‘Hasta la vida doy para que saquen a esos niños’: Activistas exijen a ICE no aplazar liberación de menores
Han pasado diez años desde que estuvo detenido en Texas y todavía lleva una marca indeleble. Es una especie de paranoia la que se activa cuando rememora esos ocho meses que pasó encerrado, en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando era un niño.
“Fue traumático porque nunca se me olvida”, manifestó Ken, quien omitió su apellido.
Este joven, de 23 años, salió de Honduras solo en septiembre de 2009. Recuerda las fechas porque mientras estaba en la “hielera” cumplió 13 años en unas condiciones infrahumanas.
“Estábamos en una jaula, nada nos daban para cobijarnos. Hasta los 15 días nos dieron papel aluminio para ponernos encima. No hay cama, no hay nada, es el puro piso, no hay colchones, no hay ropa”, recordó de esa fatídica estancia que trajo al presente al saber lo que están pasando otros niños.
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Este jueves, un grupo de activistas se concentraron en Los Ángeles para pedir al gobierno federal que no aplace la liberación de un grupo de menores que están en manos de ICE, es decir están pidiendo que den cumplimiento a la orden dada por la jueza federal Dolly Gee y que no se posponga otra vez.
Ken observó de lejos la petición de los líderes comunitarios, a unos 20 metros de distancia del Grand Park. En entrevista con Los Angeles Times en Español, el joven reconoció que hasta la fecha él quiere mantenerse alejado de los reflectores y las autoridades porque vienen a su mente golpes y maltrato.
“Todos los días pienso qué están pasando con los niños que están ahí, [porque] nadie puede ir y sacarlos”, se solidarizó.
La jueza Gee le ordenó al presidente Trump que liberara antes del 17 de julio a todos los menores detenidos, por el riesgo de contraer el coronavirus en las instalaciones federales. Esa fecha se extendió después para el 27 de este mes, por lo que los activistas claman que esa medida se cumpla.
“Lo ideal es entregarlos a los familiares, a personas adultas que puedan cuidarlos mejor que ellos y que decida una corte si estos niños merecen estar aquí o regresarlos al país, pero no es justo que les den un trato como si fueran criminales”, valoró Randú Calderón, activista salvadoreño.
Con esta orden se beneficiarían los niños que tienen más de 20 días en centros de detención en Texas y Pensilvania, quienen llevan mucho tiempo recluidos.
Según diferentes cables, en mayo ICE tenía a unos 184 menores, pero los activistas creen que pueden ser más, después de trascender que el gobierno federal está deteniendo a los niños en hoteles de Texas y Arizona antes de deportarlos a sus países de origen.
“Son acciones injustas, son acciones que en este momento y en esta crisis de covid-19 es muy peligroso poner la vida de estos niños en riesgo, que hacen solo el sacrificio de buscar asilo político”, comentó Dennise Mejía, activista de la Coalición Latina de Los Ángeles.
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En el verano del 2010, Ken salió del centro de detención en Tucson. Su llegada a manos de la “Migra” fue abrupta. Recuerda que iba junto a dos niños y tres adultos más. Al hondureño le echaron el caballo y un oficial le propinó varios golpes que le dejaron moretes en su espalda.
Al estar encerrado, el problema para él fue que rechazó firmar la salida voluntaria. Ante esa resistencia, era amedrentado. Tuvo que esperar mes y medio para hacer una llamada telefónica con un familiar. Cuando lo mandaban a bañar cuenta que eran víctima de abuso verbal y físico.
“Nos daban con la rodilla”, indicó, mostrando que eran los muslos en donde caían los golpes.
Al conocer el sufrimiento en carne propia, Ken se preocupa por los menores que no pueden salir en este momento.
“Es maltrato infantil que le dan a uno, eso queda para toda la vida”, aseguró.
Hace un tiempo, Juan Carlos Méndez, obispo del Centro Cristiano Bet-El, visitaba con frecuencia este tipo de instalaciones federales como capellán espiritual. Ahora, se sumó a los activistas porque entiende el calvario que pasan los menores que en su mayoría huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Lo que estamos pidiendo es libertad para estas criaturas, que los dejen ir”, demandó el obispo Méndez.
“Lo único que están haciendo es dañándolos física, sicológica y espiritualmente”, agregó el líder eclesiástico.
En los últimos años, el ingreso de menores no acompañados se redujo debido a la ampliación de la seguridad en la frontera sur de México, bajo presión del gobierno del entonces presidente Barack Obama.
En el 2014, la cifra de niños y niñas que llegaron a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia, alcanzó un récord de 68.445 menores no acompañados.
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Al año siguiente, según datos de la International Crisis Group, antes de llegar a la frontera estadounidense fueron deportados por el gobierno mexicano 166.000 centroamericanos, entre ellos estaban 30 mil niños y adolescentes.
Ante el escenario actual, Gabriela Pinto, abogada de inmigración, apunta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está obligado a acatar la orden de la jueza federal y, en todo caso, será una corte la que decida al final si los menores califican para el asilo político.
“No son criminales, están tratando de obtener una vida mejor por persecusión [en sus países de origen]”, señaló la jurista.
“Estos niños que no han sido acompañados tienen derecho de ser sometidos bajo otro proceso para ver si pueden ser liberados a unos parientes o guardianes”, subrayó Pinto.
El plazo dado por la jueza Gee se vence en cuatro días.
Durante este tiempo, la exasambleísta de California, Patty López, considera que los congresistas en Washington D.C. pueden ejercer presión para que el gobierno federal responda y cumpla la orden de la jueza.
“Necesitamos que el gobierno y las personas que están en Washington D.C. pongan presión para que esos niños sean reunificados con su familia; estamos demandando que no haya más extensiones”, exigió López.
“Esos niños están sufriendo igual con la pandemia, están sin sus padres, sin apoyo médico; necesitamos que el gobierno y los congresistas pongan acción en eso”, insistió la exasambleísta.
A pesar de haber visto de lejos la conferencia, Ken se sintió parte de esta movilización. Asimismo, comenta que se pone en los zapatos de los detenidos y los ve como si fuesen parte de su familia.
“No quiero que ningún niño pase lo que yo pasé”, volvió a decir el joven hondureño.
“Hasta la vida doy para que saquen a esos niños; uno ya lo vivió y sabe lo que están pasando”, concluyó Ken.
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