La investigación de corrupción de Los Ángeles involucra a desarrolladores, un concejal… y su madre de 80 años
Los fiscales federales han alegado, sin mencionarla por su nombre, que la madre del concejal de Los Ángeles José Huizar le ayudó a lavar dinero para sobornar.
El caso de corrupción contra el concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, está lleno de figuras influyentes del ayuntamiento: desarrolladores inmobiliarios ricos, cabilderos bien conectados y un recaudador de fondos de campaña conocido por recaudar dinero en efectivo para los políticos.
Pero los investigadores también han puesto el foco en una figura menos probable en un escándalo: una anciana que emigró de Zacatecas, México, y una vez trabajó en una planta empacadora de carne y vivió en una modesta casa en Boyle Heights.
Isidra Huizar, la madre del concejal foco del escándalo tiene 80 años de edad, es una de las figuras no identificadas en el extenso caso, según tres fuentes familiarizadas con la investigación.
Los fiscales federales alegaron, sin mencionar su nombre, que Isidra Huizar ayudó a su hijo a lavar el dinero del soborno que recibió entre 2014 y 2017. La madre de Huizar, identificada sólo como Pariente A-2, recibió repetidamente efectivo de su hijo, luego usó las ganancias para pagar sus gastos, según una declaración jurada de 116 páginas presentada la semana en que Huizar fue arrestado.
Isidra Huizar, en una entrevista con el Times, confirmó que había sido interrogada por investigadores que querían saber sobre su hijo y su dinero. Pero ella negó haber participado en el lavado de dinero, diciendo que sólo estaba salvaguardando el efectivo. Ella describió las acusaciones contra su hijo como falsas.
“Lo acusan de tantas cosas que no hizo”, dijo Isidra Huizar, hablando en español. “No es cierto lo que dicen en los periódicos y en las noticias”.
La madre de Huizar no es la única familiar que está bajo escrutinio durante la indagación. La esposa del concejal, Richelle Huizar, es mencionada repetidamente en casos enfocados en el ex miembro del personal de Huizar, George Esparza, y otras figuras que han llegado a acuerdos de declaración de culpabilidad en la investigación.
Los fiscales federales también se han centrado en las transacciones financieras presuntamente realizadas por Salvador Huizar, el hermano del concejal, que figura en la declaración jurada penal como Relativo A-3, según una fuente familiarizada con la investigación.
Los fiscales dijeron que el familiar A-3 también ayudó al concejal a lavar el dinero del soborno y mintió sobre su participación cuando fue inicialmente interrogado por agentes del FBI en 2018, según la denuncia penal.
Edward Robinson, abogado de Salvador Huizar, se negó a responder preguntas sobre el caso federal, incluidas las acusaciones en la declaración jurada. Robinson dijo que había ordenado a Salvador Huizar que no hablara con nadie sobre el caso.
Ni Isidra ni Salvador Huizar han sido arrestados ni acusados públicamente. Pero esta no es la primera indicación de que sus transacciones financieras son parte de la investigación. Hace dos años, el FBI buscó sus registros bancarios en una orden de allanamiento en busca de evidencia de posibles delitos, incluido el soborno y el lavado de dinero.
El mes pasado, cuando el concejal Huizar fue liberado de la custodia federal, un juez le ordenó que no se comunicara con ningún testigo o víctima, pero estableció una excepción para Isidra, Salvador y Richelle Huizar.
La denuncia penal indica que Isidra y Salvador Huizar dieron información a los investigadores en virtud de acuerdos, donde los fiscales acordaron no utilizar esa información en su contra.
Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, dijo que tales pactos, también conocidos como acuerdos de “reina por un día”, pueden ser una forma en que un posible objetivo dentro de un caso pueda argumentar que “somos mejores como testigos que como uno de sus acusados”.
José Huizar dijo que “limitaré mi participación” en el Ayuntamiento de Los Ángeles para evitar ser una “distracción”. Pero los detalles todavía están siendo trabajados, dijo.
Los investigadores federales alegaron en la denuncia que José Huizar canalizó sobornos en efectivo a través de los miembros de su familia, quienes depositaron el dinero en sus propias cuentas y luego pagaron las facturas con su tarjeta de crédito, impuestos a la propiedad y otros gastos, incluidos los intereses de un préstamo bancario que le permitió al concejal resolver una demanda de acoso sexual presentada por uno de sus ayudantes.
