado con una caravana de migrantes fueron estrangulados, y sus cuerpos abandonados.

Otras zonas fronterizas mexicanas están bajo estricto control de grupos criminales. Las autoridades afirman que los migrantes en el estado de Tamaulipas han sido asesinados, secuestrados, extorsionados e incluso reclutados por la fuerza para trabajar en cárteles. En 2010, 72 migrantes fueron asesinados por miembros de un cártel, a unas 100 millas al sur de la ciudad fronteriza de Reynosa.

El viernes, los principales demócratas en los comités judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado emitieron una declaración en la que denunciaban el nuevo plan.

“El gobierno de Trump tiene la misión de desarmar el sistema de asilo, que se desarrolló después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial para garantizar que las personas perseguidas tengan la oportunidad de pedir seguridad a nuestro gobierno”, señaló la declaración de la senadora Dianne Feinstein (D -California) y el Representante Jerrold Nadler (D-Nueva York).

“La responsabilidad básica que se les debe a los solicitantes de asilo, conforme la ley de Estados Unidos y el derecho internacional, es que las personas que huyen por sus vidas no pueden ser rechazadas sin la oportunidad de defender su caso”, dijeron.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses se reunieron tres veces este enero para planificar la logística de los retornos de personas, informó Velasco. Según él, en esas reuniones, EE.UU. precisó que el retorno de los migrantes comenzaría en el puerto de entrada de San Ysidro y luego se expandiría gradualmente a otras partes de la frontera.

Velasco destacó que México no suscribió un acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos. Bajo tal entendimiento, los centroamericanos tendrían prohibido viajar por México para solicitar asilo en EE.UU.

México, cuyo nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a brindar un tratamiento más humanitario para los migrantes, cree que la clave para reducir la migración es mejorar las condiciones en los países de origen de los migrantes, remarcó Velasco.

“Sostenemos que la solución básica a la migración se logrará mediante la promoción del desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes; la migración debe ser una opción y no una necesidad”.

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