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¿Los políticos de L.A. que impulsaron la reapertura de negocios, lo lamentan ahora con el aumento de casos?

Mary Granados, camarera de Original Pantry Cafe en el centro de Los Ángeles, pega un aviso de que la comida es para llevar
Mary Granados, camarera de Original Pantry Cafe en el centro de Los Ángeles, pega un aviso de que los servicios gastronómicos se limitan a la comida para llevar. Durante las próximas semanas, los restaurantes en el condado de Los Ángeles y otros en todo el estado sólo podrán ofrecer ese servicio o entregas, debido a un aumento en los casos de coronavirus.
(Mel Melcon / Los Angeles Times)

¿Cómo avanzará el condado de Los Ángeles en la lucha contra el brote de coronavirus? Los líderes de la Junta de Supervisores ofrecen una mezcla de respuestas

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Cuando el número de muertos en el condado de Los Ángeles superó los 2.000, los funcionarios de salud pública pintaron un escenario sombrío. “Este es un hito muy triste para nosotros”, reconoció la directora de salud pública del condado, Bárbara Ferrer, durante una conferencia de prensa, el 21 de mayo pasado.

Casi al mismo tiempo, algunos funcionarios del condado presionaban para reabrir la economía. La supervisora Janice Hahn le pidió al gobernador Gavin Newsom esa misma semana que permita a los minoristas reabrir sus puertas con una capacidad limitada.

Días después, la supervisora Kathryn Barger fue coautora junto con Hahn de una moción en la reunión de la Junta de Supervisores, que derivó en el reinicio de actividades en el condado de L.A. basada en los datos, dijo, que marcaban que se había aplanado la curva y era hora de avanzar. Pronto, no sólo reabrieron las peluquerías y los salones de belleza, sino también todos los minoristas, al 50% de su capacidad.

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Un mes después la pandemia volvió a dispararse, obligando a las autoridades de salud pública a revertir algunas de esas iniciativas.

El miércoles pasado, Newsom ordenó a 19 condados, incluido Los Ángeles, suspender las visitas a restaurantes cerrados, bares, bodegas y salas de degustación, centros de entretenimiento, cines, zoológicos, museos y salas de juegos durante las próximas tres semanas.

¿Se escuchó algún arrepentimiento de los supervisores?

Al menos no de Barger. Ella se mantiene firme en su opinión de permitir que las empresas sigan funcionando, al menos en cierta capacidad. Hahn y otros supervisores, sin embargo, son más cautelosos.

“No me arrepiento de la velocidad con la que volvimos a abrir, porque sentí que fuimos muy prudentes en cómo avanzamos como condado”, manifestó Barger. “La lección aprendida, en retrospectiva, fue que no reforzamos lo suficiente que el hecho de reabrir no significaba que el virus ya no estuviera en la comunidad”.

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Entonces, ¿respaldaría otro cierre? “Sería difícil apoyar el retroceso y tener un cierre completo nuevamente”, dijo Barger en una entrevista. “Hay personas que realmente se preguntan si van a tener un negocio al que volver, o si tendrán empleos a los que regresar”.

Si bien Barger -la única republicana que podría considerarse en la Junta de Supervisores como la más progresista de su historia- sigue siendo cautelosa ante nuevos cierres, para Hahn podría ser necesario cerrar más negocios en pos de proteger al público.

“Para ser honesta, entendíamos lo difícil que sería cerrar y volver atrás”, reconoció. “Sabíamos que eso no saldría bien, pero tenemos que hacerlo. Quizá tratamos de volver a la normalidad demasiado pronto”, agregó más tarde.

Barger y Hahn están frustradas de que los equipos de localización de contactos del condado no hayan podido proporcionar datos más precisos sobre cómo y dónde están ocurriendo los brotes. “Quiero saber dónde está sucediendo esto”, enfatizó Hahn.

