OPINIÓN: El Club Campestre de Tijuana: ¿Expropiación legítima o revancha política?

De un simple rumor pasó a una advertencia que se veía muy lejana, sin embargo, este 13 de abril, ardió Troya, o mejor dicho Tijuana, al publicarse en el periódico oficial del gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, un decreto de expropiación del Club Campestre de Tijuana. Este espacio que abrió sus puertas en 1950 y con el paso de las décadas, se convirtió en un sitio emblemático para la sociedad tijuanense, podría ser destinado a la creación de áreas públicas para realizar actividades de “utilidad pública”, es decir, deportivas, culturales y de esparcimiento.

El acta para iniciar el camino hacia la expropiación se hace pública apenas a unos días del arranque oficial de las campañas electorales que van a celebrarse el próximo 6 de junio, cuando están en juego la gubernatura, cinco alcaldías y 25 diputaciones en Baja California. Las aguas están agitadas, pero ¿de quién es el Club Campestre? ¿Por qué se expide este decreto? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Y, ante todo: ¿Es legal esta acción?

Un poco de historia: Corría el año 1948 cuando el general Abelardo L. Rodríguez, convocó a un grupo de 35 personas, la mayoría de ellos hombres de negocios, para proponerles el rescate del campo de golf de 8 hoyos que había formado parte del suntuoso complejo turístico Agua Caliente y se encontraba en el abandono después de que el general Lázaro Cárdenas prohibiera los juegos de azar y expropiara el complejo para convertirlo en un centro educativo.

El grupo asume el compromiso de acondicionar el campo de golf y ampliarlo a 18 hoyos. De inmediato empezaron a vender membresías para el club; se dice que cada uno hizo una aportación económica y recibieron 70 hectáreas con el requisito de que los terrenos no se utilizarán para otro fin. La primera presidencia del Club Campestre de Tijuana A.C. recayó en Octavio Lelevier de la Fuente y la gerencia en Enrique Rivera Kennedy.

El sector empresarial ha manifestado su preocupación y rechazo ante este decreto de expropiación, porque lanza un mensaje directo contra la inversión privada, afectando de manera negativa la atracción de capitales extranjeros y por consecuencia, al sector de la industria maquiladora.

(Guadalupe Rivemar.)

Pero es el futuro inmediato el que agobia a los actuales socios del Campestre quienes sienten una especie de espada de Damocles sobre sus cabezas. Entre ellos, el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, socio activo del Club Campestre quien ha fungido como presidente de este durante varias gestiones, sumando un total de 11 años liderando los caminos del organismo. Hay quienes atribuyen la emisión de este decreto a una revancha política del gobernador Bonilla en busca de perjudicar a González Cruz, con quien tuvo notables diferencias mientras este fue alcalde de la ciudad. Las constantes acusaciones del gobernador sorprendían, no solamente por el tono y la gravedad de estas, o por la ligereza de exponerlas desde sus redes sociales, sino porque ambos pertenecen al mismo partido (MORENA).

El sector empresarial ha manifestado su preocupación y rechazo ante este decreto de expropiación, porque lanza un mensaje directo contra la inversión privada, afectando de manera negativa la atracción de capitales extranjeros y por consecuencia, al sector de la industria maquiladora. De igual forma, lo consideran un acto de autoridad que fractura la unidad de la sociedad en Tijuana, hoy en día, la ciudad más poblada de Baja California, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Flavio Olivieri, doctor en Desarrollo Global, no justifica esta acción con el pretexto de crear áreas verdes para la ciudad y opina: “Yo creo que la verdadera necesidad de áreas verdes está en las colonias, sobre todo en la parte Este de la ciudad. Si realmente quieren mejorar la calidad de vida de los habitantes, hay que incrementar las áreas verdes, en donde más beneficio pueden brindar. Que se apoye el proyecto del Parque de la Biosfera en el predio ‘Los Nogales’ por el bulevar 2000 y la carretera libre a Tecate. Eso sí tendría un impacto positivo para la ciudadanía. Considero absurdo el tema, no solo por la clara violación del estado de derecho, sino porque realmente con esta acción no está atendiendo las necesidades de la población”. Hoy en día, el Campestre es un pulmón en la mancha urbana de Tijuana, cuyo alto costo de mantenimiento y cuidado lo cubren los socios.

El arquitecto René Peralta, profesor de la Universidad de Oklahoma, refiere un caso similar que ocurrió en Bogotá, Colombia, donde el alcalde Enrique Peñalosa (1998-2001) pretendía convertir un céntrico Country Club en un parque público. Y reflexiona: “El debate actual sobre la expropiación del Club Campestre de Tijuana es otro capítulo de la lucha por la ciudad, uno que la actual generación de tijuanenses necesita resolver. El de Bogotá debería ser un caso de estudio para Tijuana y considerar que un litigio de esta naturaleza puede durar más que el plazo y la notoriedad de cualquier político. Hoy en día ese litigio en Colombia continúa entre el club privado y el gobierno”.

Y concluye: “La discusión moral y el debate actual en realidad se relaciona con el espacio social y con quién tiene derecho a transformar la ciudad. Es un hecho que Tijuana es una ciudad donde sus áreas verdes por ciudadano están por debajo de la cifra sugerida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y entonces, la pregunta queda en el aire: ¿Quién tiene derecho a la ciudad?”

Lo cierto es que con esta expropiación se desempolvan los archivos que se remontan a tiempos muy lejanos, cuando el gobierno de don Benito Juárez, regaló tierras a diestra y siniestra para crear centros de población y desarrollo en este rincón de la patria mexicana, favoreciendo en 1829, a la familia de don Santiago Argüello con un terreno rústico de diez mil quinientas treinta y tres hectáreas, aquí en el norte de la Baja California, frontera con el estado de California.

Las historias, incluyendo la del Club Campestre de Tijuana, se siguen escribiendo cada día.