Nueve razones para leer El Fiscal Imperial de J. J. Lemus

Si a usted le convenció la propuesta de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que en su gobierno la procuración y acceso a la justicia no sería para unos cuantos, sino más cercana a la gente, por lo que se integrarían adecuadamente las carpetas de investigación o averiguaciones previas de cualquier delito hasta su culminación con la sentencia de un juez, y, sin embargo; a 4 años del sexenio está decepcionado, enojado y desesperanzado, al ver que esto no se tradujo en los hechos.

Y si le entra la suspicacia al pensar ´que es una mera simulación que se enjuicie a expresidentes como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y miembros de su gabinete, así como a exgobernadores, exsecretarios de seguridad, exministros, por corrupción, saquear las arcas de la nación, complicidad con organizaciones criminales, entre otros delitos de lesa humanidad, dejando a miles de huérfanos en un país envuelto en sangre, porque ni siquiera existen averiguaciones previas en su contra, o se aplazan las que hay, mientras se persigue a políticos incomodos hasta aniquilarlos.

Que se dio o se pretende dar carpetazo a las pesquisas de los autores intelectuales como altos mandos militares de masacres históricas de estudiantes, al tiempo que se revictimiza desde el poder a activistas y periodistas asesinados; que las cosas siguen igual ya que no se castiga la tortura, el secuestro, los feminicidios, la violación, la desaparición forzada, cuyos deudos de miles de víctimas buscan literalmente debajo de las piedras para presentar pruebas a las mismas fiscalías especializadas y encargadas de investigar.

Que el destino de nuestro país es vivir eternamente en la impunidad con agentes del Ministerio Público y jueces comprados que liberan a delincuentes, y nos pueden fabricar en cualquier momento un delito y encarcelarnos injustamente; con políticos indiciados que cínicamente pasan de un gobierno a otro; empresarios que burlarán la ley por tráfico de influencias al más alto nivel´.

Con ese doble racero se está administrando la justicia en la Cuarta Transformación. Por un lado, con desprecio hacia el ciudadano común, por el otro, con venganza o encubrimiento si se pertenece a las élites económicas o políticas. Hay un responsable sistemático de todo ello: Alejandro Gertz Manero (AGM), titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo más lamentable es que no existe el contrapeso del Poder Ejecutivo que regule esos excesos hacia los mexicanos, así lo expone el prolífico escritor y periodista independiente J. Jesús Lemus Barajas en su más reciente libro de periodismo de investigación El Fiscal Imperial, del sello editorial HarpersCollins México.

Todo ciudadano tiene que leerlo para comprender las razones del deficiente o nulo acceso a la justicia en el México actual. El autor, quien arriesgó la vida para hacerlo en el exilio porque no hay condiciones en nuestro país, cuenta con 11 libros publicados y 33 años de trayectoria. Se ha especializado en temas de corrupción política, crimen organizado, despojo de territorio, minería, ambientalismo y derechos humanos. Vivió en carne propia en el régimen calderonista, la desgracia de ser recluido en un penal de máxima seguridad por delitos no cometidos e imputados desde el poder.

Con su pluma valiente mediante su metodología periodística – presentando hechos que relaciona y analiza magistralmente, documentados en fuentes históricas nacionales e internacionales (CIA y DEA), datos oficiales mediante solicitudes de información, testimonios directos de víctimas de la amañada procuración de justicia y de integrantes de organizaciones criminales que conocieron los enjuagues del fiscal, además de análisis de especialistas en materia jurídica, penal y perfiladores psicológicos- nos explica a fondo los entretelones y los porqués del actuar o la omisión Gertz Manero para obstaculizar los principios consagrados en el Artículo 17 de la Constitución: facilitar a las víctimas el acceso a la justicia pronta, transparente e imparcial; y quien paralelamente hace de la FGR un imperio para encubrir a sus allegados o alevosamente ajustar cuentas personales pendientes.

Pero cuando se trata de torcer la ley, fabrica culpables y delitos, sigue expeditamente las averiguaciones previas judicializándolas, desaparece expedientes, crea testigos colaboradores a modo, concluye los procesos judiciales si es conveniente a sus intereses, trafica con influencias, soborna, extorsiona, hace tratos por fuera de las instancias legales, libera anticipadamente a los indiciados, acelera órdenes de captura, persigue, hace juicios mediáticos, expone el autor.

J.J. Lemus devela los casos más emblemáticos de la mala o nula procuración de justicia estando Gertz Manero al mando de la FGR, quien con su deficiente servicio público “está llevando a descarrilar a la llamada Cuarta Transformación, dejándola descalabrada y con un halo de incredibilidad”, señala, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2024. De este hombre depende el éxito o fracaso de esta administración federal, subraya.

