Por la pandemia, California decidió liberar a algunos asesinos; para los activistas, deberían ser todavía más

Terebea Williams tenía 22 años cuando le disparó a su novio, condujo 750 millas con él sangrando en el maletero de su propio auto y luego lo arrastró a un motel del norte de California, lo ató a una silla y lo dejó morir.

Condenada por asesinato, robo de auto y secuestro, Williams obtuvo un título universitario durante sus 19 años en prisión, donde también fue mentora de reclusas más jóvenes y alabada por los administradores debido a su “conducta excepcional”.

El contraste de Williams, una asesina fría y a la vez un modelo de rehabilitación, destaca las dificultades del plan para liberar a miles de presos de California, como un intento de frenar la propagación del COVID-19, que mató al menos a 52 de los internos y ha enfermado a otros más de 8.700.

Esta primavera, el estado aceleró la liberación de 3.500 reclusos a causa del coronavirus, y en julio liberó a otros 2.345 antes de tiempo. Miles más son elegibles para la liberación, incluidos al menos 6.500 que, se considera, están en alto riesgo debido a afecciones médicas que los hacen especialmente vulnerables al COVID-19.

Aunque el gobernador Gavin Newsom y los funcionarios penitenciarios se centraron en liberar a delincuentes no violentos, también están dejando salir a personas que, como Williams, han cometido delitos violentos pero tienen afecciones médicas graves.

Williams, de 44 años, salió de una prisión de mujeres en Chowchilla, California, el 29 de julio pasado, recortando décadas de su sentencia total -de 84 años a cadena perpetua- por matar a Kevin “John” Ruska Jr., quien murió de infección por una herida de bala al intestino.

Algunos defensores de los derechos de los presos señalan que Williams ejemplifica el tipo de recluso que debería ser liberado: ya ha cumplido una larga condena, presenta un riesgo bajo de reincidencia y es particularmente vulnerable al coronavirus. Otros también presionan para ampliar los criterios para las liberaciones tempranas y que estos incluyan a tipos similares de presos que ahora cumplen cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato.

Pero en el caso de Williams y otros, los funcionarios han desatado la ira de fiscales, defensores de los derechos de las víctimas y familiares, en medio de dudas sobre cuáles y cuántos reclusos están siendo liberados, y si se está haciendo con suficiente transparencia para proteger al público.

“El gobernador de California, el defensor público de Terebea y los políticos de California han utilizado el COVID para permitir que esta asesina fría, calculadora, mentirosa y sin remordimientos salga de la cárcel 65 años antes, sin darle voz a la víctima, Johnny”, comentó una prima de Ruska, Karri Phillips.

Se ha debatido durante mucho tiempo si los delincuentes violentos deben ser puestos en libertad condicional, pero el asunto se ha vuelto ahora más urgente debido al coronavirus y la forma caótica y problemática en que algunos agresores no violentos fueron liberados. El proceso para determinar quién sale y por qué no está claro, y las familias de algunas víctimas alegan que las decisiones los han tomado por sorpresa.

Varios reclusos y sus abogados también afirman que no se les informó sobre el proceso de selección.

Brian Pomerantz, un abogado defensor que representa a un recluso de San Quentin con alto riesgo médico y a escasos meses de ser elegible para la libertad condicional, solicitó el 10 de julio una liberación anticipada a un tribunal federal. Pero un mes después, relató, todavía no tiene noticias del tribunal ni de los funcionarios penitenciarios sobre el destino de Anthony Waldrip, quien ha cumplido 20 años de una sentencia de 25 años a cadena perpetua como delincuente en posesión de un arma de fuego.

Waldrip, ahora de 54 años, no era dueño del arma y la estaba alejando de un área de juegos donde un niño de ocho años se la estaba mostrando a su hermana, cuando la policía lo vio con ésta, relató Pomerantz, quien califica el hecho como un crimen sin víctimas. “Hasta donde yo sé, nadie lo ha considerado siquiera para su liberación anticipada”, expuso. “Si el estado no libera a los menos peligrosos, a los que califican más pronto, a los más vulnerables desde el punto de vista médico o a quienes no han dejado víctimas, ¿qué criterios se están utilizando?”.

