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La Corte Suprema propina una derrota al presidente Trump y mantiene la demanda de que revele sus impuestos

El Presidente Trump le da la mano al Presidente de la Corte Suprema John G. Roberts Jr. en 2017.
(Jim Lo Scalzo / AFP/Getty Images)

La Corte Suprema le propinó al presidente Trump una gran derrota el jueves al rechazar sus reclamos de inmunidad presidencial y mantener las citaciones de los fiscales de Nueva York que buscan que revele sus declaraciones de impuestos y registros financieros.

En uno de los fallos más esperados sobre el privilegio presidencial en años, los jueces, por un voto de 7 a 2, dictaminaron que el jefe del ejecutivo de la nación no está por encima de la ley y debe cumplir con las demandas legítimas de un gran jurado de Nueva York que estaba investigando los supuestos pagos de dinero de Trump a dos mujeres que afirmaban haber tenido relaciones sexuales con él.

Trump inició una acción legal para bloquear las citaciones y alegó que como presidente tenía una “inmunidad absoluta” de las demandas de información personal o confidencial.

El presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts Jr., escribiendo en nombre de la mayoría, rechazó la demanda de inmunidad de Trump.

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“Reafirmamos ese principio hoy y sostenemos que el presidente no es absolutamente inmune a las citaciones criminales del Estado que buscan que se dé a conocer el contenido de sus papeles privados ni tiene derecho a un mayor nivel de inmunidad”.

En un caso relacionado con una citación similar de los investigadores de la Cámara, el tribunal también dictaminó 7-2 que el presidente no tenía inmunidad. Pero los jueces anularon las citaciones de la Cámara, diciendo que los tribunales inferiores no expresaron adecuadamente las cuestiones legales y constitucionales planteadas por la solicitud.

Los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr. disintieron en ambos casos.

Aunque las decisiones fueron una derrota para Trump, hay un lado positivo para él, ya que es probable que los detalles de sus finanzas permanezcan en secreto para el público en general, porque los grandes jurados operan de forma confidencial y rara vez filtran información.

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Si los investigadores de la Cámara hubieran recibido los registros de Trump, habría sido mucho más probable que parte o toda la información se hubiera filtrado antes de las elecciones de noviembre.

Además, no está claro exactamente cuándo deben entregarse los documentos al gran jurado. El tribunal dijo que Trump todavía podía seguir luchando legalmente planteando otras cuestiones.

El resultado en año electoral tiene un obvio significado político, debido a que se dio el caso de que la separación de poderes del presidente, el Congreso y el sistema judicial estaban en juego.

Trump reaccionó a la decisión, insistiendo en que los tribunales en el pasado habían favorecido a los presidentes en tales asuntos. "¡Pero no a mí!”, tuiteó.

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En un caso similar en que los alcances de los poderes presidenciales están en juego, la corte decidió unánimemente que el presidente Nixon tenía que entregar las cintas de Watergate y que el presidente Clinton debía ser depuesto en la demanda por acoso sexual de Paula Jones.

En cuanto a la citación de la Cámara, Roberts dijo que había una necesidad de un “enfoque equilibrado” en este enfrentamiento entre el presidente y el Congreso. Agregó que un juez debe examinar más de cerca las citaciones y “evaluar cuidadosamente si el propósito legislativo afirmado justifica el paso significativo de involucrar al presidente y sus documentos”. También señaló que la cantidad de registros debería ser “reducida” en su alcance.

Añadió que la Cámara no había explicado por qué necesitaba los registros financieros de Trump para legislar. “Es imposible concluir que una citación está diseñada para avanzar un propósito legislativo válido a menos que el Congreso identifique adecuadamente sus objetivos y explique por qué la información del presidente adelantará su consideración de la posible legislación”, manifestó.

Después de que los demócratas obtuvieran el control de la Cámara en las elecciones de mitad de período de 2018, tres comisiones separadas -sobre supervisión, inteligencia y servicios financieros- emitieron amplias citaciones a los contadores de Trump exigiendo registros que se remontan a 2010 sobre las finanzas personales y familiares de el ahora presidente. Una citación al Deutsche Bank buscaba registros sobre los préstamos tomados por Trump y su organización.

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Los abogados de la Cámara dijeron que el Congreso tiene el poder y el deber de llevar a cabo la supervisión y las investigaciones, incluso sobre el jefe ejecutivo. Señalaron que era especialmente importante poner atención a ello, ya que Trump parecía tener negocios que estaban ocultos al público, y dijeron que sus finanzas podían revelar si el presidente tenía conflictos de intereses, incluyendo negocios en Rusia.

Por otra parte, se dijo que un gran jurado de Nueva York estaba investigando los posibles crímenes que involucraban los tratos personales y de negocios de Trump allí. También emitió una citación para buscar sus registros financieros.

A diferencia de otros presidentes desde la época del Watergate en la década de 1970, Trump se negó a revelar sus declaraciones de impuestos y ha mantenido en secreto los detalles de sus negocios. Los investigadores estaban particularmente interesados en saber si Trump y sus negocios estaban muy endeudados con bancos extranjeros.

Trump dijo que durante la campaña de 2016 esperaba publicar sus declaraciones de impuestos, pero luego se negó a hacerlo.

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Los abogados personales de Trump presentaron demandas en Nueva York y en Washington para bloquear las citaciones. Argumentaron que las demandas de registros eran extremas e injustificadas, y que el presidente tenía una “inmunidad absoluta” frente a los investigadores que buscaban información personal y confidencial.

Perdieron en los tribunales inferiores. Los jueces federales y los tribunales de apelaciones de Estados Unidos en Washington y Nueva York dictaminaron que el presidente, al igual que otros ciudadanos, no tenía derecho a desafiar las citaciones para los registros emitidos por el Congreso o un gran jurado.

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