´OPINIÓN: La reconstrucción de Honduras empieza por la lucha por reconocer a su legítimo dueño

El curioso siglo XX que se vivió en el Valle de Sula dio para una infinidad de singularidades en la construcción de la cultura de estas tierras; hoy foco de atención por la tragedia humana desatada por los huracanes Eta y Iota. Fotos viejas muestran la antigua preferencia por casas blancas de madera enmarcadas en lozanos patios arbolados que recuerdan a una versión tropical de estados sureños como Luisiana.

Hasta la fecha, un Steakhouse americano llamado Pat´s es un restaurante emblemático y el principal responsable por la afición de muchos a la sopa Gumbo o de cebolla cajún. Esto, en una región hispanoamericana donde la ensalada se come de repollo, como el coleslaw, y la tortilla, de harina de trigo. Pero el sello más duradero de esa época es una lista interminable de anglicismos amalgamados en el español con el que en este tropical valle hondureño se describe la realidad.

Así, la hermosa palabra patio cedió su lugar a yarda -yard-, que cuando pertenece a un propietario que puede pagarlo, éste escoge para su cuidado a un empleado de confianza, multiusos, que también cumple la función de guachimán -watching man-.

En estas tierras bajas y fértiles, con un exceso de agua, calor y luz que hace que la vegetación crezca con agresividad, casi semanalmente se debe cortar la yarda con una chapeadora -chopper-. Es deber en el Valle de Sula, pues, evitar que la maleza se convierta en un foco de pestes y alimañas que ponga en riesgo al vecindario, tal como parece que la situación actual de Honduras amenaza con repercutir en su zona geográfica.

En el 2020, como una chapeadora que nunca termina de arrancar, el estado hondureño pide una vez más a la comunidad internacional fondos para la reconstrucción y transformación nacional. Pero a juzgar por el criterio de expertos sobre Honduras, el guachimán encargado de esta yarda no es de fiar.

Mapa de Honduras.

(Archivo)

“La reconstrucción será más de lo que hemos tenido. Será reconstruir para la continuidad, no para la transformación”, advirtió la ex rectora de la Universidad de Honduras, la socióloga Julieta Castellanos, quien en 2013 fue receptora del premio Mujeres de Coraje otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su lucha contra la corrupción policial y estatal. Castellanos considera que, tras la dilapidación de fondos otorgados tras la Declaración de Estocolmo por los países cooperantes para la reconstrucción del país tras el huracán Mitch de 1998, la condonación de la deuda externa a principios de siglo, y a causa de la recesión global que ha causado la pandemia, “esta vez la soledad será mayor”.

A decir verdad, este desastre natural ha sucedido cuando la sociedad hondureña experimenta nuevos fondos no solo en su vulnerabilidad ambiental, sino también institucional y sistémica, bajo la actual administración.

“Honduras recibe uno de los volúmenes más altos de asistencia oficial para el desarrollo de cualquier país en América Latina. Sin embargo, la corrupción, el clientelismo y el padrinazgo impiden el uso eficiente de los escasos recursos públicos. La efectividad de la asistencia al desarrollo para producir un cambio positivo se ve seriamente comprometida por el hecho de que el actual gobierno no es percibido como una contraparte confiable para la cooperación internacional. La corrupción flagrante en todos los niveles de gobierno, el involucramiento de oficiales y miembros familiares de ellos en el tráfico internacional de drogas y armas, el fracaso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH, apoyada por la Organización de Estados Americanos-, y las irregularidades en el proceso electoral pasado, han dado como resultado que el gobierno de Juan Orlando Hernández haya perdido mucho de su limitada credibilidad en los últimos años”, explica la Doctora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, Marisa O. Ensor.

