Cámara baja de P.Rico aprueba tres medidas para fortalecer Seguridad Pública
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy tres medidas con el fin de fortalecer el Departamento de Seguridad Pública.
La entidad legislativa informó a través de un comunicado de que en primera instancia se favoreció el Proyecto 1438, del presidente de la Cámara Carlos Méndez.
Esa iniciativa enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” para conceder al comisionado del Negociado de la Policía la facultad de autorizar mediante reglamento que tanto los miembros de la Policía como los empleados del Gobierno Estatal y Federal que se acojan al retiro por años de servicio y estén autorizados a portar armas de fuego, puedan adquirir un arma del Depósito de Armas de la Policía a valor depreciado.
Según destaca Méndez en la pieza, las armas de fuego en cuestión son las que no han sido reclamadas y permanecen en la bóveda de la División de Depósito de Armas de Reglamento y Armas de Ciudadanos adscrita a la Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano de la Policía de Puerto Rico.
“La autoridad concedida será con relación a las armas que llevan más de tres años sin ser reclamadas. Los precios originales de las pistolas oscilan entre 500 a 600 dólares y los revólveres entre 300 a 400 dólares. La adquisición de armas de fuego en el mercado resulta más onerosa”, indicó.
Además, se concurrió con el proyecto 1698, de la autoría de los legisladores Juan Oscar Morales, Félix Lassalle, José Pérez, Santiago Guzmán y Néstor Alonso, que también enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” a los fines de aclarar la facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado el término de diez días desde la autopsia e investigación.
Los legisladores indicaron que por años ha estado presente en la discusión pública los distintos problemas que enfrenta el Negociado. Se expuso además que, el huracán María dejó al descubierto múltiples necesidades y deficiencias existentes en el funcionamiento del Negociado que fue eje de varias denuncias por el alto volumen de casos sin atender, las múltiples investigaciones en curso sin culminar, así como por emanaciones de olores de los contenedores que se encuentran en sus instalaciones.
Según reportes de la propia agencia, para el 13 de junio 2018 contaban con un total de 297 cadáveres en sus facilidades, de los cuales 61 ya fueron previamente identificados por familiares, pero no reclamados, mientras que 57 fueron identificados en la escena, pero no en el Negociado.
Igualmente, se refrendó el proyecto 1460 para autorizar al secretario del Departamento de Seguridad Pública, en consulta con las organizaciones de trabajadores bona fides y las uniones adscritas al Departamento de Seguridad Pública, a gestionar la negociación y contratación de planes de seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del Departamento, que voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud provisto por una aseguradora privada.
