Comenzó el programa de alivio por el coronavirus para inmigrantes desempleados, aunque con dificultades

Al no calificar para beneficios de desempleo estatales, cientos de miles de inmigrantes sin trabajo enfrentan obstáculos adicionales para acceder a un nuevo programa de California que brinda un pago único de $500 durante la pandemia de COVID-19 para quienes no poseen estatus legal.

Con problemas para pagar los gastos de subsistencia, los trabajadores inmigrantes se encuentran con líneas telefónicas constantemente ocupadas y un personal abrumado en las organizaciones sin fines de lucro encargadas de distribuir los fondos, mientras compiten por una escasa cantidad de dinero que los funcionarios estatales reconocen como insuficiente para ayudar a todos los que lo necesitan.

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Los esfuerzos para reunir contribuciones privadas que complementen los $75 millones -en dinero de los contribuyentes- reservados para el programa por el gobernador Gavin Newsom hasta el momento no alcanzaron la meta de $50 millones.

Ahora, en medio de los problemas, un grupo de legisladores, incluida la senadora estatal María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles), pidió una expansión del programa para abordar mejor las necesidades de los inmigrantes desempleados y subempleados, y propuso $400 adicionales por semana durante dos meses.

“Las líneas telefónicas y los sitios web en todo el estado colapsaron debido al volumen de consultas”, remarcó Durazo el martes, el segundo día de la iniciativa. “Estos residentes indocumentados, que comprenden hasta el 10% de la fuerza laboral estatal, tienen urgencia de cualquier tipo de asistencia, ya que no califican para los beneficios de desempleo estatales ni para el dinero del estímulo federal”.

Una docena de organizaciones sin fines de lucro de California, incluidas la Coalition for Humane Immigrant Rights y el Central American Resource Center, con sede en Los Ángeles, fueron seleccionadas por los funcionarios estatales en el último mes para administrar el programa.

Como muchas personas indocumentadas temen que su información personal caiga en manos de las autoridades federales de inmigración, el estado envía el dinero a través de organizaciones sin fines de lucro, para mantener la confidencialidad de los destinatarios, cuyos datos no son siquiera compartidos con el estado.

El sitio web estatal que brinda información sobre el programa, incluidos los nombres de organizaciones sin fines de lucro que aceptan solicitudes, colapsó y no estuvo disponible durante dos horas y media este lunes por la mañana, indicó Scott Murray, portavoz del Departamento de Servicios Sociales del estado. También señaló que “a pesar de los desafíos técnicos iniciales... se han iniciado más de 6.500 inscripciones en todo el estado”.

Coalition for Humane Immigrant Rights recibió más de un millón de llamadas telefónicas, lo cual obligó a la entidad a agregar una segunda línea, según su directora ejecutiva, Angélica Salas.

El primer día de la iniciativa, la organización de Salas y otras dos que sirven a los condados de Los Ángeles y Orange procesaron las solicitudes de 1.644 familias y trabajadores inmigrantes que son elegibles para recibir hasta $822.500 en subvenciones únicas.

Entre quienes presentaron la solicitud el primer día se incluyó a una pareja en la que el esposo es residente permanente y la mujer es indocumentada, comentó Salas. Ambos son vendedores ambulantes de maíz en mazorca, pero no han podido trabajar en tres meses, detalló Salas.

“Sabemos que, con al menos 2.4 millones de californianos indocumentados, la respuesta y el programa no han tenido precedentes”, agregó.

En una publicación de Facebook donde instó a tener paciencia con el proceso, el Central American Resource Center detalló que recibió más de 50.000 llamadas telefónicas el lunes, “las cuales saturaron completamente nuestras líneas”, y enfatizó que el personal comprende la frustración de la comunidad y “está haciendo lo mejor que puede”.

Problemas similares existen en otras partes del estado, añadió Carole Vigne, abogada del personal de Legal Aid at Work, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes y personas con problemas de empleo.