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Los números de liberación del estado son fluidos y están sujetos a las regulaciones de libertad condicional y las decisiones de los funcionarios del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Algunos reclusos están siendo puestos en libertad condicional a través de los canales regulares, mientras que otros deben cumplir con criterios tales como estar dentro de los seis o 12 meses del final de sus condenas, según la prisión de que se trate.

A pesar de las recientes liberaciones, muchas cárceles permanecen al tope de su capacidad o por encima de ella, lo cual dificulta detener la propagación del coronavirus. Se necesitan más liberaciones, señalaron los expertos médicos, para controlar la crisis y aliviar el riesgo de que los presos enfermos necesiten hospitalizaciones en las comunidades circundantes, donde los sistemas de salud ya están estresados.

En un comunicado, los funcionarios penitenciarios señalaron que los 6.500 reclusos identificados como de alto riesgo médico ante el COVID-19 solo son “elegibles para la consideración” de su liberación, y serán evaluados “en base a cuestiones de seguridad y salud pública”.

“Tomamos estas decisiones muy en serio y continuamos trabajando con nuestros socios de la policía, la salud pública y la comunidad para abordar sus preocupaciones y desempeñarnos juntos en esta emergencia de salud pública”, afirmó.

Los defensores de las liberaciones compasivas argumentan que la mayoría de los que están siendo considerados son mayores, y es poco probable que cometan nuevos delitos violentos. Dicen que solo las personas que han demostrado estar rehabilitadas, a menudo después de décadas tras las rejas, son elegibles, y las liberaciones en última instancia están en línea con las reformas que han revertido las sentencias excesivamente rígidas dictadas hace décadas, en una era de endurecimiento frente al delito.

“La persona más segura a la que se le permite regresar a nuestras comunidades es alguien que fue condenado a perpetua pero que ha trabajado en sí mismo, que ha estado en [Alcohólicos Anónimos] durante 20 años, que ha tomado clases de impacto en las víctimas, que ha desentrañado el trauma infantil”, relató Karen McDaniel, fundadora de Place4Grace, que ofrece transporte a casa a los recién liberados y aboga por la reforma penitenciaria. “Preferiría tener una camioneta llena de gente que ha sido sentenciada a cadena perpetua, que una llena de tipos que acaban de cumplir un año”, dijo.

Newsom, como el gobernador Jerry Brown antes que él, se comprometió a reformar el sistema de justicia criminal con miras a reducir las tasas de encarcelamiento y priorizar la rehabilitación.

Pero el fantasma de un delincuente violento que comete otro crimen atroz después de la liberación es la pesadilla de todo político. Muchos recuerdan el caso de Willie Horton, un prisionero de Massachusetts que cometió una violación mientras estaba en un programa de licencia para reclusos, un crimen muy publicitado, que dio por tierra con las esperanzas presidenciales del por entonces gobernador, Michael Dukakis, en 1988. “Todavía tenemos el problema de si solo debemos liberar a los delincuentes violentos o a los no violentos, y ese es un tema político del que no deberíamos hablar cuando se trata de vidas humanas”, remarcó Michael Mendoza, quien fue sentenciado a prisión para adultos a los 15 años, por participar en un asesinato de pandillas.

Mendoza, ahora director ejecutivo del grupo activista #cut50, cumplió 17 años antes de que las reformas dirigidas a delincuentes juveniles lo hicieran elegible para la libertad condicional en 2014.

Él y otros dicen que los estudios han demostrado que aquellos que ya han cumplido condenas largas, por delitos violentos o no, son los menos propensos a reincidir, a una tasa inferior al 5%, y para ciertos datos demográficos hasta del 1%. Cuando reinciden, a menudo es por crímenes no violentos, como robo o posesión de drogas.

Algunos defensores sostienen que debería ampliarse el grupo de presos vulnerables priorizados para la liberación anticipada, e incluir a aquellos con enfermedades mentales. Los servicios psiquiátricos se redujeron drásticamente en muchas cárceles que enfrentan brotes, dicen, y los suicidios son un problema continuo.

Michael Bien, un abogado involucrado en una larga demanda federal sobre la atención médica en la prisión, afirmó que muchos reclusos con necesidades de salud mental enfrentan una combinación de peligros físicos y psicológicos que deben tenerse en cuenta. “Es como tener gente encerrada en un armario en medio de un incendio”, enfatizó. “Tenemos que sacarlos de allí”.