Aquí nueve razones para que usted no se pierda El Fiscal Imperial:

1.- La justicia sigue sin llegar al pueblo

El desprecio ha sido la actitud más común para las mayorías por parte de los últimos procuradores de justicia federales, misma de la que hace gala el hoy titular de la FGR. Desde el 18 de enero de 2019 que entró en funciones a la fecha no ha tenido ni una sola comparecencia pública para explicar cómo se están investigando uno de los delitos que más laceran a los mexicanos como es la desaparición forzada, cuyo padrón de los últimos 15 años es de 196 mil 500 personas desaparecidas, de las cuales; sólo reconoce 2 mil 884 carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas. Y ni qué decir de las fiscalías estatales, donde sólo se buscan a ocho de cada mil desaparecidos, todo ello es el análisis de Lemus Barajas. En el capítulo 12 expone el calvario de una mujer que lleva 14 años buscando a su padre y a dos de sus hermanos, mendigando justicia en todos los niveles de gobierno. No es prioridad acabar con este delito.

¿Hay agentes y policías ministeriales en colusión con miembros de organizaciones criminales? ¿Se sigue perpetuando la revictimización de los desaparecidos? ¿Se continúa convenciendo a los familiares para que no se levanten las denuncias a tiempo? ¿Seguiremos escuchando a personas cercanas expresar que policías ministeriales y adscritos a las fiscalías les recomendaron: ‘sabe qué, señito, ya ni le mueva, ya ni le busque, o se meterá en más problemas´? Descúbralo usted mismo en el libro.

Respecto a las desapariciones forzadas en masa como los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿de boca de Gertz Manero sabremos por qué desechó la “verdad histórica” del exprocurador y hoy indiciado Jesús Murillo Karam?, quien por decir “ya me cansé” sobre el caso en una comparecencia en 2015 se le inició un juicio político, del cual fue exonerado. ¿Podremos llevar a juicio político al fiscal imperial en algún momento por las omisiones e intromisiones en la procuración de justicia en este tema tan doloroso u otros?

2. Pasado opaco, presente oscuro y futuro seguro

Y, a todo ello, ¿quién es Gertz Manero? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su trayectoria en el gobierno? ¿Con quién se ha relacionado para llegar a dónde está? ¿Qué lo conduce a actuar así? Jesús Lemus lo indaga, así como sus orígenes familiares y su perfil psicológico para conocer las motivaciones que lo llevan a actuar con indolencia cuando tiene que facilitar el proceso de justicia a las víctimas de delitos federales.

Y proceder con dolo cuando se trata de proteger sus intereses personales incluso de su propia familia, al deshacerse de políticos que considera enemigos, o al salvar a quien debe o le deben su carrera en el sistema, o al cobrar deudas añejas a favor o en contra de potentados de la oligarquía nacional.

Al no existir documentos públicos de sus orígenes y relaciones familiares, trayectoria, desempeño y resultados de su paso de 60 años en diversas dependencias del gobierno federal (como si de manera deliberada Gertz Manero los hubiera tratado de borrar), el periodista indagó en los anales históricos.

El abuelo del fiscal, Cornelius B. Gertz, un migrante de origen alemán, al llegar a nuestro país amasó una gran fortuna como agiotista a través de casa de empeño, después con otros negocios, codeándose con las élites políticas y económicas de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México del periodo porfirista y luego postrevolucionario. En 1942, ya en la Segunda Guerra Mundial, fue espiado por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, en el gobierno del presidente Miguel Ávila Camacho, por presuntamente promover el régimen nazi de Adolfo Hitler en México.

Usted descubrirá el motivo para que Cornelius B. Gertz heredó a sus nietos -Alejandro y Federico- su inmensa riqueza, la que el fiscal defiende con uñas y dientes. También le legó la manera de relacionarse en gobiernos de izquierda, derecha y ultraderecha, financiando a candidatos sin importar su ideología. En ese marco, podemos comprender porque AGM ha chapulineado del PRI al PAN, pasando por el MC, hasta llegar a Morena.

Pertenece a una élite intelectual acomodada y a ese grupo de funcionarios de mandos de dirección en el gobierno federal que son hijos, nietos o parientes de familias de origen europeo, de esa “casta de criollos, sin ideología política, que desde hace décadas se han apoltronado en el poder sólo para garantizar sus intereses de clase, donde naturalmente se asoma el cubrirse las espaldas”. Su capital social heredado (recomendaciones y conectes) le permitió transitar, escalar y mantenerse por más de medio siglo en dos cargos al mismo tiempo en la administración pública. Lo cual es un misterio.

