El COVID-19 continúa impactando las cárceles de California mientras las autoridades enfrentan nuevas críticas

Dentro de la Instalación de Tratamiento de Abuso de Sustancias del sistema penitenciario estatal en el condado de Kings, David Cauthen ha pasado casi cinco semanas en huelga de hambre para protestar por lo que él ve como indiferencia e ineptitud por parte del Departamento Correccional y Rehabilitación de California para detener un brote de coronavirus que ha infectado más de 1.089 internos y mató a uno en los últimos días.

“Los oficiales, enfermeras e incluso médicos solo usan mascarillas cuando es conveniente”, afirmó en un correo electrónico, “y el único momento en que les conviene es cuando la instalación tiene visitas”.

Cerca en el condado de Fresno, la fiscal Lisa Smittcamp está igualmente descontenta con la forma en que los funcionarios de prisiones estatales están manejando el virus tras las rejas. Su cárcel, dijo, estaba abrumada por reclusos condenados que normalmente serían trasladados a prisiones estatales, pero ahora estaban atrapados en el limbo cuando los funcionarios de la prisión nuevamente detuvieron esos traslados el miércoles. Con un espacio limitado en las cárceles del Condado, señaló, las personas arrestadas a menudo son liberadas rápidamente para mantener las instalaciones locales a una capacidad segura.

“No se pueden cerrar las prisiones”, dijo Smittcamp. “Cien por ciento, ha impactado la seguridad pública”.

Más de ocho meses después de una pandemia que ha sido especialmente virulenta en entornos abarrotados, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación todavía está lidiando con nuevos brotes y viejas críticas a medida que el coronavirus continúa aumentando en algunas de sus 35 cárceles. Con una gran ola de casos en todo el estado, hay quienes dicen que el departamento de correcciones no ha logrado hacer cumplir sus propias políticas y medidas de protección, y les preocupa que nuevos brotes terminen llenando camas de hospitales comunitarios en lugares que están al límite.

El departamento reporta actualmente más de 3.600 casos activos del virus, con seis instalaciones en todo el estado que tienen brotes con más de 100 casos entre los reclusos. El Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias ha reportado alrededor de 900 nuevas infecciones en las últimas dos semanas, dice el departamento.

Casi 6.000 guardias también han dado positivo desde que comenzó la pandemia, incluidos 117 en las últimas dos semanas en la prisión estatal de High Desert en el condado de Lassen, una fuente de consternación ya que el departamento admite que su personal lleva el virus tras las rejas, e incluso reconoce que algunos empleados se han negado a realizarse pruebas y se han resistido a utilizar mascarillas eficaces.

Recientemente, 13 trabajadores fueron sancionados por incumplimiento de las regulaciones sobre equipos de protección personal en la prisión estatal de Pelican Bay en el condado de Del Norte en el extremo norte de California, según el departamento de correcciones, ya que los funcionarios del Condado estaban preocupados por la falta de información para el rastreo del personal penitenciario de contactos de coronavirus positivos. La situación llevó al senador estatal Mike McGuire (D-Healdsburg) a quejarse en una audiencia de supervisión el 19 de noviembre de que la falta de aplicación y cooperación “no era buena para la comunidad”. Setenta y dos guardias de Pelican Bay han contraído el virus, 18 de ellos en las últimas dos semanas, según el departamento.

Aunque los funcionarios de prisiones se apresuran a señalar que han reducido la población de reclusos en 22.000 desde marzo, llevándola a su número más bajo en tres décadas -y recientemente han comenzado más acciones disciplinarias por fallas del PPE- legisladores, defensores, personas encarceladas y funcionarios del gobierno del Condado afirman que la agencia ha sido demasiado lenta para aprender las lecciones. Hay poca transparencia sobre cómo se toman las decisiones y qué sucede detrás de los muros de la prisión, dicen.

Lo más alarmante es el ritmo glacial de las liberaciones de presos ancianos y médicamente vulnerables, dicen defensores y algunos legisladores, y la falta de respuestas sobre el por qué. Es una población que, según algunos, presenta el menor riesgo de cometer nuevos delitos, pero tiene el mayor riesgo de contraer enfermedades graves por el COVID-19.

“Parece que la persona que toma las decisiones está en el limbo”, dijo la senadora estatal Hannah-Beth Jackson (D-Santa Bárbara) en la audiencia de supervisión, hablando de cómo se manejan esas determinaciones. “Parece que hay demasiada autoridad aquí dentro de las prisiones para tomar esas decisiones de forma unilateral y franca sin mucha responsabilidad”.

Ante la cruda realidad de que los presos vulnerables en las cárceles abarrotadas de California morirían a menos que se redujera la población encarcelada, el gobernador Gavin Newsom se comprometió a examinar cómo liberar a algunos de ellos al comienzo de la pandemia.

