Una ola delictiva con complicidad policial azota Jalisco, México, y desata furiosas protestas

El aumento en matanzas, secuestros y otros delitos cometidos por pandillas se está apoderando del estado de Jalisco, en el centro de México, y desencadenó protestas callejeras en una región conocida por algunos de los emblemas culturales más singulares del país, desde la música mariachi hasta el rodeo al estilo mexicano.

En un escenario perturbador pero familiar en ese país, los agentes del orden corruptos, al servicio de las bandas criminales, parecen ser cómplices de la escalada de la violencia.

Recientes casos de alto perfil en Jalisco incluyen la desaparición de tres estudiantes de cine, la captura de tres ciudadanos italianos y el secuestro y la ejecución de un par de agentes federales mexicanos de un escuadrón de élite contra el crimen organizado.

La policía fue implicada en dos de los incidentes, y los fiscales investigan denuncias de que ese cuerpo tuvo relación con la desaparición de los estudiantes, un caso que sacó multitudes de manifestantes a las calles la semana pasada y desató una campaña en medios sociales por parte de colegas, familiares y otras personalidades, como el director Guillermo del Toro, ganador del Oscar y nativo tapatío, como se conoce a los residentes de Guadalajara.

Hombres armados que se identificaron como policías atraparon a los tres estudiantes, el 19 de marzo pasado, en una calle de Tonala, un suburbio de Guadalajara, y se marcharon con los jóvenes en un vehículo SUV, según testimonios.

“Exigimos que las autoridades devuelvan a mi hijo y a sus dos acompañantes”, le dijo a los reporteros Sofía Ávalos, madre de Marco Ávalos, el 22 de marzo. “Exigimos que él y sus dos colegas sean devueltos con vida. Queremos que regresen. Los necesitamos de vuelta. Los amamos”.

Las autoridades estatales iniciaron la búsqueda de los estudiantes desaparecidos -y también de cuarto alumno que desapareció el mismo día en un incidente separado- pero no han comentado sobre la posible participación de la policía en sus capturas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de un millón de pesos mexicanos -alrededor de $55,000 dólares- para obtener información sobre el paradero de los cuatro jóvenes.

Los legisladores se apresuraron a llevar tranquilidad a los inquietos residentes de Jalisco, aunque deliberadamente no ofrecen garantías de que la ola de violencia termine pronto.

“Se acercan días difíciles, no les voy a mentir”, advirtió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a los ciudadanos a principios de este mes, mientras prometía enviar más patrullas y oficiales uniformados a los departamentos de policía en conflicto. “La situación es crítica, y no hay indicios de que esté mejorando”.

El gobernador habló el 7 de marzo, un día después de que se encontraran seis cadáveres en un vehículo abandonado, estacionado no lejos del centro de Guadalajara, la capital del estado.

La violencia ha sido durante mucho tiempo un importante trasfondo en la vida en Jalisco, una zona que se extiende desde el interior de México hasta la costa del Pacífico y es el hogar de alrededor de ocho millones de personas, la mayoría concentradas en la zona metropolitana de Guadalajara. El estado, especialmente la zona costera de Puerto Vallarta, también alberga una importante industria turística y población extranjera permanente, incluidos muchos jubilados estadounidenses y propietarios de viviendas de vacaciones. También es una fuente de inmigrantes, hace mucho tiempo, hacia los Estados Unidos.

Guadalajara fue la base del antiguo cártel que secuestró y asesinó notoriamente al agente encubierto de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. Bajo la intensa presión de Washington en ese momento, las autoridades mexicanas se movilizaron para destruir el Cártel de Guadalajara, que pronto se dividió en agrupaciones regionales que asumieron rutas de narcotráfico hacia el floreciente mercado estadounidense.

Pero los funcionarios consideran que el actual levantamiento violento es el peor de los últimos tiempos.

“Esta es una época de horror”, reconoció el gobernador Sandoval. Aunque, declaró, los delincuentes “no pueden ser más fuertes que nosotros. No pueden intimidarnos”.

Hubo 247 homicidios registrados en Jalisco durante los dos primeros meses de 2018, según cifras oficiales. Eso es un aumento de casi el 25% en comparación con el mismo período en 2017, un año que estableció un nuevo récord de asesinatos en el estado y en todo ese país.

Los activistas de derechos humanos, entre otros, sostienen que las desapariciones también han alcanzado nuevos niveles en Jalisco, donde se registraron más de 300 casos este año.

El estado es ahora terreno de una de las organizaciones delictivas más brutales y de rápido crecimiento de México: el cártel Jalisco Nueva Generación, una rama del cártel de Sinaloa, alguna vez encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán -ahora encarcelado en Nueva York, después de su extradición a los Estados Unidos-. Nueva Generación está entre una serie de facciones que luchan por segmentos lucrativos del astillado dominio criminal de El Chapo, un accionar que resulta en asesinatos y tiroteos periódicos.