Por ley, los mexicanos tenemos derecho a saber la declaración patrimonial y de intereses, así como los ingresos de quienes ocupan cargos en la administración pública, para que luego no nos sorprendamos de que al finalizar su gestión terminan inmensamente ricos. No obstante; el fiscal “no aceptó hacer públicos sus bienes patrimoniales” por posibles conflictos de intereses, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que investigó los inmuebles que posee en México y en el extranjero.

Por otro lado, no hay ninguna clausula legal que obligue a los funcionarios a demostrar que están física y mentalmente aptos para desempeñarse en el servicio público.

Tres perfiladores psicológicos apuntan que Gertz Manero denota inseguridad personal, por lo que mantiene oculta su esfera familiar, no quiere que se conozcan su historia y sus antecedentes. Su comportamiento revela que carece de sentido de lealtad y empatía. Mantiene sentimientos de odio, superioridad, es iracundo y celoso.

Es “vengativo, insufrible, astuto, perverso, siniestro, inteligente y prepotente”, lo dicen sus propios familiares. Opera en silencio y espera el momento adecuado para atacar, incluso si tienen que pasar ser décadas, como lo demuestran los casos que analiza el periodista.

Es abogado de profesión, cuenta con un doctorado en Derecho, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, ha escrito 11 libros, tiene 82 años de edad y estará al frente de la FGR hasta el 2028. Sólo podrá ser removido del cargo a petición del presidente de la República, si incurre en algún delito, si cambia de nacionalidad, si está impedido físicamente o si comete violaciones graves a la Constitución.

3. Y, sin embargo; la FGR no se mueve

Pese al aumento de presupuesto cada año para todas las áreas de la FGR, incluyendo la persecución de los delitos -de 15 mil 328 millones 222 mil 730 pesos en 2019 a 17 mil 966 millones 54 mil 777 pesos en 2022- sus resultados son pobres: decidió no llevar ante un juez competente a por lo menos 117 mil carpetas de delitos del fuero federal, de las cuales, a 26 mil 187 no se les dio seguimiento. ¿El motivo? El Ministerio Público las concluyó anticipadamente, con lo que los probable imputados quedaron absueltos, amparándose en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), señala el autor.

Otras 21 mil 553 de esas carpetas se enviaron a empolvarse a los archivos para retomarse en otra ocasión, porque “no urgen”; se decidió no judicializar (asignar un número de trámite) a 65 mil 947 y otras 3 mil 547 carpetas se abstuvieron de llevarlas ante un juez competente. No obstante, en lo que va de la gestión del Gertz Manero, se han abierto 222 mil 787 carpetas de investigación, donde sólo 47. 4 por ciento terminaron ante un juez. El resto no se concluyeron. Menos del 10% de los acusados de esos delitos terminaron en prisión, expone la investigación periodística.

Lo que también exhibe que ese órgano de procuración de justicia tampoco está moviendo un dedo en materia de prevención del delito en una nación donde reina el crimen organizado y, por lo tanto, la inseguridad.

Con relación al desempeño, planes y estrategias contra la delincuencia organizada del fiscal en la FGR, no hay información pública, “fue dada de baja, por lo tanto, es inexistente”.

“No hay una ley que obligue a la FGR a dar seguimiento a todas las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por lo que hoy se tienen uno de los índices más altos de omisión”, subraya a J.J. Lemus.

4. Se vende protección al mejor postor

De acuerdo con un abogado penalista consultado por el autor, no es que no haya recursos ni personal para que se atienda los reclamos de justicia de los mexicanos, sino que el fiscal está ocupado cobrando deudas de oligarcas mexicanos.

En lugar de dar seguimiento a las denuncias por lavado de dinero, fraudes y desfalcos al interior de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Gertz Manero actuó con celeridad para investigar un caso de desfalco económico por 2 mil millones de pesos en el club Cruz Azul, pues afectaban los intereses de Televisa y TV Azteca, y para cobrarse una deuda pendiente con el dueño de dicho equipo, quien decidió apoyar a Felipe Calderón cuando contendió por la Presidencia de la República en 2006 y golpear mediáticamente a su gallo patrocinado desde ese entonces: Andrés Manuel López Obrador.

Lo más lamentable es que la FGR actué como “cobradora de Salinas Pliego”, sí, como abonera de pagos chiquitos de Elektra, al encarcelar el año pasado al directivo del Club de Futbol Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, por presunto fraude en prejuicio de TV Azteca, revela el autor.

