La regla de la carga pública toma efecto el 24 de febrero, sorprende y confunde a muchos
La nueva regla de carga pública, que penaliza a los inmigrantes que buscan la residencia permanente por utilizar ayuda del gobierno, entra en vigor el 24 de febrero, lo que ha dejado a mucha gente que podría ser afectada entre la sorpresa y la confusión.
La regla otorga a los oficiales de USCIS el poder de negar las tarjetas verdes a los migrantes que usan o han usado cupones de alimentos, algunas formas de Medicaid, apoyo de vivienda pública, pagos de asistencia social o beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario.
“La verdad con la pelea en las cortes sobre la cancelación o la implementación de la regla, yo pensé que no podría ser implementada, ni mucho menos a tan corto plazo”, dice Liliana del Valle, quien busca la residencia para su esposo.
Cuando las personas con condenas por delitos mayores visiten Vote.org, ahora serán dirigidas a RestoreYourVote.org de CLC para comprender si pueden votar.
“Sinceramente no sabemos qué hacer, si proceder los trámites de mi marido o esperar a una decisión final de la corte. Tenemos hijos, y la posible deportación por buscar la residencia no es una opción para nosotros”, señala la señora.
La nueva política entraría en vigencia en octubre, pero fue bloqueada por jueces en varios tribunales federales de todo el país. No obstante, la decisión reciente de la Corte Suprema permite que mientras el caso está en los tribunales, la regla pueda aplicarse.
Para Alejandro Solís, la regla en pie también le trae confusión y sorpresa.
“La pregunta es pedir o no seguir pidiendo ayuda. Hace tiempo requerí de servicios, ahora estoy solicitando servicios de salud para la familia… Me da miedo pensar que si dejamos atrás esa asistencia de salud, algún imprevisto nos agarré sin protección”, dice Solís.
La comunidad pro inmigrante, señala que la salud, la vivienda y la alimentación están primero, enfatizando que se oponen a la decisión de la Corte Suprema.
“Los médicos de emergencias continuarán tratando a cualquiera que pase por nuestras puertas, pero nos preocupa que las personas que necesitan atención retrasen o se salten las citas hasta que su departamento de emergencias local se convierta en la mejor o quizá la única opción”, dice William Jaquis, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia (ACEP).
Cinco años de cárcel o hasta 250 mil de multa al empleado que viole la confidencialidad de preguntas del Censo
El no pedir ayuda médica, “pone en riesgo la salud de todos los estadounidenses, particularmente porque estamos viendo cómo las enfermedades infecciosas no contagiadas y altamente contagiosas pueden propagarse de manera rápida y global”, agrega.
Jaquis teme que privar a las personas de los beneficios federales esenciales también pueda agotar aún más los ya abarrotados departamentos y recursos de emergencia.
Asimismo, Sandra L. Shullman, presidenta de la Asociación Americana de Psicología, señala que permitir que esta regla entre en vigencia afectará negativamente la salud física y mental de los inmigrantes que más lo necesitan.
“Esta acción afectará desproporcionadamente a los inmigrantes más vulnerables y de bajos ingresos. Efectivamente, impediría a muchos de ellos mantener programas de vida y potencialmente salvadores bajo la amenaza de perder el camino hacia la ciudadanía y la posible deportación, lo que llevaría a más separaciones familiares de inmigrantes”, agrega.
El Centro de Política de Inmigrantes de California (CIPC) estima que sólo en este estado, 15-35 por ciento de las familias elegibles para diferentes servicios se darán de baja de los programas por temor a las consecuencias de inmigración.
Compensación independiente de arquidiócesis, ‘pretende cubrir pedófilos’
Cynthia Buiza, directora ejecutiva de CIPC, dice que la decisión de la corte es una decepción.
“Nuestro estado y nación son más sólidos cuando reforzamos los caminos para oportunidades dirigidas a todos. Independientemente de esta decisión del Tribunal, CIPC continuará luchando para salvaguardar la salud y el bienestar de todas las familias y comunidades, sin importar su estado”, indica.
El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO) asevera que sólo el Congreso, no la Administración, debe cambiar las reglas de la nación que rigen la elegibilidad para los beneficios.
Esta regla es un intento de borrar las enormes contribuciones netas a la economía estadounidense que los no ciudadanos hacen como trabajadores, empleadores y cuidadores.
Y aunque estas personas deben pagar impuestos desde el momento en que comienzan a vivir y trabajar en Estados Unidos, la mayoría de los no ciudadanos no son elegibles para recibir ningún beneficio público hasta que hayan sido residentes permanentes legales con buena reputación durante al menos cinco años.
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.