“¿En dónde se contagia esto la gente? ¿Es en la tienda de comestibles? ¿Está en las iglesias? ¿Son los restaurantes? ¿Está en las playas? ¿Es por viajar en metro? ¿Está en los bares? Y eso es más difícil de determinar. Aparentemente, el rastreo de contactos es un procedimiento difícil para reunir toda la información que nos gustaría tener”.

En sus declaraciones públicas, Hilda Solís -cuyo primer distrito incluye comunidades como el este de L.A., con más de 2.600 casos, el mayor número de episodios confirmados del coronavirus en el condado-, ha sido cautelosa en su apoyo a la reapertura.

“En retrospectiva, creo que probablemente podríamos haber ido más lento”, señaló Solís en una entrevista, “y siento que todavía estamos aprendiendo mucho sobre esta pandemia porque, obviamente, es implacable”.

En los primeros dos meses, los residentes estaban “muy conscientes” de adherirse a las órdenes de salud pública, agregó Solís. La gente se quedó en casa, pero como resultado, la economía del condado sufrió mucho, especialmente los sectores de venta minorista y turismo, donde un alto porcentaje de trabajadores son personas de color y mujeres, en particular latinos, destacó.

Quienes realizan tareas de limpieza, laboran en fábricas y los empleados de supermercados no pueden darse el lujo de teletrabajar, agregó Solís; más aún, miles de personas tienen múltiples empleos, como las enfermeras domiciliarias que por la noche se desempeñan en otros entornos de atención médica, o la gente que trabaja en varias tiendas minoristas. Es poco probable que esos individuos tengan los ahorros para superar la pandemia, y a la vez tienen un riesgo notablemente mayor de enfermarse, remarcó.

Estos son los trabajadores que más le preocupan si el condado cierra nuevamente los negocios, agregó la supervisora.

“Se volverá a cargar sobre las espaldas de quienes necesitan estos empleos. Aquí vamos de nuevo con otra reducción. ¿Cuánto podrán sostenerse? Esa es mi pregunta, y ¿por qué no podemos hacer más?”, consideró Solís, y agregó que el condado debe asignar gran parte de los mil millones de dólares que recibió de la ley federal CARES a las comunidades de escasos recursos y las familias de color, para garantizar que tengan un amplio acceso a atención médica, pruebas y equipos de protección.

A medida que el condado avanza, remarcó la supervisora, las empresas que no cumplan con las normas de seguridad deberán enfrentar consecuencias.

La supervisora Sheila Kuehl estuvo de acuerdo, y se mostró frustrada por la cantidad de restaurantes y bares que no lograron imponer el uso de mascarillas y el distanciamiento social después de que el condado avanzó para reabrir la economía.

“Pensamos que habría un alto nivel de acatamiento y, francamente, deseábamos tener una relación de confianza con la comunidad empresarial porque no queríamos que la gente se quedara sin trabajo. Creíamos que, si seguían las reglas, estaríamos todos a salvo”, expuso Kuehl, cuyo tercer distrito se extiende desde el mar hasta Los Feliz. “Bueno, no lo hicieron”.

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En la reunión de la Junta de Supervisores del próximo martes, Kuehl presentará una moción, en coautoría de Hahn, para pedir al Departamento de Salud Pública del condado que desarrolle un plan para multar a las empresas que ignoran los protocolos contra el coronavirus y, si continúan haciéndolo, quitarles su licencia.

Kuehl desea que más residentes castiguen a los negocios que ignoran la orden de salud del condado.

Mientras estaba en su restaurante favorito, la supervisora notó que tres mesas estaban afuera, separadas por setos y a sólo dos pies de distancia. Ella les informó que debían quitar la del medio para asegurar que los clientes estuvieran a seis pies de distancia. “Esto es serio”, agregó. “Si desean permanecer con sus puertas abiertas, tendrán que cumplir, porque nos pondremos estrictos si la gente no obedece”.

Colleen Shalby y Ron Lin, redactores de planta de The Times, contribuyeron con este informe.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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