La expulsión de personajes clave del círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador como Julio Scherer Ibarra, exasesor jurídico de la Presidencia, tuvo que ver con su presunta responsabilidad en el tráfico de influencias, corrupción y uso indebido del servicio público. El familiar de los fundadores de la revista Proceso era puente entre los abogados de delincuentes de cuello blanco y la Fiscalía General de la República para llegar a acuerdos en lo oscurito y liberarlos anticipadamente.

El abogado Juan Collado Mocelo -conocido por ser representante legal de Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps- actualmente preso por los delitos de corrupción, fraude fiscal y peculado, denunció que Scherer Ibarra lo sobornó con 2 mil millones de pesos para sacarlo de prisión.

El fiscal Gertz Manero integró una carpeta de investigación en contra de Scherer Ibarra por los delitos de extorsión y cohecho que fue presentada en agosto de 2021 a AMLO, quien pidió la renuncia de su asesor jurídico.

Lo que más pudo encolerizar al fiscal para terminar de aniquilar de la esfera política a Scherer Ibarra fue la publicación de un reportaje en el semanario en 2018 sobre una casa secreta en Lomas de Chapultepec y por la “deslealtad” al filtrar a la prensa un borrador de la FGR con iniciativas para reformar el sistema de Justicia, de acuerdo con fuentes consultadas por el periodista. Cuando se exhiben las riquezas del fiscal, ahí sí salta.

5. La FGR es usada para venganzas personales

Alejandro Gertz Manero ha ocupado posiciones importantes en casi todos los campos sociales de la vida pública nacional: la cultura y las artes, instituciones educativas y académicas, partidos políticos, la administración pública local y federal. Cuando se siente amenazado, actúa en consecuencia o espera con sigilo para vengarse de quienes lo pusieron en riesgo, analiza J.J. Lemus.

En 2021, ya al frente de la FGR, Gertz Manero la emprendió contra el nieto de quien hace 72 años investigó a su abuelo y a su padre por supuestamente promover el régimen nazi en México, Miguel Alemán Magnani. ¿De qué se le acusó? Defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos. Dicho empresario se refugió en Francia. Lo inaudito es que en ese mismo año no se dio seguimientos a 204 carpetas por el mismo delito en todo el territorio nacional.

Un antiguo rencor con Eduardo Medina-Mora Icaza y Genaro García Luna, viejos rivales y compañeros del gabinete de seguridad del entonces presidente Vicente Fox Quezada, el fiscal lo expió 15 años después.

En ese entonces, Gertz Manero, siendo comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), desarticuló una red de negocios corruptos al interior del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), comandados por los mencionados personajes respectivamente, quienes por adjudicación directa se embolsaron 63 millones de pesos. Estos presionaron a Fox Quezada para que lo destituyera.

En 2019 ya como fiscal general de la República, Gertz Manero quiso integrar una carpeta de investigación por delitos que sólo él conoce para enjuiciar a Medina-Mora Icaza, subraya J.J. Lemus, pero López Obrador lo impidió porque éste era ministro y podría manchar la honorabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente, Medina-Mora Icaza presentó su renuncia sin explicación alguna. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sí cuenta con una carpeta de investigación vinculada al exministro, pero es “información de carácter reservado”.

Respecto a Genaro García Luna, Gertz Manero ya en la FGR buscó llevarlo a juicio por delitos de corrupción, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tenía una investigación amarrada que lo relacionaba directamente con actos criminales en el mundo del narcotráfico, por lo que lo encarceló en enero de 2019.

Lo que hizo el fiscal fue aportar elementos de prueba mediante testimonios de excolaboradores de García Luna a la DEA a cambio de impunidad en México, permanecer en la FGR y a sumarse a su equipo. Hoy en día, esos testigos colaboradores a modo encabezan la Policía Federal Ministerial, las áreas de Métodos Judiciales y de Asuntos Internacionales e Interpol, así como los departamentos de Investigación de Delitos y de Asuntos Internos, expone el periodista.

Un asunto también muy escandaloso en el que se vio envuelto al fiscal en los últimos dos años es el que tiene que ver con su familia política, “un proceso ilegal que fue corregido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

A la pareja de su hermano Federico, Laura Morán Servín de 96 años, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas Morán de 69, Gertz Manero las acusó del asesinato de su consanguíneo, por lo que se les fabricó el delito de homicidio doloso de concubino por omisión de auxilio.

¿El motivo? Dividendos de una empresa fantasma en las Islas Caimán y una supuesta herencia de 7.8 millones de dólares en una cuenta en Suiza en manos de Morán Servín, a quien el fiscal la extorsionó para que renunciara la pensión que le heredó su pareja; la obligó a pagarle 3 millones 550 mil pesos como compensación, a devolverle piezas de arte valuadas en más de 40 millones de pesos y a mantenerse arraigada en su domicilio a cambio de retirar las órdenes de aprehensión contra ella y su hija.

