¿Pagó su crimen en la prisión y no puede votar? Sin la Proposición 17 las minorías están siendo castigadas
José González estuvo tras las rejas casi 20 años de su vida. Ahora, a la edad de 38 y con cinco años de haber salido de la prisión, su mete ha sido reintegrarse a la sociedad, pero esto no le ha sido fácil, dijo.
A pesar de haber pagado una condena y tener período de libertad condicional de por vida, él no tiene el derecho de votar en California.
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“Siento que, aunque desee integrarme a la sociedad, pague impuestos, trabaje y contribuya a la comunidad, aun afuera de la prisión sigo pagando una sentencia”, dijo González, de origen hispano.
Actualmente, los californianos que se encuentran en una prisión estatal o federal, o los que están en libertad condicional por una condena por un delito mayor, no pueden votar.
“Cometí un error, pero lo he pagado… mi vida es diferente a lo que fue mi adolescencia”, sostuvo.
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González, quien estuvo en la prisión estatal por su participación en un asesinato, se ha dado a la tarea de abogar a favor de la Proposición 17 para ayudar a las personas en su caso, especialmente muchos hispanos afectados, sostiene.
Si se aprueba, la Proposición permitiría a las personas en libertad condicional registrarse y votar después de salir de la prisión estatal, en lugar de esperar hasta que finalice el período de su libertad condicional.
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Los simpatizantes de la Proposición 17 dicen que el voto es un derecho para reintegrar a este sector a la vida cívica, pero los oponentes sostienen que los exprisioneros deben ganarse la confianza de la comunidad primero.
Taina Vargas-Edmond, cofundadora y directora ejecutiva de Initiate Justice, una organización que trabaja para acabar con el encarcelamiento masivo sostuvo que el no poder votar es un castigo extra, especialmente para las minorías que mayormente componen el sistema.
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Según un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California https://www.ppic.org/publication/californias-changing-parole-population/ a fines de 2016, los afroamericanos constituían el 26% de las personas en libertad condicional, pero solo el 6% de la población adulta de California. Asimismo, los latinos representaban el 40% de las personas en libertad condicional y el 35% de los adultos de California.
Los latinos constituyen la segunda población más grande en las cárceles, con una tasa de encarcelamiento de 1,016 por cada 100.000 personas. En comparación, la tasa de encarcelamiento de hombres blancos es de solo 422 por cada 100.000 persona, agregan los datos del instituto.
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Aproximadamente, un total de 40,00 californianos se encuentran en libertad condicional actualmente, dice Public Policy Institute of California.
“Si vemos las cifras, muchos de los afectados siguen siendo las minorías que afuera tienen problemas hasta para conseguir empleos y un hogar estable”, dijo.
“No existe una completa integración a la sociedad quitándole el voto a este sector, por lo contrario, pueden volver a caer en la cárcel. Tampoco existen pruebas de que el quitarles el voto le sirve de algo a la sociedad”, dijo Vargas-Edmond.
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La activista apunta a un estudio de 2010 de Berkeley La Raza Law Journal,
https://lawcat.berkeley.edu/record/1125056?ln=en que encontró que en los estados donde las personas en libertad condicional están permanentemente privadas de sus derechos, alrededor del 19% de ellas tienen más probabilidades de ser arrestadas de nuevo en comparación con los estados que restablecen los derechos de las personas durante la libertad condicional.
“Si queremos ciudadanos reintegrados no veo porque las leyes actuales les quieran seguir quitando el derecho de votar”, dijo la activista.
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Monique Dixon, subdirectora de políticas y directora de defensa estatal del fondo educativo y de defensa legal de la NAACP (LDF), la Propuesta 17 pondría a California en liga con un número creciente de estados en todo el país que ya permiten el voto a este sector.
“Los californianos ahora tienen la oportunidad de ayudar a enderezar la balanza de la justicia afirmando el derecho de todos los estadounidenses, independientemente de su raza, origen nacional o antecedentes penales, a que se escuchen sus voces sobre los problemas y candidatos que afectan sus vidas, las de sus familias y las comunidades en las que viven y trabajan, y a las que contribuyen”, dijo.
