Qué significa para los indocumentados las demandas contra Newsom por quererles dar estímulos
Una demanda más llega contra el gobernador Gavin Newsom por el plan de proveer estímulos estatales para aquellos indocumentados que no obtuvieron estímulo monetario federal.
Esta es la segunda demanda en menos de 10 días, ahora de parte de la organización Judicial Watch, que impone la queja ante el Tribunal Superior de California, en Los Ángeles.
Depende del fallo del tribunal, el sector indocumentado tendría que esperar varios meses antes de ver esos fondos o de hecho no verlos del todo.
La fuerza laboral de California incluye aproximadamente 1.75 millones de inmigrantes indocumentados. Esta es la segunda concentración estatal más alta de trabajadores indocumentados (9.0%) en Estados Unidos, pero el estímulo estatal no cubre a todo este número. Newsom aún no ha dado detalles sobre cómo este sector podría obtener los estímulos y bajo que términos calificarían.
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El sector inmigrante indocumentado tampoco es elegible para pedir ayuda de desempleo. Las parejas mixtas, con una persona sin seguro social y la otra como ciudadano, tampoco recibieron los fondos de ayuda federales.
La queja contra Newsom se encuentra en nombre de dos contribuyentes de California, Robin Crest y Howard Myers, alegando que el gobernador sobrepasó su autoridad y violó la ley federal cuando, sin aprobación legislativa estatal afirmativa, tomó medidas ejecutivas para crear el “Proyecto de Asistencia de Desastre para Inmigrantes” y proporcionar beneficios en efectivo a extranjeros ilegales que de otro modo no son elegibles para el estado o seguro federal u otros beneficios debido a su presencia ilegal en Estados Unidos.
La demanda alega que la Legislatura del Estado de California no ha promulgado ninguna ley que establezca afirmativamente que los extranjeros ilegalmente presentes son elegibles para los beneficios públicos en efectivo de 75 millones.
Si alguno de los fallos procede a favor de los demandantes, el tribunal impide entonces que el estado distribuya ese monto.
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En la fase principal de la demanda, se exponen como primer paso los alegatos, donde cada parte explica su lado de la historia, lo que puede tomar meses indefinidos para la decisión del tribunal.
“El gobernador Newsome no tiene autoridad legal para gastar el dinero de los contribuyentes estatales en pagos en efectivo a extranjeros ilegales”, dijo el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton.
“El desafío del coronavirus no les da a los políticos un pase para violar la ley. Si los políticos de California quieren dar pagos en efectivo a extranjeros ilegales, deben ser responsables y transparentes y, como lo exige la ley federal, aprobar una ley para hacerlo”, sostuvo.
Para la comunidad indocumentado estos pasos contra la ayuda son fríos, en un momento muy vulnerable de sus vidas.
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“Sin ningún tipo de ayuda, me siento sin esperanzas. Muy triste de que en estos momentos en lugar que haya gente que se quiera unir y ayudar, opte por la división, la pelea y la ‘ley’ primero antes que la compasión por un ser humano”, dijo Josefina Martínez, madre indocumentada.
Alejandro Godínez, residente angelino e indocumentado, comentó: “Yo espero que en las cortes haya alguien que vea del lado del pobre, y se compadezca de las familias trabajadoras que salimos a buscar una vida mejor”.
La semana pasada, otro grupo, el Centro para la Libertad Estadounidense, presentó una petición de emergencia ante la Corte Suprema del estado solicitando una suspensión de la acción de Newsom. Los demandantes son la concejal de la ciudad de Whittier, Jessica Martínez y Ricardo Benítez.
En esa primera queja, Jesse Melgar, secretario de prensa de Newsom, emitió un comunicado diciendo:
“California está tomando medidas legalmente justificadas y moralmente necesarias para ayudar a todos los californianos afectados por COVID-19”, dijo Melgar.
“Estas acciones benefician la salud pública y el bienestar económico de las familias y las comunidades más afectadas por esta pandemia. Esperamos defender lo que sabemos que es justo en los tribunales”.
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