Cuevas Morán fue recluida durante 17 meses en el penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde J.J. Lemus fue a entrevistarla para esta investigación.

Luego de que los hijos de ésta tocaran puertas, incluso en la Presidencia de la República, y de una movilización social y mediática, finalmente el 28 de marzo de 2022, la SCJN absolvió a dichas mujeres.

Ella declaró al periodista que ningún juez o jueza de primera instancia quiso fallar en este proceso conforme a derecho porque “todos en el Poder Judicial le tienen miedo a Gertz porque saben lo rencoroso y vengativo que es cuando se trata de sus venganzas personales”. Conozca por parte del autor cómo 5 años atrás de este litigio, el fiscal ya había maquinado ese ajuste de cuentas.

Otros afectados por el resentimiento del fiscal han sido 31 académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a quienes todavía se les busca imputar el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por haberlo rechazado en varias ocasiones desde el 2010 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Actuó de la misma manera contra el exrector y exdirectivos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) acusándolos del desvío de más de 100 millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins. Todos cuentan con órdenes de aprehensión en su contra porque se opusieron a que Gertz Manero se apropiara de la marca UDLAP.

6. Actores políticos corruptos intocables

Laxa y pasiva es la actuación del fiscal Gertz Manero en los procesos de investigación de redes de corrupción política en los pasados sexenios y en la administración actual, señala J.J. Lemus. Tal es el caso del desvío de por lo menos 7 mil millones de pesos del erario en “La Estafa Maestra”, de Rosario Robles, quien antes de ser sentenciada, fue liberada de prisión. Al igual en el tema de los sobornos de la empresa brasileña Odrebecht destinados a financiar campañas de candidatos del PRI, de Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, quien sigue encarcelado y todavía no ha sido sentenciado.

Los señalamientos de delincuencia organizada y lavado de dinero al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sólo han quedado en eso porque la FGR aún no los ha judicializado.

Ni por presión presidencial, el fiscal ha judicializado las tres carpetas de investigación que existen del fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, cuando se conocen evidencias de su complicidad con el Cártel de Rosa de Lima, en el Bajío.

Mucho menos se investigan las denuncias por corrupción y tráfico de armas de tres comisionados de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), entre ellos, el coronel José Sigifredo Valencia Rodríguez, relacionado con compra de sofware para espionaje. Se guardaron tres carpetas de investigación contra Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado de 2013 a 2016, relacionadas con las matanzas de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán, y otra por la represión de profesores en Nochixtlán, Oaxaca.

Se abstuvo de atender las dos carpetas de investigación contra Maribel Cervantes Guerrero, ex comisionada de la PFP, por tráfico de armas durante el operativo Rápido y Furioso, quien la libró por un amparo. Las armas que circularon se usaron para múltiples homicidios en México como la masacre de migrantes centroamericanos en Tamaulipas, la matanza de Tlataya, en el Estado de México, en el asesinato de siete periodistas, entre otros.

Existe un largo etcétera de actores políticos “que son sinónimo de corrupción, y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados”, subraya el periodista.

Sin embargo; sorprendieron las maniobras que emprendió Gertz Manero para exonerar de manera expedita -la investigación sólo tardó 57 días- al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Apagando los Cienfuegos de un general

En 2019, la Administración del Control de Drogas (DEA) del gobierno norteamericano acusó de narcotráfico y de lavado de dinero a Cienfuegos Zepeda, por lo que en 2020 fue detenido en California.

Sólo estuvo preso un mes tres días y las negociaciones para liberarlo fueron por instrucciones de los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, respectivamente.

El mandatario mexicano fue presionado por la cofradía de los 43 generales que controlan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que -“a manera de hermandad”- explica el autor, “se cuidan y protegen entre ellos”.

El general fue liberado y repatriado a México, junto con una carpeta de investigación de la DEA para que se le siguiera el proceso en nuestro país. El expediente contenía pruebas de que protegía al cartel del H2, Francisco Patrón Sánchez, subalterno del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que controlaba el tráfico de drogas desde Nayarit a Estados Unidos. Se le seguía la pista desde el 2013. En su lugar, Gertz Manero lo juzgó por el delito de acopio y tráfico de armas, del cual lo exoneró. La DEA estima que las sumas por lavado de dinero de esas operaciones ascienden a 200 millones de dólares.

La némesis del fiscal

Un personaje que sí trabajaba y se creyó que el combate a la corrupción iba en serio en la Cuarta Transformación es Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apunta J.J. Lemus.