Los fiscales informaron que Huizar le dio a su madre más de $108.000 en efectivo entre enero de 2014 y septiembre de 2017; ella pagó aproximadamente la misma cantidad directa o indirectamente a Huizar, según la información en la denuncia penal.
Los investigadores alegaron que el concejal también proporcionó dinero en efectivo a su hermano, quien luego le pagó aproximadamente $130.000 directa o indirectamente, según la información en la denuncia penal.
Un investigador federal examinó los registros bancarios y vio imágenes de vigilancia de Isidra Huizar depositando un sobre con “una gran suma de efectivo”, según la información en la denuncia penal.
En noviembre de 2018, el mismo mes en que los agentes del FBI allanaron la casa y las oficinas de Huizar, la madre y el hermano del concejal fueron entrevistados por agentes federales y negaron falsamente que Huizar les hubiera dado dinero en efectivo, de acuerdo a la información en la denuncia penal.
Ambos fueron entrevistados nuevamente a principios de este año y admitieron que recibieron efectivo del concejal, dijeron los fiscales en su presentación. La madre de Huizar declaró que él le había pedido cheques en blanco con los que solía pagar sus facturas, según la información de la denuncia penal.
Como una investigación de corrupción del ayuntamiento se centra en el concejal José Huizar, los archivos plantean preguntas sobre si Richelle Huizar podría ser llamada a testificar.
Salvador Huizar también expuso a los investigadores que Huizar le pidió que cubriera sus gastos, según la información en la presentación. Y admitió haber mentido a los agentes federales sobre las transacciones financieras durante su entrevista anterior, indicaron los fiscales en la denuncia penal.
En una entrevista con el Times, Isidra Huizar dijo que no había mentido a los investigadores, argumentando que no le explicaron adecuadamente su pregunta.
Ella comentó que cuando le preguntaron por primera vez si José Huizar le había dado dinero, inicialmente respondió que no, porque el dinero no era para ella. Más tarde, señaló, los investigadores aclararon que estaban preguntando si José le dio dinero para que se lo quedara.
“Eso es diferente”, dijo Isidra Huizar en español. “Y es por eso que al principio dije que no, y luego sí”.
Isidra Huizar reveló que el dinero que José Huizar le había proporcionado era para la matrícula escolar de sus hijos.
Tanto Isidra como Salvador Huizar han estado registrados para votar durante años en la misma dirección en Boyle Heights, una modesta casa de 464 pies cuadrados propiedad de la familia Huizar durante décadas, según los registros de la ciudad y el condado. En una entrevista, sin embargo, Isidra Huizar dijo que Salvador no vivía con ella.
Isidra Huizar ha ocupado un lugar destacado en la historia del concejal. Ella ha aparecido en sus anuncios publicitarios de campaña celebrando su graduación de Princeton y sosteniendo a una de sus nietas.
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En una entrevista para el Proyecto de Archivo de Inmigrantes, el concejal relató que su madre y su padre trabajaban constantemente incluso cuando criaban a seis hijos. Sus empleos incluían laborar en una empresa empacadora de carne, dijo José Huizar. Y el año pasado, José Huizar presentó una foto de él y su madre en su página de Facebook en el Día de la Madre, elogiándola como “la roca de nuestra familia”.
Isidra Huizar le dijo al Times que creía que la familia estaba siendo discriminada como latinos, porque “están diciendo cosas que no son ciertas”.
Repetidas referencias a Richelle Huizar en el caso han generado dudas sobre si podría ser llamada a testificar en un caso dirigido a su esposo. Los fiscales alegaron en la denuncia penal que el concejal mantuvo reuniones con su esposa, socios de su bufete de abogados y empresarios que desarrollaban proyectos en su distrito. Durante las reuniones, Huizar instó a los desarrolladores a contratar la firma de su esposa, según los investigadores en la denuncia penal.
Los expertos legales dicen que una persona casada puede optar por testificar en contra de su esposo o esposa, renunciando a su “privilegio conyugal” en la corte. Pero si lo hacen, el otro cónyuge puede impedir que revelen comunicaciones maritales: conversaciones privadas u otros intercambios como pareja.
Sin embargo, los expertos dijeron que eso no impediría que el cónyuge testifique sobre otros hechos en un caso penal.
No hay un privilegio similar para el testimonio de los padres u otros miembros de la familia, destacó Levenson. Ese problema surgió durante la investigación del presidente Bill Clinton, señaló Levenson, cuando Mónica Lewinsky se horrorizó al descubrir que su madre podía verse obligada a testificar.
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