OPINIÓN: Cómo la pandemia dividió a California en dos

California marcó un hito sombrío esta semana al superar las 11.000 muertes por COVID-19 y los 600.000 casos. Con el brote de coronavirus aún en muchas partes del estado, el gobernador Gavin Newsom está alternando entre endurecer las restricciones en algunos lugares y flexibilizarlas en otros.

El plan de California para reabrir empresas y escuelas, como el de muchos otros estados, ahora depende del uso de recuentos de casos específicos para determinar si un condado ha controlado suficientemente la propagación del virus.

El problema con este enfoque es que oculta la realidad de que la pandemia se está desarrollando como un relato de dos Californias. Un solo condado puede contener a estas dos Californias en comunidades separadas por unas pocas millas; sin embargo, la política pública no reconoce esta diferencia, que posee consecuencias devastadoras.

En una de estas Californias, muchas personas tienen los recursos financieros y sociales para protegerse de la exposición al coronavirus y para capear la tormenta económica que esto conlleva. Aunque la vida está interrumpida y el futuro es incierto, conocen a pocos individuos que hayan muerto a causa del COVID-19.

En la segunda California, la enfermedad grave y las muertes por COVID-19 son un hecho cotidiano implacable, al igual que la nueva y creciente ansiedad por el hambre, la falta de vivienda y la devastación económica.

Estas dos Californias están vinculadas por trabajadores esenciales con bajos salarios en industrias como la agricultura, los servicios alimenticios, las tiendas de comestibles y el cuidado de niños y ancianos, que corren el riesgo de enfermar y perecer por brindar servicios sin los cuales todos los californianos no podrían vivir.

Los afortunados californianos del primer grupo ignoran las luchas del segundo bajo su propio riesgo. Para detener la marea de transmisión viral y reabrir de manera segura sectores importantes de la economía, tenemos que anteponer las necesidades de los californianos más afectados. Nuestra incapacidad de proporcionar y hacer cumplir la protección básica de los lugares de trabajo y de los empleados, en particular de aquellos que se enferman, denostó los esfuerzos iniciales hechos por todos para aplanar la curva de la pandemia.

En todo California y el país, la ausencia de salvaguardias en el lugar de trabajo ha llevado el virus a casa de los empleados con salarios bajos, cuyas viviendas superpobladas crean un ambiente que promueve la transmisión a familias enteras. La crisis preexistente de California, con una escasez extrema de viviendas asequibles para los trabajadores con salarios bajos, creó un polvorín pandémico.

Los californianos latinos y negros constituyen el 63% de los trabajadores con salarios bajos en el estado y tienen la mortalidad por COVID-19 ajustada por edad más alta de todos los californianos (tres o cuatro veces mayor que la de los californianos blancos); los decesos ocurren a menudo en la edad joven y mediana. A pesar de este costo desproporcionado en casi la mitad de la población de California, la respuesta de salud pública en los vecindarios donde viven poblaciones latinas o negras, y en los condados que son predominantemente latinos, ha sido angustiosamente lenta.

Para abordar esta inequidad tenemos que cambiar nuestra comprensión de la pandemia y transformar el marco de lo que medimos, cómo lo medimos y cómo respondemos. Actualmente, los condados informan recuentos de casos durante los últimos 14 días, con tasas inferiores a 100 por cada 100.000 habitantes que se utilizan como umbral para reabrir escuelas y varios sectores económicos. Pero estos son promedios que cubren las enormes disparidades entre las comunidades con tasas de transmisión viral muy bajas y aquellas con alta transmisión.

San Francisco supera el umbral de reapertura del estado, con 175 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, pero las tasas son diez veces más altas en la parte este de la ciudad, en vecindarios con un mayor número de residentes latinos o negros en comparación con la parte occidental. Los habitantes latinos de San Francisco representan solo el 15% de la población de la urbe, pero más de la mitad de sus casos. La tasa del condado de Los Ángeles es de 300 por cada 100.000, con diferencias de casi diez veces en las tasas entre las ciudades de El Monte, que es un 69% latina, y Santa Mónica, que es un 13% latina.

Centrarse únicamente en los promedios corre el riesgo de imponer una equivalencia en la respuesta de salud pública en un momento en que, en realidad, se necesita más en las comunidades con mayor transmisión: más pruebas, más rastreo, más apoyo para el aislamiento. Y vincular el promedio a la reapertura puede desalentar la búsqueda de más casos en las comunidades más pobres, donde residen trabajadores con salarios bajos.

Los condados pueden y deben informar sobre vecindarios específicos y grupos demográficos con tasas de transmisión más alta en los últimos 14 días, y ser responsables de reducir estas tendencias con el paso del tiempo. Esta es la única manera de garantizar que los recursos se viertan en las comunidades con necesidades vitales.

El desarrollo de mediciones significativas requiere que las pruebas estén disponibles a nivel universal. La evidencia persistente de testeos insuficientes en las comunidades con la transmisión más alta es particularmente perversa. Y métricas como el número medio de exámenes por día o las tasas de positividad promedio no tienen sentido si representan un acceso mejorado e índices de prueba (y reevaluación) más altos en las comunidades con la transmisión más baja.

Necesitamos una mayor disponibilidad y menores barreras para los testeos en todas nuestras comunidades, pero especialmente en aquellas con más necesidad y menor cantidad de recursos. Eso significa realizar pruebas que no requieran una dirección de correo electrónico, de acceso de banda ancha, de un automóvil, un seguro o un desplazamiento por la ciudad. Un buen testeo debe seguirse con una investigación de casos y un rastreo de contactos efectivos, idealmente realizados por un personal de salud pública contratado de las comunidades afectadas. Esto ayuda a generar la confianza necesaria para lograr buenos resultados.

Necesitamos más protecciones para los trabajadores esenciales, incluido el equipo de protección personal adecuado y brindado por los empleadores, más estudios y vigilancia ocupacional, y un cumplimiento estricto de las órdenes de salud para minimizar las exposiciones ocupacionales. También necesitamos brindar protección laboral y contar con apoyo financiero que permita a los trabajadores enfermos aislarse y ponerse en cuarentena sin la pérdida de sus salarios, tal como se está probando en algunos condados de California, incluido recientemente en Alameda, que sufrió graves perjuicios. Necesitamos proporcionar alojamiento temporal, por ejemplo habitaciones de hotel, donde las personas infectadas puedan aislarse para proteger del virus al resto de los habitantes de su hogar.

No podemos permitirnos el lujo de desviar nuestra mirada usando métricas que ocultan el profundo sufrimiento de los vecindarios y condados de bajos ingresos en todo nuestro estado. Nuestras dos Californias están entrelazadas; tenemos que afrontar juntos esta crisis económica y de salud.

Kirsten Bibbins-Domingo es profesora y presidenta del departamento de epidemiología y bioestadística, y vicedecana de salud poblacional y equidad en salud en UC San Francisco. Margot Kushel es profesora de medicina y actual directora del Centro para Poblaciones Vulnerables de UC San Francisco.

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