No se espera que los familiares de Huizar enfrenten cargos en la investigación de corrupción, dice el fiscal

Un fiscal federal dijo que su oficina no tiene la intención de acusar a los miembros de la familia del concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, identificándolos como testigos y no como objetivos de la investigación en curso.

Tres miembros de la familia Huizar, su esposa Richelle, su madre Isidra y su hermano Salvador, se mencionan repetidamente en la acusación de 113 páginas contra el concejal, quien se declaró inocente de soborno, lavado de dinero, crimen organizado y otros cargos.

Los fiscales han alegado que los miembros de la familia Huizar lavaron las ganancias de su soborno, recibieron efectivo del concejal y luego pagaron sus facturas. También afirmaron que la esposa de Huizar, que no ha sido nombrada por los fiscales pero que es fácilmente identificable por los detalles en la denuncia penal y varios acuerdos de declaración de culpabilidad, asistió a una reunión para discutir un acuerdo de consultoría inmobiliaria que los fiscales luego caracterizaron como un “soborno indirecto”.

Durante la audiencia de prueba del miércoles, el fiscal Mack Jenkins le dijo a un juez que, según la información que tiene actualmente su oficina, no espera presentar cargos contra los tres miembros de la familia Huizar, e indicó que la esposa de Huizar, que no tenía experiencia ni conocimiento en bienes raíces, no se involucró en el acuerdo de consultoría.

“[Ella] se negó a participar porque pensó que era sospechoso”, dijo Jenkins.

La audiencia marcó la primera vez que Huizar, sujeto de una acusación penal de 34 cargos, compareció en persona en una audiencia sobre el caso de corrupción en curso.

Los fiscales han acusado al concejal, quien fue elegido por primera vez para su cargo en 2005, de encabezar una empresa criminal que involucra sobornos de desarrolladores inmobiliarios que buscan construir en su distrito y de un empresario que buscaba presentar a dichos desarrolladores.

Con un traje oscuro y una mascarilla que cubría el rostro, Huizar salió de la corte el miércoles sin hacer comentarios y rápidamente se subió a un auto que esperaba. Sus abogados también se negaron a comentar.

La audiencia, que duró aproximadamente dos horas, ofreció algunos detalles adicionales sobre el caso, que incluyen:

- Los fiscales están preparando cientos de pruebas y tienen la intención de llamar de 40 a 50 testigos, con un juicio por jurado que durará de 15 a 20 días.

Jenkins expuso que Huizar, durante un viaje a Las Vegas financiado por un desarrollador inmobiliario chino, fue capturado en video con $60.000 en fichas de casino. Se le acercó un empleado del casino que quería asegurarse de que Huizar estuviera usando su propio dinero, señaló Jenkins.

- Cuando el empleado le pidió a Huizar que completara un formulario de identificación, el concejal se negó e inmediatamente abandonó la mesa, dejando atrás sus fichas de juego, alegó Jenkins.

- Jenkins identificó a otro desarrollador de bienes raíces, que supuestamente accedió a darle a Huizar un soborno de $500.000, como David Lee. El Times informó anteriormente que uno de los proyectos de desarrollo del centro en el caso es una torre residencial de 20 pisos desarrollada por Dae Yong Lee, también conocido como David Lee.

El abogado de Lee, Ariel Neuman, no hizo comentarios el miércoles. Anteriormente, declaró que Lee está cooperando y espera “una resolución rápida para limpiar su nombre”.

El juez federal de distrito John F. Walter fijó la fecha para el juicio a realizarse el 29 de septiembre, pero lo calificó como un simple “marcador de posición”. Expresó dudas sobre si Huizar, quien fue suspendido del concejo en junio y ya no recibe un cheque municipal, califica financieramente para los servicios del defensor público federal, que lo representó en la audiencia del miércoles.

Walter también expresó cierto escepticismo sobre aspectos del caso del Fiscal de Estados Unidos.

Jenkins le dijo al juez federal que uno de los beneficios proporcionados por Huizar a cambio de sobornos eran las resoluciones oficiales de la ciudad que elogiaban a los empresarios y sus logros. Walter cuestionó si dichos documentos valdrían miles de dólares en sobornos.

“Me está costando ver un beneficio real en esto”, manifestó.

Walter también le preguntó a Jenkins si Huizar podía argumentar que aprobó un proyecto inmobiliario en particular, no porque recibió beneficios financieros personales, sino porque el proyecto era bueno para la ciudad.

Jenkins respondió que la pregunta de si un proyecto es beneficioso para la comunidad es “en última instancia irrelevante”, y argumentó que en al menos un caso, Huizar actuó de una manera que no se consideraría beneficiosa: ayudar a un desarrollador a reducir la cantidad de viviendas asequibles en su proyecto, ahorrándole a la empresa $14 millones.

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