Aunque se corrió la voz sobre el programa entre los inmigrantes en California sin estatus legal, “la demanda es demasiado grande y las organizaciones no pueden manejar el volumen”, comentó Vigne. “He escuchado de varios clientes que no pudieron comunicarse con la organización local aquí, en el Área de la Bahía”.

Un estudio reciente del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced estima que unos 289.000 inmigrantes sin estatus legal perdieron su empleo en California.

Newsom anunció hace un mes que la asistencia de emergencia para 150.000 inmigrantes provendría de $75 millones en fondos de los contribuyentes. Dicha cantidad se complementaría con otros $50 millones de fuentes privadas, agregó entonces, incluidos grupos de caridad fundados por Laurene Powell Jobs, la viuda del cofundador de Apple Steve Jobs, y por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg y su esposa, la Dra. Priscilla Chan Zuckerberg.

Un mes después, la iniciativa privada de la organización sin fines de lucro Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees todavía no ha obtenido todo el dinero privado prometido. El esfuerzo recaudó sólo $38 millones de los $50 millones anunciados inicialmente por el gobernador, según funcionarios estatales.

Para ser elegible a un único pago de $500, las personas deben proporcionar información que demuestre que son inmigrantes adultos sin estatus legal, que no son elegibles para asistencia federal relacionada con COVID-19 y que han experimentado dificultades como resultado de la pandemia. Las familias pueden recibir hasta $1.000.

Una vez aprobado, un individuo puede esperar recibir la asistencia única dentro de aproximadamente cinco días hábiles, dependiendo del modo de entrega, remarcó Murray.

Pero algunos legisladores demócratas afirman que la asignación inicial de dinero, si bien es bienvenida, no es suficiente para satisfacer las necesidades de las familias inmigrantes que han perdido ingresos debido a la orden de permanecer en casa.

Como resultado, 14 legisladores estatales le escribieron a Newsom para pedirle que proporcione $400 adicionales por semana, durante dos meses, a trabajadores inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país, señalando que mientras que las subvenciones iniciales hicieron de California el primer estado del país en brindar apoyo financiero para los trabajadores inmigrantes afectados por la pandemia, se deben tomar medidas adicionales.

“Necesitamos y debemos hacer más”, enfatizaron los legisladores. “Tenemos que seguir trabajando juntos para abordar el vacío creado por la falta de acción de la administración federal que ha dejado a nuestra población de trabajadores indocumentados en el olvido; sin ningún tipo de apoyo o gratitud por las tareas que realizan a diario”.

La carta fue firmada por legisladores demócratas, incluida la senadora estatal Connie Leyva (D-Chino) y Durazo, quienes señalaron que los trabajadores indocumentados desempeñan un papel importante en las industrias de servicios de alimentos y hospitalidad, partes clave de la economía estatal.

Los legisladores estiman que el programa propuesto ayudaría a unas 216.499 personas. “California necesita ponerse de pie y apoyar a nuestros miembros más vulnerables de la sociedad, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y corren el mayor riesgo de contraer COVID-19”, expresó Durazo. “Una contribución estatal de $500 tal vez ponga alimentos en la mesa durante algunas semanas. Lo que necesitamos es estabilidad, en ausencia de la remuneración laboral tradicional”.

La oficina del gobernador, que ha comenzado negociaciones privadas con los legisladores sobre el presupuesto del próximo año, declinó hacer comentarios sobre la propuesta de los legisladores.

Activistas conservadores, incluida Harmeet Dhillon, de San Francisco, una representante estatal en el Comité Nacional Republicano, han expresado su oposición al programa.

Dhillon representó como abogada a clientes republicanos que demandaron a Newsom para impugnar el actual programa de Asistencia de Desastre para Inmigrantes, pero la Corte Suprema del estado rechazó el pedido.

Según ella, la ampliación propuesta también es objetable.

“La realidad es que tendremos más del 20% de desempleo en California y el primer deber del gobierno es con sus ciudadanos y sus residentes legales”, enfatizó Dhillon. “Subsidiar este tipo de beneficios para quienes están aquí ilegalmente, que ahora compiten por los mismos trabajos que los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales, creo que es inmoral”.

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