Reclutaba a Marines de Camp Pendleton para recoger y transportar a migrantes indocumentados

Fiscales federales presentaron un cargo de conspiración contra un hombre acusado de reclutar y pagar a Marines y a otros ciudadanos de EE.UU para que transportaran a inmigrantes no autorizados a través del condado de San Diego poco después de que cruzaran de México a Estados Unidos.

El cargo contra Francisco Saúl Rojas-Hernández está relacionado con una trama que enredó a unas dos docenas de infantes Marines de Camp Pendleton, de los cuales al menos 13 dejaron su posición a raíz de las acusaciones de tráfico de personas y drogas.

Los fiscales militares retiraron la mayoría de los cargos en el caso a finales del año pasado después de que un juez dictaminara que el arresto masivo de 16 Marines frente a su batallón de 800 personas el verano pasado fue ilegal.

Rojas-Hernández está acusado de conspirar con los Marines y otros para transportar a los inmigrantes no autorizados dentro de Estados Unidos “para obtener ganancias financieras”, según una denuncia penal presentada el mes pasado en el Tribunal de Distrito de EE.UU.

Una orden de registro muestra que los agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval y la Patrulla Fronteriza arrestaron a Rojas-Hernández el 22 de enero en Solana Beach, un día después de haber obtenido una orden de arresto.

El abogado del acusado no respondió a un correo electrónico y un mensaje telefónico pidiendo un comentario.

Según los fiscales, los investigadores se enteraron del plan que involucraba al personal de Camp Pendleton el 3 de julio, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU arrestaron a dos Marines por supuestamente recoger a tres inmigrantes no autorizados cerca de Jacumba Hot Springs.

Durante el interrogatorio, esos dos Marines dijeron que un hombre al que conocían como Rojas les había pagado, “los reclutó y organizó la operación de contrabando”, según una declaración de causa probable escrita por Katelyn Thompson del Servicio de Investigación Criminal Naval.

Uno de los Marines identificó a Rojas-Hernández cuando le mostraron una foto, según el documento.

En los meses siguientes, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a varios otros ciudadanos estadounidenses que dieron el nombre de Rojas al identificar a quienes habían reclutado y pagado para que recogieran a inmigrantes no autorizados cerca de la frontera, según la declaración. En algunos casos, esas personas también señalaron a Rojas-Hernández dentro de una serie de fotos.

Según el documento del tribunal, los agentes de la Patrulla Fronteriza vincularon al menos seis casos a Rojas-Hernández, comenzando con los arrestos del 3 de julio de los dos Marines y terminando con la captura de otro ciudadano estadounidense el mes pasado, el 13 de enero, en el área de Boulevard.

Pero incluso mientras los investigadores estaban reuniendo pruebas y construyendo un caso contra Rojas-Hernández, los casos criminales militares contra los Marines se estaban desmoronando.

En noviembre, un juez del Cuerpo de Marines dictaminó que los arrestos de más de una docena de Marines implicados en el caso fueron ilegales por la forma en que se desarrollaron.

Los arrestos del 25 de julio fueron capturados en video por el Cuerpo de Marines y publicados por primera vez por el Union-Tribune en noviembre.

Al principio, 16 Marines fueron llamados al frente de su unidad — 1er Batallón, 5º Marines — y acusados de contrabando de personas. Fueron arrestados por un enjambre de 40 a 50 agentes policiales y marcharon esposados.

A otros ocho Marines sospechosos de delitos de drogas no especificados también los sacaron de la formación, y algunos fueron detenidos por el personal del batallón y llevados al calabozo.

Los Marines en la formación ese día testificaron durante una audiencia del 15 de noviembre que sus comandantes llamaron a los Marines acusados un “cáncer” en el batallón.

Los casos contra los Marines se desmoronaron después de esa audiencia. El juez dictaminó que el arresto masivo fue una violación ilegal de sus derechos debido a la “influencia ilícita del mando”, que ocurre cuando un comandante utiliza su posición de autoridad para influir en los procedimientos judiciales.

En diciembre, los oficiales militares dijeron que la mayoría de los cargos contra los infantes Marines serían retirados y que los casos se tratarían administrativamente, fuera del sistema de tribunales militares.

Muchos de los Marines fueron o se esperaba que fueran dados de baja del Cuerpo.

Hasta el 3 de diciembre, seis Marines se habían declarado culpables en un consejo de guerra, y cuatro todavía se enfrentaban a cargos criminales, según una declaración de ese día de los oficiales del Cuerpo de Marines.