Nieto Castillo, paradójicamente acusado de corrupción y ajusticiado mediáticamente, fue desterrado del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador por los tejes y manejes del fiscal a finales del 2021.

Desde que asumió su cargo Santiago Nieto mostró más eficiencia en la persecución de los delitos financieros que la FGR. En tan sólo un mes de gestión integró 82 carpetas de investigación por estos, que fueron aumentando hasta llegar a 433 en 2021. Congeló 483 mil 880 millones 779 mil pesos en depósitos y una cantidad parecida en transferencias. En cambio, la FGR de 2018 a 2020 sólo inició dos averiguaciones por delitos financieros.

Dentro de los rastreos de transferencias sospechosas de México hacia el extranjero encontró una a través de la empresa inmobiliaria Algerman, cuyos socios eran Gertz Manero y su yerno, José Antonio Martí Munain, por un millón de dólares a un banco en Suiza, cantidad muy por encima de los ingresos no declarados del fiscal, con la probabilidad de ser lavado de dinero.

Pero “el verdadero peso de la investigación -señala el periodista- son unas transferencias sospechosas de grandes sumas de dinero, entre las que destacan, traspasos entre bancos de México y Estados Unidos por 4 millones 319 mil pesos, de las que no se observa un origen lícito; un depósito a Alejandro Gertz Manero a una cuenta en España por 103 mil euros. Un depósito por 4 millones de dólares a su cuenta proveniente de un banco en EU. A esa misma cuenta un depósito por más de 37 mil 858 dólares. Otro depósito por 38 millones 959 mil 144 pesos, al que se suma otro por la cantidad de 35 millones de pesos”, cuyo origen es incierto.

7. Histórico encubridor de crímenes de Estado

Este libro hay que leerse en términos relacionales, es decir, analizar a los personajes que interactúan y se adaptan a los cambios en las redes del sistema político para que figuras como Gertz Manero existan y acumulen un inmenso poder. Al deberse favores, son leales entre sí, por lo tanto, se cubren las espaldas.

En 1970, gracias a la relación de su padre, José Cornelio Gertz, con el entonces presidente Luis Echeverria Álvarez, Alejandro Gertz Manero ocupó la plaza de secretario y asesor jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Paralelamente, en 1971, recomendado por Porfirio Muñoz Ledo, el que era procurador de la República, Pedro Ojeda Paullada, lo nombró agente del Ministerio Público auxiliar, adscrito a la Unidad de Averiguaciones Previas de la PGR.

Desde esa ahí se negó a iniciar las averiguaciones previas relacionadas con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, donde el Estado asesinó a 78 estudiantes y desapareció a 31.

“Por lealtad y fidelidad con Echeverría Álvarez”, tampoco atrajo la investigación de El Halconazo del Jueves de Corpus, donde fueron asesinados por el Estado 23 estudiantes y 150 resultaron heridos.

Ese encubrimiento fue retribuido en 1974 al ascenderlo como agente del Ministerio Público jefe de unidad, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, donde tampoco investigó la desaparición del líder social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército mexicano, por considerarlo guerrillero del movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, quienes reclamaban justicia para los pueblos pobres.

Desde la PGR, de acuerdo con el periodista, se simulaba perseguir los agravios del Ejército contra la población civil en los tiempos de la llamada Guerra Sucia, cuando se reprimía a las organizaciones civiles y populares que levantadas contra el Estado en los estados más pobres del país. En la zona donde desapareció Radilla Pacheco, Atoyac de Álvarez, Guerrero, se calculan 450 desapariciones forzadas a manos militares. Ni siquiera se integraron las carpetas de investigación debidamente.

Existen evidencias, de que Gertz Manero también se negó a actuar en las averiguaciones previas de 134 desaparecidos durante ese oscuro periodo en la Historia del México de los años setenta. Lo que sí se empeñó en perseguir fue el delito de terrorismo, donde su objetivo era la organización guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre. Para 1975 ya se habían detenido a 120 de sus miembros. Esos logros los aplaudió la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del Gobierno estadounidense.

Un año después, el procurador Pedro Ojeda Paullada lo ascendió a oficial mayor de la PGR con funciones de subprocurador. La misma CIA lo recomendó con Luis Echeverría Álvarez para ser coordinador de la Campaña Nacional de Combate al Narcotráfico, el primer operativo global de Estados Unidos para controlar el ingreso de drogas desde México.

