Activistas desafían la política de asilo del tercer país
Varios activistas pro inmigrantes estan desafiando la política del “tercer país seguro” con Guatemala y otras naciones que obligan a las personas que huyen por sus vidas a buscar asilo en la misma región peligrosa de la que huyeron.
Las políticas impiden que los solicitantes de asilo reciban una oportunidad de asilo en Estados Unidos. En cambio, los peticionarios son envían a Guatemala, y pronto a El Salvador y Honduras.
Estos países están plagados de violencia epidémica, inestabilidad y sistemas de asilo mal equipados, dicen líderes comunitarios, que esta semana impusieron una demanda contra la política.
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La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, y Human Rights First presentaron la queja a nivel federal desafiando a la administración Trump con respecto a los llamados acuerdos.
Las personas tienen el derecho legal de solicitar asilo en Estados Unidos, dicen los abogados de derechos civiles. Sin embargo, el país primero debe proporcionar “acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo” para calificar como seguro. Estos países no cumplen con ese estándar.
“La administración Trump ha creado un juego mortal de sillas musicales que deja a los refugiados desesperados sin un refugio seguro, en violación de la ley estadounidense e internacional”, dijo Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
“La administración está tratando ilegalmente de rechazar a los solicitantes de asilo y pasar el dinero a otros países que no pueden protegerlos”, enfatizó.
La demanda cita violaciones de la Ley de Refugiados, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Los demandantes son solicitantes de asilo que huyeron a Estados Unidos y fueron trasladados ilegalmente a Guatemala, así como organizaciones que atienden a solicitantes de asilo. Incluyen, ahí se incluye el caso de U.T., un hombre gay de El Salvador que huyó de su país a Estados Unidos luego de ser amenazado por un miembro de la pandilla MS-13.
El inmigrante teme ser atacado o asesinado por su orientación sexual si trata de vivir abiertamente como un hombre gay en su país de origen. Viajó por Guatemala en ruta a los Estados Unidos y fue objeto de hostigamiento homofóbico en Guatemala. Cuando llegó a Estados Unidos, los funcionarios fronterizos dijeron que lo trasladarían a Guatemala, donde también teme la persecución homofóbica.
Entre otros casos se encuentra el de M.H., una madre hondureña que huyó a los Estados Unidos con su pequeña hija. Su esposo y su cuñada trabajaban en el negocio del transporte en Honduras y se vieron obligados a pagar a las pandillas locales para poder trabajar. Ambos fueron asesinados. Temiendo por su seguridad después de ser amenazado, M.H. y su hija huyó a los Estados Unidos, solo para ser enviada de vuelta al peligro.
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“Los casos de los demandantes ilustran cuán insensibles se han vuelto los ataques de la administración Trump al sistema de asilo y cuán lejos nos hemos alejado de nuestros propios valores como país”, dijo Ruben Loyo, abogado de litigios en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “
“La política de la administración es tan insensata como ilegal y pone a los solicitantes de asilo directamente en peligro”. Al enviar personas vulnerables a Guatemala, la administración se burla de las obligaciones de los Estados Unidos de proteger a los perseguidos, destripando el sistema de asilo del pasis. Más allá del reconocimiento “, dijo Blaine Bookey, codirector legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados.
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