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Por su parte, los oponentes alegan que la proposición 17 permitirá a los criminales condenados por asesinato, violación, abuso sexual y otros crímenes violentos en libertad condicional votar cuando aun deben pagar sus crímenes.
Nina Salarno Besselman, directora ejecutiva de Crime Victims United, de California, y oponente de la Proposición 17, señaló que la libertad condicional es demostrar la rehabilitación antes de la restauración completa de la libertad, incluido el derecho al voto.
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Estar en contra de la proposición 17 “no es tema de racismo… el crimen es un problema que nos afectada a todos los colores y credos. Muchas veces se nos olvida que muchas de las víctimas también son hispanos y negros”, dijo Salarno Besselman.
“Está bien si quieres votar, pero primero debes terminar tu libertad condicional”, agregó.
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Toda persona bajo libertad condicional es monitoreada y supervisado por un funcionario estatal, por lo que las autoridades saben dónde viven y trabajan estas personas, y si es así, es porque aún no confían en ellos, entonces nosotros no podemos confiarles decisiones que afecten la vida de todos, dice.
El argumento en contra de la Proposición 17, en la guía oficial de información para votantes https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/prop17-arg-rebuttals.pdf, dice: “Darle a los delincuentes violentos el derecho a votar antes de haber completado con éxito su sentencia completa, que incluye un periodo de libertad, es como darle a estudiantes un diploma de escuela secundaria al final del décimo grado. No tiene sentido”.
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Luis F. Nuño, profesor de sociología en Cal State Los Angeles indica que, para muchas víctimas de crimen, la opresión del voto puede ser un movimiento impulsado por las emociones. Sin embargo, tiene un punto de vista más histórico para esta muerte civil.
“Prohibir que hombres y mujeres voten debido a una condena penal es una idea popular que parece ser neutral en cuanto a raza en la superficie. La idea de ‘muerte civil’, que tiene una larga historia en las sociedades occidentales, significa que las personas merecen ser rechazadas de la sociedad por comportamientos que van en contra de las normas”, dijo Nuño.
“Sin embargo, los orígenes y la propagación de la privación de derechos de los delincuentes en todo Estados Unidos están íntimamente ligados a la lógica de la dominación racial”, que empezó hace muchos años para suprimir a los negros, dijo el sociólogo.
De acuerdo con Nuño, la democracia estadounidense se fundó en una política de sufragio que se basaba en la noción de que los hombres cumplían ciertos requisitos mínimos para poder votar. En diferentes momentos de la historia de Estados Unidos, el sufragio incluyó requisitos de propiedad, requisitos de alfabetización e impuestos electorales. En las décadas previas a la Guerra Civil, las élites blancas se resistieron a la democracia de masas. La difusión del sufragio masculino blanco fue impulsada por mujeres que exigían el derecho al voto. La eliminación de las barreras para participar en las elecciones de los hombres blancos se correspondió con la construcción de nuevas barreras que impedían que los negros liberados votaran, señaló.
La expansión del sufragio universal masculino blanco puede verse como una reacción a las mujeres que exigen el derecho al voto, una defensa patriarcal del privilegio masculino blanco. Antes de la Guerra Civil, todos los estados que adoptaron leyes de privación de derechos a los delincuentes lo hicieron después de extender el sufragio a todos los hombres blancos.
En la década posterior al final de la Guerra Civil, todos los estados de la antigua confederación adoptaron leyes de privación de derechos de los delincuentes. La reconstrucción de la posguerra fue una batalla sobre si la democracia multirracial podría tener éxito en los Estados Unidos. Los blancos siguieron estrategias para preservar una democracia sólo para blancos y negar la participación política a los exesclavos y sus descendientes, indicó.
“Negar a las personas la membresía en la comunidad cívica aumenta las múltiples opresiones que enfrentan las comunidades negras y marrones en los Estados Unidos en la actualidad”, declaró.
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