Así, se convirtió en el primer zar antidrogas mexicano. En ese mismo año, el Gobierno estadounidense creó la Operación Cóndor para evitar la expansión del comunismo en Latinoamérica con gobiernos progresistas, dotando de dinero y armento a los países que quisieran erradicar las guerrillas en sus territorios. En México, estuvo focalizada en el combate a los nuevos cárteles de drogas, donde el hoy fiscal la coordinó tan sólo un año. Usted descubrirá en este libro porqué Estados Unidos perdió la confianza en Gertz Manero en el combate antidrogas y qué estrategia creó el fiscal para terminar con la inseguridad infiltrando a organizaciones criminales.

Con estos antecedentes de encubrimiento a los autores intelectuales de masacres a los civiles, ¿será posible que Gertz Manero enderece el timón e investigue a mandos militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? La Historia lo dirá.

8. Sólida amistad con AMLO y otros políticos de la transición

¿Y de todo ello está enterado el presidente Andrés Manuel pez Obrador? ¿Por qué no destituye al fiscal Alejandro Gertz Manero?

Por lo menos ocho veces, menciona J.J. Lemus, al momento de escribir el libro, el presidente de la República ha defendido públicamente al fiscal de los cuestionamientos de la prensa, lo define como un hombre bueno, incapaz de inventar delitos y apegado a la legalidad. Los une una amistad de 45 años.

Para 1976, como parte de las lealtades de familia en la política, Alejandro Gertz Manero fue nombrado procurador de la Defensa del Trabajo por Pedro Ojeda Paullada, titular de la Secretaría del Trabajo.

Paralelamente, el hoy presidente de la República dirigía el Instituto Indigenista de Tabasco. Ahí se relacionó con Porfirio Muñoz Ledo, quien le presentó a Gertz Manero en 1977. López Obrador necesitó la ayuda del procurador de la Defensa del Trabajo para otorgar seguridad laboral a indígenas que trabajaban para el gobierno. Gertz Manero actuó rápidamente y apoyó a AMLO. Hicieron una mancuerna productiva que derivó en la creación de delegación federales de la Secretaría del Trabajo en los estados y que se estableciera como obligación que los patrones capacitaran a sus trabajadores.

Al marcharse Pedro Ojeda Paullada a la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, Gertz Manero se queda bajo la protección del nuevo secretario del Trabajo, Javier García Paniagua, hijo del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en 1968 y abuelo del hoy titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch. Como agradecimiento de no haber investigado a su padre por los crímenes de estudiantes en Tlatelolco, García Paniagua le dejó tomar decisiones en la dependencia, que dejó para irse a otra y ya no jaló a su protegido.

Durante 12 años, Gertz Manero se ausentó del servició público, y en 1988, Porfirio Muñoz Ledo lo invitó a unirse a la Corriente Nacional Democrática (CND) del PRI, dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. De manera discreta financió la campaña presidencial de Cárdenas Solorzano en ese año, también la de 1994 y la del 2000. Incluso la movilización social que reclamaba el conteo de votos. Ahí, uno de los principales buscadores de financiamiento económico era Andrés Manuel López Obrador. También fue mecenas de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD al Gobierno del Distrito Federal en 1997 donde ganó, y, desde luego, por gratitud le otorgó la Secretaría de Seguridad Pública del DF. También patrocinó en el 2000 la campaña del candidato del PAN a la Presidencia, Vicente Fox Quezada, simultáneamente la campaña de AMLO a jefe de Gobierno del Distrito Federal; después en la contienda de 2006 a la Presidencia de la República.

Con ese modo de operar por parte de Gertz Manero, no extrañaría que sus recursos económicos decidan al próximo candidato presidencial del partido Morena o de otro.

9. Delitos contra periodistas, entre la impunidad y el descredito

Además de que el acceso a la justicia del gremio informativo en lo que va del actual sexenio no dista de los dos anteriores, sistemáticamente se tiene un criterio selectivo para atraer los casos de agresiones, asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas, cuando se considera a México como el país más peligro del mundo para ejercer el periodismo.

En materia de asesinatos de periodistas, en el régimen del presidente Felipe Calderón, de 107 homicidios, sólo se atendieron 53; con el presidente Enrique Peña Nieto, de 88, sólo se investigaron 53. En los primeros 40 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 46 crímenes, sólo se han atraído 12, los demás de se turnaron a las fiscalías estatales.

Esos crímenes pueden deberse a la colusión que siguen manteniendo miembros del crimen organizado con funcionarios de gobierno de los niveles estatal y municipal, reconoció Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Para no manchar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con cifras negras de asesinatos de periodistas, el fiscal Gertz Manero sigue la misma estrategia que utilizó la PGR en sexenios pasados: descalificar a los periodistas, negándoles su calidad de profesionales en la información después de muertos, es decir, revictimizándolos.

