Santa Ana y Orange no ayudarán a los agentes de “la migra” contra Ley Santuario
Poco después de la noticia de que la administración de Donald Trump planea enviar docenas de agentes de inmigración a las ciudades santuarios, las autoridades de la ley Santa Ana y Orange afirman que no harán nada para ayudar a cumplir la ley federal.
Un total de 10 ciudades estan en la mira de un despliegue de cientos de agentes, incluidos algunos de un equipo táctico de élite o BORTAC para ayudar a los funcionarios locales de inmigración a arrestar a los inmigrantes sin estadía legal en el país.
“Estamos conscientes del cambio de política federal’’, dijo Paul Eakins, un portavoz de Santa Ana. “El Departamento de Policía de Santa Ana no apoya o participa en acciones de inmigración’’, sostuvo.
Su meta era hablar sobre las redadas con representantes de la comunidad así como con los agentes de inmigración, pero Roland Gramajo, activista comunitario, terminó siendo arrestado por un evento que él mismo organizó.
Asimismo, Carrie Braun, una portavoz del Sheriff del Condado de Orange declaró que el departamento “nunca ha hecho y nunca hará cumplir la inmigración a nivel de la calle. Ese es el cargo del gobierno federal. Nuestro deber es proteger la seguridad y el bienestar de todos en nuestra comunidad, independientemente de estado de ciudadanía”, agregó.
El verano pasado, ICE tendría en el blanco el arresto de unas 2,000 personas en 10 ciudades de todo el país quienes habían sido ordenados previamente la deportación, pero los arrestos nunca se materializaron.
En esta ocasión el plan es llegar a Chicago, New York, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit y Newark de febrero a mayo.
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El director interino de ICE, Matthew Albence, le dijo a la AP que se necesitaban agentes adicionales porque los inmigrantes indocumentados están siendo liberados de las cárceles y sus agentes no pueden arrestarlos a tiempo.
ICE lleva cerca de un año diciéndole a la comunidad que las políticas de santuario amenazan la seguridad.
Albence sostiene que el formulario de detención le pide a las agencias de aplicación de la ley que notifiquen a ICE antes de la liberación de una persona para que esta pueda ser detenida por la agencia. Sin embargo, enfatiza que en todo Estados Unidos varias jurisdicciones se niegan a honrar la regla, lo que “libera a los delincuentes criminales a sus comunidades locales, donde son libres de ofender”.
“Para el público que quiere vivir y criar a sus familias en vecindarios seguros, le pedimos que responsabilice a sus legisladores antes de que usted, o alguien a quien ama, sea víctima innecesaria de un criminal que ICE podría haber sacado del país”, dijo el funcionario.
A nivel nacional, aproximadamente el 90 por ciento de todas las personas arrestadas por ICE durante el año fiscal 2019 o tenían una condena penal, un cargo penal pendiente, habían reingresado ilegalmente Estados Unidos después de ser expulsados previamente o eran un sujeto de deportación.
Al levantar una queja, los demandantes deben firmar primero el trámite que menciona la referida advertencia
Desde un punto de vista empírico, la relación entre inmigración y delincuencia es difícil de desenredar, según expertos.
Los datos sobre la nacionalidad de los prisioneros estatales no son confiables y los departamentos de policía municipales no recopilan sistemáticamente información sobre el lugar de nacimiento de las personas que arrestan.
Un documento de trabajo publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) concluye que los inmigrantes que vienen al país se auto-seleccionan para que sean menos propensos a causar crímenes, o tienen mucho más que perder al cometer crimen y por lo tanto son más fáciles de disuadir.
Sin embargo, los activistas y expertos en inmigración sostienen que las estrategias de ICE son para imponer temor, ya que sus números de delincuentes peligrosos son aislados.
“El circo del odio está en plena marcha. Nada justifica mejor los peligros de la fusión de ICE con los grupos de odio que ver al director de ICE, Albence y los sheriffs pro deportación organizando una conferencia de prensa contra los santuarios”, dijo Salvador G. Sarmiento, miembro de la Red Nacional de Organización de Trabajadores del Día Nacional (NDLON).
Alexandra Morales, gerente de políticas de CARECEN-LA indicó: “Debemos recordar que la administración actual está participando deliberadamente en tácticas para inculcar miedo y ansiedad en nuestras comunidades con el fin de promover una agenda política divisiva”, dijo Morales.
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