Cámara baja de Georgia pasa iniciativa para deportar a migrantes encarcelados sin estatus legal
La Cámara de Representantes de Georgia respaldó el jueves una iniciativa que obligaría a departamentos de policía locales a ayudar a identificar a los migrantes que ya estén encarcelados y no tengan autorización para estar en el país a fin de detenerlos para su posible deportación.
La cámara baja aprobó la iniciativa HB 1105 con una votación de 97-74 después de que la policía acusó a un venezolano de matar a golpes a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia. La propuesta pasa ahora al Senado para su debate.
José Ibarra fue arrestado el viernes por cargos de asesinato y agresión en relación con la muerte de Laken Riley, de 22 años, el día anterior. Ibarra, de 26 años, es un ciudadano venezolano que, según las autoridades migratorias, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022. No está claro si solicitó asilo.
Riley era estudiante de enfermería en la Universidad Augusta, campus Athens. Su cuerpo fue encontrado el 22 de febrero después de que su compañera de cuarto informó que no había regresado tras salir a correr por la mañana en una zona boscosa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de gastos por 460.000 millones de dólares que mantendría el financiamiento para algunas de las agencias federales clave durante el resto del año fiscal.
La medida también impondría nuevos requerimientos en la manera como las autoridades penitenciarias deben consultar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) para determinar si se tiene conocimiento de que un detenido está ilegalmente en el país. El representante estatal republicano Jesse Petrea dijo que esa disposición es necesaria para aplicar una ley estatal existente que obliga a los departamentos de policía locales a consultar al ICE sobre personas que no parecen ser ciudadanos estadounidenses.
Los jefes de policía locales niegan que estén haciendo caso omiso de la ley. El proyecto de ley haría que los sheriffs que no consulten el estatus migratorio sean culpables de un delito menor. El proyecto de ley también negaría la financiación estatal a las cárceles y alguaciles que no cooperen.
El requerimiento de ayudar al ICE exigiría que las ciudades y condados que cumplen los requisitos soliciten lo que se conoce como un acuerdo 287(g) para permitir que los agentes locales apliquen la ley de inmigración. No está claro cuántos serían aceptados: el gobierno del presidente Joe Biden ha restado importancia al programa.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes contabilizó en julio que seis de los 159 condados de Georgia tienen acuerdos 287(g) con el ICE. Cinco de ellos son sólo en las cárceles. El condado de Oconee, un suburbio de Athens, cumple órdenes de detención por infracciones migratorias y por órdenes de deportación, pero sólo dentro de su cárcel. El programa no faculta a las fuerzas de seguridad locales a efectuar detenciones específicas de migrantes fuera de una cárcel.
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