México como sala de espera de Estados Unidos. ¿A cambio de qué?

Desde mediados de la década de 1990 se informó, por varias vías, a los diferentes gobiernos en México, acerca de la transformación del proceso migratorio. Se señaló que poco a poco pasaría de ser un país de salida de migrantes a ser uno de llegada y, esencialmente, de tránsito. Se les dijo también que si ese tránsito no se ordenaba, habría intervención del crimen organizado y de bandas criminales como la mara salvatrucha y los zetas, así como corrupción de autoridades en diferentes niveles de gobierno, particularmente del Instituto Nacional de Migración, y que todo esto se convertiría en un problema con Estados Unidos.

Los presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña no hicieron nada al respecto y dejaron que el fenómeno lo administrara libremente el mercado.

El tema hizo explosión durante la administración de Calderón en cuyo gobierno el crimen organizado era y sigue siendo dueño de territorios por donde transitan los migrantes procedentes de Centroamérica, particularmente Veracruz y Tamaulipas.

Al ser dueños de esos territorios, eran responsables de todo lo que ocurría a los migrantes que transitaban por ahí; solo hay que recordar la matanza de San Fernando, Tamaulipas en 2010 cuando 72 migrantes en tránsito fueron asesinados en un solo evento.

Se insistió también en que los dos escenarios a evitar eran no hacer nada o, subordinarse a los intereses de Estados Unidos y detener sin más, sin un programa específico, por debajo del agua, el flujo de migrantes centroamericanos en nuestro territorio.

En diciembre del año pasado el Washington Post y otros medios estadounidenses reportaron que México había aceptado que los migrantes centroamericanos de las caravanas que solicitan asilo, esperaran en nuestro país, mientras su caso se resuelve.

Inmediatamente, sin negarlo, se introdujeron matices desde México y poco a poco, de manera totalmente descoordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, el gobierno fue aceptando que jugaríamos ese papel de sala de espera.

Apenas el jueves 24 de enero el Washington Post informó que ese proceso daría inicio al día siguiente.

En síntesis, una vez que el solicitante pide asilo, éste es convocado nuevamente para conocer la decisión o solicitarle más información y mientras tanto se le deja en libertad.

La administración Trump alega que la mayoría ya no regresa nunca a la segunda audiencia y se convierten en inmigrantes indocumentados (o asesinos, violadores, etc.). Esto es falso, el 80% regresa a la segunda audiencia y obviamente los que no regresan no son violadores ni criminales. Lo que sí, es que ese proceso puede tardar años.

El tema es delicado por varias razones, este sí es un tema interno de Estados Unidos, de sus tiempos y procedimientos judiciales.

Se supone que en esos no nos metemos o por lo menos eso decimos cuando nos conviene, como lo hicieron mucho tiempo los gobiernos anteriores.

Si aceptamos lo que parece que ya aceptamos, se fortalece a Trump y su perspectiva, a pesar de que muchas voces en Estados Unidos cuestionan la legalidad del procedimiento y, lo más grave: ¿Qué pasa en México con esos miles de migrantes en las ciudades fronterizas? ¿Quién se va a hacer cargo de su vivienda, de su salud (hay una fuerte presencia de mujeres y niños), de su educación? ¿Quién va a pagar eso? ¿Por fin se coordinarán la cancillería y migración?

Ciertamente, la solidaridad con los migrantes centroamericanos y el apoyo no deben regatearse, pero sí me gustaría saber a cambio de qué les estamos haciendo el favor a nuestros vecinos y particularmente a Trump. O no nos están dando nada por asumir una responsabilidad que corresponde a Estados Unidos, lo cual sería el colmo; o si nos están dando algo que no ha sido informado en México y que ni siquiera sabemos si es legal.

Total, que pasamos de hacernos pato a hacernos ganso.

* Jorge Santibáñez es presidente Mexa Institute, una organización independiente, apartidista y sin fines de lucro.