Tribunal Supremo analiza impugnación del mandato sobre vacunas de Biden para empleados
El plan del presidente Biden para obligar a unos 100 millones de empleados a vacunarse contra el COVID-19 se enfrenta a un importante desafío en el Tribunal Supremo.
Los abogados de 27 estados liderados por los republicanos y decenas de grupos empresariales argumentan que Biden se ha extralimitado en sus funciones, y se presentan ante un tribunal conservador que es cada vez más escéptico con respecto a las regulaciones federales nuevas y de gran alcance.
Pidieron a los jueces que emitan una orden que bloquee la entrada en vigor de las normas de Biden. Pero antes de hacerlo, el tribunal dijo que escucharía los argumentos de ambas partes en un par de casos relacionados.
En el primero, el tribunal decidirá si la administración puede exigir a los empleadores con 100 o más trabajadores que se aseguren de que todos los empleados estén vacunados o se sometan a pruebas semanales de COVID-19.
Esta norma se basa en la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, que otorga al Departamento de Trabajo la autoridad para emitir una “norma temporal de emergencia” para proteger a “los empleados [que] están expuestos a un grave peligro por la exposición a sustancias o agentes determinados como tóxicos o físicamente nocivos o por nuevos peligros”.
La administración dice que el virus es un “nuevo peligro” que representa una grave amenaza, una que ya ha matado a más de 800.000 estadounidenses.
Los abogados republicanos dicen que el virus no es un peligro claramente “laboral”. La OSHA “solo puede regular los peligros relacionados con el trabajo”, y el virus se propaga por todas partes, argumentó el fiscal general de Ohio, Dave Yost, en un escrito presentado esta semana junto con los otros 26 estados republicanos.
Los abogados de las empresas también dijeron que las compañías perderían trabajadores vitales si el mandato de la vacuna entrara en vigor.
Cuando Biden anunció por primera vez la norma en septiembre, la Casa Blanca dijo que podría afectar a 84 millones de empleados en todo el país. Los jueces conservadores pusieron rápidamente en suspenso la norma, pero el 17 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Ohio, en una decisión de 2 a 1, levantó esas órdenes y anunció que la norma podía entrar en vigor.
Ello sentó las bases para que el alto tribunal se ocupe de la cuestión por la vía rápida. El caso principal se llama Federación Nacional de Empresas Independientes contra el Departamento de Trabajo.
En la segunda serie de casos, el tribunal decidirá si los hospitales, residencias de ancianos y otros centros que atienden a pacientes de Medicare y Medicaid deben exigir a sus trabajadores que se vacunen.
Este requisito se basa en las normas de Medicare y Medicaid que establecen que los centros que reciben fondos federales deben cumplir las normas que los funcionarios sanitarios federales determinan como “necesarias en interés de la salud y la seguridad” de sus pacientes ancianos y enfermos.
“Nos enfrentamos a tiempos muy difíciles durante las vacaciones de invierno”, afirma la Directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer.
La procuradora general Elizabeth Prelogar, que representa a la administración Biden, dijo al tribunal que esta norma sobre vacunas cuenta con el “apoyo casi universal” de las principales organizaciones médicas y de salud pública. También señaló que incluye exenciones por razones médicas y religiosas. La Casa Blanca manifestó que esta norma podría afectar a 17 millones de empleados.
Pero los fiscales estatales republicanos demandaron y obtuvieron fallos de jueces designados por Trump en Missouri, Louisiana y Texas, que dejaron en suspenso la norma en 25 estados. Dijeron que los hospitales de las zonas rurales perderían empleados si se les decía que debían vacunarse.
El caso ante el tribunal se llama Biden vs. Missouri.
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