Caída del 40% del PIB por la pandemia y la destrucción de las tormentas

La situación desatada por los huracanes en Honduras es crítica a corto plazo y augura un problemático porvenir para los próximos años. Se diagnostica un auge de las caravanas de migrantes y los índices de violencia en un país que, tras la inestabilidad económica e institucional a causa del golpe de Estado del 2009 y el auge del narco desde entonces, parece haber vivido su década más sangrienta hasta la fecha.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras, la economía cayó un 3% a causa de los huracanes, lo que sumado a la recesión por el Covid-19 del 7.5. %, hace que el 2020 cierre con un desplome del 10.5% del PIB; una cifra cercana al 11.6% que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico asigna a la caída de la economía española, la más castigada de los 37 países más industrializados del mundo en este 2020. Pero Honduras no es un país rico, industrializado, ni mucho menos un estado de bienestar. Con cada nueva catástrofe que sufre en el siglo XXI, el 70% de pobres que componen su población se estira, como las plantas hacia la luz, por llegar a aquellas sociedades avanzadas hasta las que los pueden llevar sus pies.

El gremio empresarial hondureño, por otro lado, cifra el daño global de los ciclones y la pandemia, entre pérdida de productividad y daños físicos, en $10.000 millones de dólares, o 40% del PIB.

Los pronósticos para la próxima década no son los mejores. Si bien la cifra real de la inmigración ilegal es difícil de detallar, resulta esclarecedor que en el año anterior 104.859 hondureños -cerca de 1% de la población del país-, fueron deportados de Estados Unidos hacia Honduras. Para la Dra. Ensor, editora del libro académico The Legacy of Hurricane Mitch: Lessons from Post-Disaster Reconstruction in Honduras, la vulnerabilidad sistémica que nunca fue remediada tras el último gran huracán de 1998 creó las condiciones ideales para que el próximo huracán detonase una crisis humanitaria y migratoria aguda, como acaba de pasar.

Élites primitivas y su principal producto de exportación

“Los eventos recientes han evidenciado que los niveles de vulnerabilidad ambiental están en Honduras más altos que nunca, y principalmente por las mismas razones de raíz. Las autoridades hondureñas continúan respondiendo con políticas reactivas e incluso negligencia, en lugar de con medidas preventivas, sistemas efectivos de alerta y estrategias comprensivas de mitigación. Los principales países e instituciones donantes demandaron la modernización y democratización de los sistemas políticos y económicos de Honduras a cambio de la ayuda que aportaron para la reconstrucción del país tras el Mitch. Sin embargo, ninguno de los gobiernos posteriores al Mitch ha desarrollado políticas económicas para mejorar la competitividad del país, reducir la vulnerabilidad al cambio de precios de sus productos agrícolas en los mercados globales, reestructurar el sector público o hacer al país menos dependiente de las remesas que envían sus migrantes, principalmente de Estados Unidos”, explica Ensor.

El sociólogo Víctor Meza, director del centro de estudios sociales más importante del país -CEDOH-, valora que el fracaso de la Declaración de Estocolmo de 1999 -el cual él ayudó a conformar como asesor-, es el antecedente directo de lo que hoy plantea volver a hacer el gobierno hondureño. “El país es capaz de reconstruir lo destruido, pero no es capaz de transformar las condiciones que han llevado a la destrucción. Es un país que vuelve a reconstruir lo mismo. Una recurrencia a la repetición. Pero no hay innovación, creación, y Honduras requiere transformación. Somos una nación muy vulnerable desde el punto de vista ecológico y también social, por la pobreza y la debilidad institucional”.

Para Meza, el imparable desarrollo de la vulnerabilidad sistémica hondureña se debe explicar a partir de un simple problema de voluntad y mentalidad por parte de los tomadores de decisiones nacionales. “Se carece de un plan de ordenamiento territorial, a pesar de que hay una ley para ello. No se le concede importancia a eso, como tampoco a un Plan de Nación que fue elaborado tras el golpe de estado de 2009 y programado hasta el 2030. No lo aplican porque el estado hondureño es una especie de archipiélago disperso en el que se traban en luchas internas distintos grupos de influencia y poder al interior del estado. Cada día el estado hondureño responde más a una arquitectura de la corrupción porque los corruptos se han preocupado de ir construyendo, primero, un sistema de impunidad”.

Una vez más Honduras se enfrenta a su reconstrucción sin un plan congruente que permita el desarrollo.