Aunado a que “organizaciones que simulan defender a los periodistas: Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas”, en mutuo acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de la Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), seleccionan qué homicidios de periodistas son dignos de investigarse y cuáles no, bajo el criterio de “ejecutados por su labor informativa”.

Lemus Barajas documenta cómo crímenes de periodistas por su labor informativa se hicieron pasar por delitos del fuero común: riñas callejeras, asaltos; sin investigación de por medio, las autoridades sostienen que los comunicadores estaban coludidos con el crimen organizado o que fueron ultimados por sus preferencias sexuales, se suicidaron o mantenían relaciones tóxicas con sus parejas. En 2004, el caso del asesinato del periodista guerrerense Leodegario Aguilera Lucas, además de negársele su calidad de profesionista de la información, engrosó las carpetas arrumbadas de los desaparecidos. Su caso se cerró cuando el gobierno federal “encontró sus restos óseos”, cuando en realidad eran los de un perro. Con ese desprecio se procura la justicia a los periodistas en México.

En materia de desapariciones forzadas de periodistas, la impunidad es del 100%. No hay ninguna carpeta de investigación de casos en la FGR de Gertz Manero, mucho menos existe un protocolo de búsqueda.

Una fuente desde adentro de la Fiscalía General de la República declaró a Lemus Barajas que los periodistas “no miden el nivel de riesgo” en su labor informativa. Las desapariciones se concentran en 11 de los estados del país con los índices más altos de violencia. Tal vez están relacionados con sus “reportajes del clima de violencia en sus regiones, el saqueo de recursos naturales realizado por grandes corporativos que devastaron el suelo y el agua”.

Así se ejerce el periodismo en la Cuarta Transformación

Este libro es claro ejemplo de cómo se hace periodismo de investigación en México en el actual sexenio: en el exilio, huyendo por el país, agazapado, escondido, amenazado de muerte y linchado mediáticamente desde el poder.

Lemus Barajas expone el caso de Luis Cardona, un periodista de investigación con más de 40 años de trayectoria, quien tuvo que desplazarse de su ciudad después de haber sido secuestrado en 2012 por un grupo del crimen organizado, en 2019 sufrió un linchamiento mediático desde la oficina propia Comunicación Social de la Presidencia, poniendo de nuevo su vida en riesgo.

Después de acudir a conferencia mañanera donde cuestionó al presidente de la República sobre la captura y liberación por fuerzas federales de Ovidio Guzmán López, jefe del Cártel de Sinaloa, conocido como el Culiacanazo (donde el fiscal Gertz Manero no participó cuando era su deber), fue víctima de una campaña de odio en su contra, con cinco amenazas de muerte directas en redes sociales por parte de seguidores del gobierno en turno y bots.

El caso de la lideresa del sindicato de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, Beatriz Adriana Hernández Juárez, exhibe la fabricación de culpables por negarse a pactar en lo oscurito con el gobierno federal. Por hacer una huelga en reclamo al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, se le indició penalmente por indebido uso del servicio público y “huachicoleo” informativo, este último no contemplado en el Código Penal Federal. Se le acusó de recibir 2 millones de pesos del Sindicato de Telefonistas para financiar la huelga que estalló en 2020 y el desvío de recursos por viáticos: 2 mil 500 pesos. Gertz Manero la amenazó con pisar la cárcel si no presentaba su renuncia.

Por su parte, la entonces directora de Notimex, Sanjuana Martínez, denunció ante la FGR a 123 periodistas de la agencia que no firmaron su renuncia y despidió a 241 porque no comulgaban con la ideología de la Cuarta Transformación.

El caso de la periodista Mariel Albarán, expone Lemus Baraja, no sólo es una muestra de la complicidad del sistema para que las mujeres no accedan a la justicia, sino también es un ejemplo de cómo pueden pasar de víctimas a victimarias. Luego de la denuncia por violación a sus menores hijas por parte de su propio padre, Manuel Cavazos López, quien es un magistrado de la élite de procuración de justicia del país, Gertz Manero amenazó con encarcelarla.

En resumen, a dos años de que termine este sexenio, si no se reconoce que a los mexicanos nos siguen debiendo el acceso a la justicia, no nos sorprendamos de estallidos sociales, linchamientos públicos, que la gente haga justicia por su propia mano; ni tampoco de que en la conciencia colectiva permanezca que en México se puede amenazar, descuartizar, violar, desaparecer, asesinar, traficar droga, robarse el dinero público, al cabo, reina la impunidad.

Como deber cívico compartamos la lectura de El Fiscal Imperial, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Penal Federal, por si las flais, como decimos los chilangos.