La práctica de comprar o intimidar a policías, fiscales y jueces es, desde hace mucho tiempo, un común denominador de las mafias mexicanas. Los recursos en efectivo de las pandillas eclipsan el dinero que los funcionarios pueden ganar en salarios públicos. “Mucho de esto se trata de la economía”, afirmó Darwin Franco, periodista y académico de Guadalajara, especializado en el crimen en la región. “A veces la policía local debe cooperar [con los cárteles] porque sus jefes lo exigen”.

Además, los matones no dudan en matar a agentes o cualquier otra persona que se interponga en su negocio ilícito. Los secuestros y las desapariciones a menudo sirven como un “mensaje” dirigido a los rivales, a las autoridades o al público en general, señaló Franco. Los agentes suelen hacer el trabajo sucio. En todo México, la policía ha estado implicada en la desaparición de decenas de personas, muchas de ellas sin relación conocida con el hampa.

La policía de la localidad de Tecalitlán, en el sur de Jalisco, fue acusada en el secuestro, el 31 de enero pasado, de los tres italianos que, según sus familiares, se encontraban en México vendiendo equipos eléctricos importados. Los oficiales afirman que la policía entregó a los italianos a una organización criminal, supuestamente una filial de Nueva Generación. Los hombres no han sido vistos desde entonces. Su desaparición generó protestas callejeras en la ciudad natal del trío, Nápoles, en Italia. El motivo del secuestro sigue sin estar claro.

En Puerto Vallarta, dos altos comandantes de la policía municipal estuvieron entre los más de una docena de sospechosos arrestados este mes por el secuestro y asesinato de los dos agentes federales de un escuadrón de élite contra el crimen organizado. Sus homicidios fueron claramente una advertencia del Cártel Nueva Generación a las autoridades, señalan los testigos.

Los restos aparecieron en el vecino estado costero de Nayarit, en la costa del Pacífico, después de que los dos agentes cautivos aparecieran en un escalofriante video de estilo yihadista, que hacía una declaración claramente antipolicial en un entorno de hombres armados enmascarados, con rifles de asalto, muy similar a lo que se observa en las imágenes de Estado Islámico.

Las cosas están tan descontroladas en San Pedro Tlaquepaque, un amplio suburbio de Guadalajara, hogar de unas 700,000 personas, que las autoridades estatales y federales asumieron funciones de seguridad este mes, mientras que más de 800 policías fueron sometidos a controles. La mayoría de ellos fue readmitido más tarde, pero las autoridades sostienen que unos 75 permanecen bajo investigación y están fuera de las calles.

El gran control de seguridad se produjo luego de que siete clientes fueran asesinados a balazos en un restaurante de mariscos en San Pedro Tlaquepaque, en un aparente golpe de pandilla, parte de un incremento en los homicidios y otros delitos en ese distrito.

La escalada de la violencia en Jalisco se produce en el marco de un aumento del crimen en todo el país, un tema polémico en la actual campaña electoral presidencial.

El año pasado, México registró más de 25,000 homicidios, un salto de casi un 25% desde 2016 y la cifra anual más alta desde que las autoridades comenzaron a rastrear esos datos, hace dos décadas.

En México, limpiar la corrupción policial es una eterna promesa de campaña política, inevitablemente incumplida.

La incapacidad del gobierno para controlar la criminalidad fue un golpe contra la administración del presidente Enrique Peña Nieto y su gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si bien Peña Nieto no puede postularse para la reelección, las encuestas muestran que el partido oficialista está muy rezagado en las encuestas sobre las próximas votaciones, que serán el 1º de julio.

A pesar de la inquietud generalizada sobre la violencia y las marchas de protesta, de alguna manera, aún prevalece una apariencia de normalidad en Guadalajara y sus alrededores. Las imágenes diarias en la TV, de víctimas asesinadas en las calles o en otros lugares no han logrado atenuar la vibrante vida exterior que se lleva aquí y en otras partes de México.

En San Pedro Tlaquepaque, las bandas de mariachis ofrecen sus servicios mientras los turistas pasean por las calles coloniales, merodean por los puestos de artesanías y toman descansos entre margaritas, birria (carne de cabra asada) y otras comidas típicas de Jalisco.

Carteles rojos marcan la reapertura de un sitio de mariscos conocido como Don Cangrejo, donde siete personas fueron abatidas a tiros en febrero pasado. Sin embargo, una tarde reciente no había clientes a la vista en el lugar, a pesar de los letreros que promocionaban cerveza gratis y descuentos en camarones por kilo.

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