(Archivo)

A causa de la tendencia demográfica al alza del país, Meza considera que la negligencia en los asuntos públicos hondureños provocará un estado de crisis más agudo en el futuro. “Esa continuidad se va a traducir en mayor pobreza, desigualdad, y por lo tanto en mayores niveles de flujos migratorios hacia los territorios del norte. La población crece, pero la economía no se desarrolla lo suficiente para satisfacer las necesidades de su población. Estamos creciendo al 2.6%, antes al 3, pero sigue siendo una tasa de crecimiento muy alta. Eso quiere decir que cada tanto tiempo se duplica la población de nuestro país sin que se resuelvan los problemas básicos. El Mitch produjo el TPS, estos huracanes Eta y Iota ya están produciendo las primeras caravanas en plena pandemia”. Para Meza, el problema migratorio y social hondureño no se va a enderezar hasta que se entiendan las dinámicas políticas, económicas y sociales que han dado lugar a este perfeccionamiento del caos.

“El inconveniente de Honduras es el problema de sus élites empresariales, políticas, militares y de los medios de comunicación. Son las más primitivas e incultas no ya de la región centroamericana, sino de todo el continente. En Honduras tenemos derecho a una nueva clase política ilustrada, porque la actual es cavernaria. El asunto de la migración es considerado de manera diferente entre los círculos políticos y empresariales de Honduras. Para la opinión pública la migración es un problema: Fuga de recursos humanos, problema de derechos humanos y exclusión social. Pero para muchos empresarios y políticos hondureños la migración es una solución. Entonces es muy difícil que las personas que tienen poder de decisión busquen un remedio a esta cuestión. Los migrantes envían $5.000 millones al año; 20% del PIB. Ese ingreso de remesas le da sostenimiento al valor de la moneda nacional. El hondureño pobre se ha convertido en el principal producto de exportación del país”.

Esta yarda tiene dueño, pero las llaves de la propiedad las tiene el ‘guachimán’

Pero el dueño legítimo de este territorio mal cuidado a cargo de un negligente guachimán es el propio pueblo hondureño que sale en masivas olas migratorias hacia el norte. Debajo de una capa de 205 millonarios que según The Economist es la segunda mayor cantidad por país en Centroamérica, y más bajo aún de una capa de profesionales o empresarios independientes, junto a otros que en no menor medida trabajan para estos millonarios o forman parte del estado, hay un grueso de cerca de 70% hondureños en condiciones de pobreza, con 40% en pobreza extrema. Sin embargo, procurar una Honduras con cultura democrática y una fuerte clase media, en lugar de una finca de miseria a manos de pocos, es una lucha cuesta arriba que en el pasado reciente interesó a unos cuantos en el panorama internacional.

“La política económica del país ha favorecido la concentración de riqueza. Hace 40 años no existía esa concentración, y éstos son los sectores que tienen el control del estado. Es muy difícil que un país de estas características pueda superar la vulnerabilidad y la miseria, pues se vuelve reaccionario porque los grupos de poder se juntan y lo controlan para proteger sus intereses. Y los grupos desprotegidos viven de las dádivas que se dan durante las elecciones”, explica Julieta Castellanos.

Con esta disposición del tablero de ajedrez tan comprometido para los intereses públicos del pueblo hondureño, muchos esperan que la Comunidad Internacional provoque un cambio de rumbo, algo que Castellanos considera poco probable. “Los cooperantes no intervienen de manera directa en ningún gobierno. Cuando se trata de los bancos, si el país invierte bien o no, lo que les prestan, ellos no tienen ninguna injerencia ni entran en confrontación con el gobierno. Quizá se tenga más presión de la Unión Europea por temas políticos. Pueden sancionar al país o quitarle ayuda. El interés de EE.UU, por otro lado, ha sido el lavado de activos y la migración. La corrupción no entra en eso. Es de esperar de la cooperación lo posible, pero no que arreglen el país, porque eso lo vamos a tener que resolver los hondureños”.

Las esperanzas de recibir ayuda decisiva desde el norte son especialmente bajas tras la relación simplista que el gobierno más importante e influyente en la región ha tenido hacia el Triángulo Norte de Centroamérica durante los últimos 4 años.

