El juicio político no es la única preocupación de Trump. Tribunales echan abajo tres de sus políticas de inmigración

El lanzamiento de una investigación de juicio político en la Cámara no fue la única mala noticia que enfrentó el presidente Trump la semana pasada. A última hora del viernes, tres diferentes tribunales federales habían derribado tres de las políticas más draconianas del presidente destinadas a cerrar el flujo de migrantes a Estados Unidos.

No está claro si los fallos soportarán las apelaciones inevitables, pero una vez más es alentador que al menos esa parte de nuestro problemático sistema constitucional de controles y contrapesos se mantiene bajo el desafío más difícil que ha enfrentado en generaciones.

El hambre de Trump por el poder autoritario se desarrolla de muchas maneras, pero se puede resumir en una generalidad: si quiere hacer algo, no le importa lo que la ley, el precedente o la decencia humana básica puedan dictar. Simplemente sigue adelante y pregunta: ¿quién quiere tratar de detenerme?

Cuando se trata de sus despiadadas políticas de inmigración, el desafío ha sido asumido por un consorcio laxo de defensores de los derechos de los migrantes, incluida la American Civil Liberties Union, la American Immigration Lawyers Assn., la Southern Poverty Law Center y organizaciones regionales de todo el país.

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Básicamente, el enfoque de la administración para la aplicación de la ley de inmigración es disuadir a los migrantes a través de políticas a menudo inhumanas (comenzando con la separación de los niños de sus padres), al tiempo que prohíbe a casi todos los refugiados, cortando el acceso a personas de varios países dominados por musulmanes y tomando otras medidas que dirían a los inmigrantes, “No te molestes, el gobierno de Estados Unidos no te quiere”.

Estamos de acuerdo en que el sistema de inmigración actual está roto. Hay espacio para una discusión sobre la mejor manera de asegurar la frontera, a cuánta gente se le debe permitir inmigrar y si la reunificación familiar debe ser menospreciada a favor de admitir a más personas en función de las habilidades laborales, las inversiones y otros beneficios que podrían proporcionar en el término corto.

Mientras tanto, a los que han estado viviendo en el país sin permiso, más de la mitad de ellos durante un período mayor a una década, no deberían vivir con el miedo constante a la deportación.

Pero en lugar de ese debate de buena fe y algunas soluciones legislativas razonables, la nación se enfrenta a demandas de un muro fronterizo innecesario y mal concebido, las comunidades de inmigrantes viven con temor y las personas que cruzan la frontera han sido abusadas por una política que retiene a los niños durante meses en centros de detención, a pesar de los amplios consejos de expertos de que es psicológicamente perjudicial hacerlo.

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La cascada de derrotas judiciales comenzó la madrugada del viernes cuando la jueza de distrito de Estados Unidos, Dolly Gee, falló en Los Ángeles contra el plan “Kafkiano” de la administración para deshacer el Acuerdo de Flores de 1997 que limita el período de tiempo y las condiciones bajo las cuales el gobierno puede retener a menores migrantes.

Gee, quien supervisa el cumplimiento del acuerdo de Flores, descubrió que las nuevas regulaciones, que habrían permitido detenciones de niños con sus familias que podrían llevar años, no cumplieron con las obligaciones que el gobierno ya había acordado.

Los funcionarios de la administración “no pueden simplemente imponer su voluntad al promulgar regulaciones que deroguen los principios más básicos del decreto de consentimiento”, dictaminó Gee. “Eso viola el imperio de la ley. Y este tribunal no puede permitirlo”.

En un caso separado que involucra la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se dirige a los reclusos encarcelados para ser deportados, el juez federal de distrito Andre Birotte Jr. en Los Ángeles sostuvo que el gobierno debe dejar de depender únicamente de bases de datos que incluyen “información incompleta, errores significativos o que no fueron diseñados para proporcionar datos que se utilizarían para determinar la posibilidad de traslado de una persona”.

Birotte también dictaminó que ICE no puede emitir el estatus de “detenidos”, que implica mantener a los reclusos después de las fechas de liberación programadas para que puedan ser deportados, en estados que no autorizan dicha cooperación.

Bajo ese sistema, que precedió a la Administración Trump y que los jueces han dictaminado que viola la prohibición de la 4ta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, ICE ha emitido detenciones para cientos de personas que posteriormente se consideraron no elegibles para la deportación, incluidos más de 40 ciudadanos estadounidenses.

En la tercera decisión, el juez de la corte de distrito de Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, en Washington, D.C., bloqueó la política propuesta por la administración para expandir a todo el país el llamado proceso de remoción acelerada que evita los tribunales de inmigración.

En cambio, la expulsión rápida seguirá aplicándose sólo a los migrantes capturados dentro de las 100 millas de una frontera después de ingresar ilegalmente al país en las últimas dos semanas (la nueva política habría cambiado eso a dos años).

Jackson escribió que los opositores a la política probablemente ganarían su argumento de que expandir la política era “arbitraria y caprichosa” y no consideraron el efecto en “no ciudadanos documentados establecidos y sus comunidades”.

¿Estas decisiones serán válidas? Eso es difícil de predecir.

Pero como mínimo, es alentador que los tribunales estén presionando para frenar cuando Trump y sus representantes xenófobos erigen frenéticamente las barreras a la inmigración, tanto legales como ilegales, en lugar de trabajar con el Congreso para elaborar soluciones duraderas a los problemas del sistema.

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