Demandan al sheriff del condado de Orange por abuso de reos, incluidas muertes de recién nacidos
Hace poco eran criticados por tener contratos con las autoridades de inmigración, ahora una demanda federal es presentada al Sheriff del condado de Orange en nombre de varios reclusos que alegan abuso en cárceles de la región.
Entre las quejas se encuentra el aislamiento injustificado de reos, el monitoreo inadecuado en las llamadas telefónicas de reclusos y abogado; el uso de medidas disciplinarias injustas y la pobre atención al acceso médico de las mujeres embarazadas y durante el parto.
Una de las demandantes dice que estaba detenida cuando se rompió su fuente, pero al momento de presionar el botón de llamada en su celda, no recibió respuesta durante dos horas.
A poco tiempo de su lanzamiento, la campaña “Igualdad no puede esperar”, de la filántropa Melinda Gates, ha acaparado la atención de miles de seguidores en las redes sociales, especialmente en el Día de la Igualdad de las Mujeres.
Sandra Quiñónez dice que cuando los agentes finalmente la llevaron a un hospital, se detuvieron a tomar café durante dos horas. Ella perdió a su bebé.
James Selna, juez del distrito, indicó que sólo permitiría algunas de las reclamaciones hechas en una demanda similar presentada a principios de este año.
Don Barnes, jefe del Sheriff, emitió un comunicado diciendo que como jefe “siempre me esfuerzo por prosperar, y como sheriff, he trabajado diligentemente en mejorar nuestras operaciones”, pero agregó que “los reclamos de trato inhumano en las cárceles del condado de Orange son evidentemente inexactos”.
El sheriff dijo que las cárceles de su departamento son operadas consistentemente con mandatos estatales y federales, y son inspeccionadas regularmente por supervisión de agencias, que les dan comentarios positivos consistentes.
Poco después de avisarle a las familias inmigrantes que reciben atención medica, que sus permisos de estadía serían revocados, con 33 días para abandonar el país empezando el 7 de septiembre, el gobierno del presidente Donald Trump retrocede.
Otra demandante, Ciera Stoetling, estaba en la cárcel del condado cuando dio a luz a su bebé, que murió mientras la mujer estaba detenida.
Stoetling “había informado que estaba embarazada en la cárcel”, según la demanda.
“Llegado el momento del parto presionó el botón de emergencia en su celda y el personal de la cárcel fue informado de sus contracciones, pero no recibió respuesta. Luego presionó nuevamente el botón de emergencia por segunda vez debido a más dolor”, dice la demanda.
Eventualmente, la enfermera de la cárcel se negó a llevarla al hospital por falta de personal. Luego la condujeron a la enfermería de la cárcel y le dijeron que bebiera ocho tazas de agua. Esto fue un sábado por la mañana, y el personal le informó (a la reclusa) que sería vista por un médico el lunes”.
A pesar de las recientes balaceras que han dejado muertos y heridos a través de Estados Unidos, y el creciente número de protestas para el control de las armas, un grupo insta a los estadounidenses a apoyar sus derechos sobre la Primera y Segunda Enmienda de Estados Unidos, todo en nombre de Dios.
La demanda alega también el caso de un demandante que ha estado en aislamiento durante cinco años. Otros presos de alto perfil nombrados en la demanda incluyen a Johnny Martínez, quien algunas autoridades especulan es el nuevo líder del Condado de Orange en la rama de la mafia mexicana.
Barnes alegó que Martínez es “un líder de la mafia mexicana que trabajó continuamente para dirigir crímenes violentos desde la seguridad de su celda”, pero Martínez alega que se le niega el acceso a los servicios religiosos.
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