“La administración Trump no ha reconocido los frecuentes y flagrantes abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno hondureño. En su lugar, ha enfocado su atención casi exclusivamente en asuntos migratorios, sin hacer una conexión entre ambos fenómenos”, explica Marisa O. Ensor. Para Víctor Meza, esta complacencia hacia el gobierno nacional de Honduras por parte de Trump se debe a que se ha visto “al gobernante y al gobierno hondureño como un aliado incómodo pero necesario en la lucha contra el crimen organizado y la contención de la migración. Es incómodo por la corrupción y sus evidentes vínculos con las redes criminales organizadas”. Pero con el cambio de gobierno en Washington D.C., la congresista demócrata Norma Torres declaró a este medio que cambios en la actitud a la región son de esperarse.

“Con una nueva administración aquí, habrá un reenfoque para la crisis humanitaria que hemos visto en la región no solo con el cambio climático, sino con las administraciones corruptas. Continuar enviando dinero al gobierno de Honduras sería fallarle a la gente que ha sido más afectada. Si no hacemos eso, seguiremos viendo caravanas de migrantes moviéndose hacia el norte. EE.UU no está preparado para lidiar con miles de personas en su frontera sur”.

Para Torres, la colaboración en el combate a la corrupción y la impunidad con una clase política corrupta e impune es un esfuerzo inútil que debe llegar a su final, con el pueblo hondureño como protagonista. “Podemos crear tantas organizaciones como queramos, pero si no tienen apoyo en esos países, todo el trabajo que intentamos hacer sería inútil. La institucionalidad no surge por sí sola. La democracia no ocurre porque se funden organizaciones o se elijan o nombren jueces. Sucede cuando los propios jueces se someten a sí mismos a un estándar más elevado y la gente detrás de ellos les exige nada menos que eso. Los hondureños deben ser capaces de pelear por lo que quieren”.

Pero desde la perspectiva de Julieta Castellanos, este claro horizonte se dificulta en la realidad social de Honduras. “Cuando se lucha contra un estado que instala a estos gobiernos corruptos, los riesgos son mayores para la ciudadanía”. Algo que, de forma clara, manifiesta la Dra. Ensor. “Con una Corte Suprema controlada por el ejecutivo, un Congreso Nacional manejado por aliados políticos con serias acusaciones de corrupción, la posibilidad de introducir iniciativas para sobreponerse a los problemas existentes ha sido seriamente reducida. En todo caso, hay un tipo de aprendizaje negativo en cuanto a principios democráticos, ya que el gobierno -elegido tras fuertes protestas anticorrupción en 2015-, ha mostrado su voluntad de ofrecer impunidad a sus aliados, y por supuesto también a su presidente”.

Así las cosas, si la democracia es un sistema que nació para contrarrestar la confabulación de las clases que ostentan el poder -por primitivas que sean-, en detrimento de las mayorías, los sirvientes públicos hondureños asemejan a un guachimán que hace tiempo dejó de honrar su función de proteger la yarda, y más bien volvió su arma contra el legítimo dueño de la propiedad, forzándolo a subyugarse o emigrar. Si bien el pueblo hondureño debería resolver esta situación por sí mismo -hay elecciones en noviembre de 2021-, si el poderoso país del norte sigue apoyando a quienes con su corrupción e ineptitud favorecen la desigualdad que excluye y expulsa gente, es mucho más difícil solucionarla. Honduras podría sumirse en una pobreza y un caos aún mayores, y la emigración podría convertirse en éxodo. Pareciera que, hasta ahora pocos en Washington, como la legisladora Norma Torres, miran claro este horizonte.

“La solución está en nosotros mismos, en nuestra voluntad. Pero también es justo decir que el país encuentra grandes barreras de carácter no solo económico y social, sino cultural y académico. El migrante es una persona que huye del Estado de Honduras que no le da oportunidad. Es un ser transicional, que va de una sociedad premoderna a insertarse en una sociedad hiper desarrollada como lo es la norteamericana. Esa es una transición cultural humana muy dolorosa”, reflexiona Víctor Meza.