Los presos condenados no son elegibles para la liberación de emergencia por el COVID-19, mientras que aquellos que cumplen condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional pueden ser liberados solo si el gobernador otorga el indulto. California tiene más de 5.000 personas que cumplen cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, incluidas unas 200 mujeres, la población más grande de ese tipo en el país, según defensores.

Otros también buscan clemencia durante la pandemia. A los 71 años, Ameenah Rasul ha estado en la Institución de Mujeres de California desde 1979, cuando fue declarada culpable de asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado en dos casos separados que ocurrieron con cinco años de diferencia; ambos involucraron a hombres que fueron baleados en la cabeza, según informes de los medios. Los defensores de Rasul alegaron que sus delitos se originaron debido a sus relaciones abusivas.

Rasul sueña con cosas simples, como preparar sus propios huevos revueltos o cruzar la calle. Ahora solicita el indulto por razones médicas, incluida la necesidad de un andador para moverse.

“He hecho todo lo posible por superarme durante los últimos 41 años, obtuve tres títulos, participé en innumerables grupos de autoayuda y he obtenido una gran comprensión acerca de mi vida y de mis delitos”, dijo en un correo electrónico. “La oportunidad de recuperar mi libertad significaría no estar condenada a morir en prisión, sino pasar los últimos años de mi vida respirando el dulce aire de la libertad”, agregó. “Tendría la oportunidad de recuperar mi dignidad”.

Mientras Rasul espera noticias sobre su pedido de clemencia, los fiscales del condado de Yolo denunciaron la decisión del estado de liberar a Williams y a otro recluso condenado por delitos violentos no relacionados, sin previo aviso y casi sin explicación.

En su juicio en 2001, Williams dijo a los miembros del jurado que su novio la había amenazado y acosado, y que ella lo había matado en defensa propia.

Un psicoterapeuta que testificó en su nombre afirmó que sufría de un trastorno de estrés postraumático debido a múltiples violaciones y abusos que había vivido a partir de los 11 años, pero el tribunal dictaminó que la evidencia del trauma pasado no era relevante y no permitió que el jurado la escuchara, según los registros judiciales. El jurado tardó poco en declararla culpable.

“Todos asumieron que ella nunca volvería a conocer la libertad”, comentó la procuradora adjunta de distrito del condado de Yolo, Melinda Aiello, a The Times, una semana después de que Williams salió de prisión. “Si bien Correcciones nos dijo que la iban a liberar unos días antes, no hay transparencia y no tenemos otra explicación para su liberación”, agregó Aiello. “No hay razón para no escuchar a la familia de una víctima que sufrió horriblemente”.

Los funcionarios penitenciarios afirmaron que Williams fue liberada por razones médicas, pero no proporcionaron detalles sobre su condición. La defensora pública del condado de Yolo, Tracie Olson, confirmó que Williams tiene una afección médica grave y dijo que su oficina ha estado trabajando desde 2018 para que Williams sea liberada.

Según Olson, Williams es “el tipo exacto de persona que debería ser liberada temprano”; más aún, cree que Williams habría sido liberada de todas formas en el marco de las reformas para delincuentes juveniles o por una conmutación de pena presentada a Newsom si la liberación médica no se hubiera concretado. “Hizo todo el trabajo que uno hubiera deseado”, remarcó Olson.

A fines de julio, el estado también liberó a Santiago Cruz, de 65 años, quien cumplía una sentencia de 125 años por amenazas criminales en 1997, bajo la ley de tres ofensas de California.

Cruz acosó repetidamente a su exesposa, acechó al novio de ésta y arrojó un cóctel molotov en la casa de ambos mientras dormían, detalló Aiello. También llamó por teléfono a la hija de 18 años del nuevo novio, y “la amenazó con violarla mientras su padre miraba. Luego la mataría y finalmente asesinaría a su padre”, dijo Aiello.

Según Olson, Cruz es discapacitado y habría sido elegible para libertad condicional en 2021.

Aiello expuso que a los fiscales de Yolo les costó encontrar a las víctimas de Cruz y advertirles sobre su liberación. Como en el caso de Williams, agregó Aiello, el estado no dio ninguna explicación. La exesposa de Cruz siente que “ahora es ella la que está en prisión”, según un comunicado entregado al fiscal de distrito del condado de Yolo. “Una persona peligrosa es liberada nuevamente en la sociedad; esto no es justo para la víctima”, enfatizó Aiello.

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