Colegas del concejal José Huizar le piden renunciar en medio de una investigación del FBI
José Huizar dijo que “limitaré mi participación” en el Ayuntamiento de Los Ángeles para evitar ser una “distracción”. Pero los detalles todavía están siendo trabajados, dijo.
Días después de que los fiscales federales describieran a un miembro del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles como el líder de una “empresa criminal”, un grupo de funcionarios públicos pidió al concejal José Huizar que renunciara.
“Sea lo que sea que le pase a José Huizar en el frente legal, es obvio que ha comprometido su capacidad de representar a su distrito y debería renunciar de inmediato”, manifestó el viernes el concejal Joe Buscaino.
Huizar, quien ha estado representando a un distrito del Este desde 2005, no ha sido arrestado ni acusado públicamente de un delito. Pero los fiscales federales han dejado en claro que él es el miembro mencionado de manera anónima involucrado en la investigación de corrupción en el Ayuntamiento, proporcionando información biográfica en sus documentos judiciales que coincide con la de Huizar.
El contralor de la ciudad Ron Galperin y los concejales Paul Krekorian, David Ryu y Bob Blumenfield, se unieron a Buscaino el viernes. Blumenfield dijo: “Mi sangre hierve a medida que conozco más detalles sobre esta horrible historia de corrupción”.
La presidenta del Concejo, Nury Martínez, no había solicitado a Huizar que renunciara, sino que le pidió al concejal que dejara de asistir a las reuniones y emitir votos hasta que haya “claridad legal” en la investigación federal, según el jefe de su equipo, Ackley Padilla. El alcalde Eric Garcetti dijo que apoyaba la solicitud de Martínez.
Huizar respondió el viernes con una declaración diciendo que “respetaría los deseos de la presidenta del concejo de limitar mi participación mientras trabajo para satisfacer las necesidades de mi distrito”, pero no explicó cómo lo haría, y señaló a través de una portavoz que los detalles todavía los está resolviendo.
Huizar dijo que no quería ser una “distracción” para el trabajo del Concejo, pero que tiene la intención de continuar cumpliendo con sus deberes de “proteger la seguridad y el bienestar económico de los residentes de Los Ángeles” durante la crisis de COVID-19.
El pedido para que Huizar deje de asistir a las reuniones o renuncie por completo se produce después de una serie de nuevas revelaciones en la investigación federal. El consultor inmobiliario George Chiang acordó esta semana declararse culpable de participar en un plan criminal en el que los promotores inmobiliarios chinos supuestamente sobornaron a un miembro del Concejo a cambio de ayuda en un proyecto hotelero y residencial. El acuerdo de culpabilidad describió al miembro del Concejo no identificado como el líder de una “empresa criminal” más amplia.
En marzo, el tasador de bienes raíces Justin Jangwoo Kim admitió haber ayudado a organizar un soborno de $500.000 destinado a un miembro del Concejo para allanar el camino para otro proyecto de desarrollo. En ambos casos, los detalles clave en las presentaciones federales apuntan a Huizar, cuyos abogados han rechazado reiteradamente hacer comentarios.
Durante mucho tiempo se sabía que Huizar estaba bajo investigación federal (agentes del FBI allanaron su casa y oficinas en 2018), pero las presentaciones recientes revelaron nuevos detalles sobre las acusaciones involucradas en el caso.
El concejal fue despojado de muchas tareas del comité poco después de los allanamientos, incluido el poderoso panel que examina los desarrollos inmobiliarios, pero ha seguido asistiendo a las reuniones del Concejo, redactando propuestas y emitiendo votos.
Hasta hace poco, los miembros del Concejo habían permanecido en silencio sobre la indagación en curso. Algunas investigaciones federales que involucran a funcionarios de la ciudad, incluida una sobre los donantes de Martínez, no han dado lugar a cargos en el pasado, lo que hace que varios sean reacios a sacar conclusiones basadas simplemente en la existencia de una investigación.
Pero las acusaciones específicas ahora presentadas por los fiscales federales, junto con el malestar público por los reclamos, parecen haber cambiado la actitud de algunos miembros del Concejo. Blumenfield dijo que las últimas revelaciones fueron el catalizador para él, y agregó que era un “gran problema” que el público cuestionara la integridad de las decisiones del Concejo mientras la ciudad enfrenta una crisis.
Krekorian manifestó en un comunicado que, aunque reconoció que no se habían presentado cargos penales contra Huizar, estaba claro que él era el concejal al que se hacía referencia en los documentos federales y, por lo tanto, los angelinos “no pueden confiar en que el concejal Huizar esté representando a sus intereses de manera justa y honesta”.
Algunos residentes se opusieron al pedido de que Huizar se retirara del Concejo.
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Mónica Alcaraz, una activista comunitaria que vive en Highland Park, dijo que Martínez no debería haber exigido que Huizar dejara de participar en las reuniones, ya que no se le ha acusado ni se le ha dado la oportunidad de contar su versión de la historia.
Los residentes en el distrito Eastside de Huizar necesitan que continúe emitiendo votos sobre cuestiones como la falta de vivienda, desalojos y protecciones para inquilinos vulnerables, expuso Alcaraz.
“No tener a alguien que represente nuestras necesidades no es aceptable”, agregó.
Pero Gerren Kelsaw, fundador del grupo de defensa de DTLA Strong, dijo que considerando las acusaciones de mala conducta “descarada” en los documentos de la corte, Huizar no sólo tiene que dejar de ir a las reuniones del Concejo sino que debe renunciar.
Aunque Huizar debería tener la oportunidad de luchar contra las acusaciones, “está claro que no puede trabajar para el vecindario que representa de la forma en que lo necesitamos”, comentó Kelsaw, quien aclaró que estaba hablando por sí mismo y no por su organización. “¿Vamos a tener una escasez de liderazgo en este momento porque quiere aferrarse al trabajo?”
Está previsto que Huizar deje su posición a fin de año debido a los límites del cargo. El ex senador estatal Kevin de León ya ganó las elecciones para reemplazarlo, pero no jurará para el cargo hasta diciembre.
El City Charter, que sirve como documento rector para el Ayuntamiento de Los Ángeles, permite que se suspenda a un miembro del Concejo si está pendiente de un juicio penal por “violación de los deberes oficiales”.
El Concejo también puede reprender públicamente a uno de sus miembros. Según el estatuto, el organismo puede aprobar una resolución de “censura” con respecto a cualquier miembro “cuyas acciones constituyan un grave incumplimiento de tales estándares, incluso si la acción no establece un motivo para la destitución del cargo en virtud del estatuto”.
Cuando se le preguntó si Huizar debería renunciar o tomar un permiso de ausencia a la luz de las recientes denuncias del Departamento de Justicia, el fiscal de la ciudad, Mike Feuer, que se postula para alcalde de Los Ángeles, dijo el viernes que si hay una acusación para algún miembro del Concejo, “lo correcto sería renunciar”.
Agentes del FBI allanaron la oficina del fiscal de la ciudad el verano pasado como parte de una investigación separada que involucra al Departamento de Agua y Energía. Nadie ha sido acusado públicamente en esa indagación.
No asistir a las reuniones del Concejo podría convertirse en un problema legal. Según el estatuto, un cargo electo puede quedar vacante cuando el titular “ha dejado de cumplir con los deberes del cargo durante 90 días consecutivos, excepto si se lo impide una enfermedad, lesión u otra causa razonable”.
Las reglas del Concejo también establecen que los miembros asistirán a reuniones regulares y especiales a menos que estén enfermos o se les haya otorgado un permiso de ausencia.
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