Pero Newsom y los funcionarios penitenciarios, en cambio, han reducido en gran medida las filas de la prisión de dos maneras. Primero, liberaron a unos 7.400 reclusos a los que solo les quedaban unos meses de sentencia. Luego dejaron a más de 8.000 presos debido a que comenzarían las sentencias de prisión acumuladas en las cárceles del Condado, pasando la carga a los Departamentos del Sheriff de California. Aproximadamente 7.000 de esos presos confinados permanecen en las cárceles del Condado, según el departamento de correcciones del estado.

Desde que se reanudó la aceptación de los presos de la cárcel del Condado el 28 de agosto, las prisiones estatales han recibido alrededor de 3.300 prisioneros de 38 condados utilizando un protocolo estricto de cuarentena y pruebas, según la agencia. Pero solo en el condado de Los Ángeles, casi 3.000 internos esperan ser transferidos, un número que probablemente aumentará con la congelación del miércoles. Desde la primavera, la población carcelaria se ha disparado de 11.700 a más de 15.000.

“Esa es una gran parte de las personas que están internas en nuestras cárceles cuando deberían estar en la prisión estatal, y son un problema doble porque son individuos que no podemos liberar de ninguna otra manera”, dijo el sheriff Alex Villanueva durante una conferencia de prensa en línea el miércoles. “Esto está perjudicando nuestra capacidad para mantener descomprimida a la población carcelaria y aumenta el riesgo de COVID-19 tanto para los reclusos como para el personal”.

Pero de los más de 8.200 reclusos en riesgo médico que viven en entornos que dificultan el control de la transmisión aérea del virus, como las celdas con barras abiertas, menos del 1%, o unas 80 personas, han sido liberadas, según James King, activista estatal del Centro Ella Baker para los Derechos Humanos, que testificó en la audiencia del Senado.

“Hemos aumentado la proporción de [personas] altamente vulnerables en prisión al dejar salir a los menos vulnerables”, dijo el Dr. Stefano Bertozzi, profesor de política y gestión de la salud de UC Berkeley. “En realidad, no se ha dejado salir a aquellos a los que más se debería”.

El departamento de correcciones no proporcionó números estatales para las liberaciones médicas a pesar de múltiples solicitudes.

Michael Bien, un abogado que representa a los reclusos en litigios federales, dijo que los efectos de no liberar a las personas mayores encarceladas se sentirán públicamente en las comunidades cercanas si las infecciones en las cárceles continúan aumentando.

“Comenzarán a llenar las camas de los hospitales cerca de estas prisiones en las próximas tres o cuatro semanas si el COVID continúa propagándose”, expuso. “Todos los que mueran de ahora en adelante en las cárceles estarán en la lista [médicamente frágil]”.

Bien y otros sostienen que la decisión de mantener encarcelados a los presos médicamente vulnerables tiene connotaciones políticas. Muchos de los que estaban bajo consideración eran criminales violentos, dijo. Su edad promedio es de 63 años y una gran cantidad de ellos tienen sentencias indeterminadas que los han dejado tras las rejas durante décadas.

Bien y Bertozzi dijeron que los políticos, incluido Newsom, que ha resistido la prensa mordaz en las últimas semanas, parecen estar sopesando el riesgo de liberar a los delincuentes violentos. Al mismo tiempo, el departamento de correccionales ha experimentado un cambio de liderazgo, con su jefe por décadas que se jubiló en agosto y Kathleen Allison, una ex directora del Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias que comenzó su carrera en la agencia en 1987 como técnico médico, asumiendo el control.

“Francamente, no entiendo la lógica política”, dijo Bertozzi. “Ves a alguien sin piernas rodando por el patio en una silla de ruedas y piensas, sí, puedo imaginar un escenario en el que esa persona sea un peligro para la sociedad, pero es dudoso”.

Algunos legisladores también están pidiendo respuestas sobre cómo el departamento se asegura de que sus empleados tomen las precauciones necesarias, preocupados porque la resistencia entre sus filas es un peligro para los esfuerzos preventivos y no ha sido manejada adecuadamente por las autoridades estatales.

Bertozzi dijo este mes que el brote en la Instalación de Tratamiento de Abuso de Sustancias comenzó en un área donde había personal civil, en una ubicación que empaqueta comida, mezclada con trabajadores reclusos en una cocina. Es probable que esa instalación de envasado de alimentos, administrada por la Autoridad de la Industria Penitenciaria de California, que opera alrededor de 100 empresas comerciales dentro de las cárceles, permanezca abierta como un negocio esencial, a pesar de otros brotes relacionados con las operaciones de la fábrica y la decisión del departamento de correcciones de cerrar instalaciones de la Prision Industry Authority consideradas no esenciales. Ninguna agencia estatal respondió a una solicitud para una aclaración.

El Dr. Joseph Bick, director estatal de servicios de salud para el departamento de correccionales, también testificó este mes que hasta una orden reciente que requería que todo el personal usara mascarilla quirúrgica proporcionadas por el departamento, los guardias y otros miembros del personal habían estado usando “pañuelos, polainas o mascarillas con válvulas y todo tipo de cosas que realmente no van a lograr nuestro objetivo”.

La senadora estatal Nancy Skinner (D-Berkeley) respondió: “Nunca es demasiado tarde, hasta que es muy tarde” para exigir al personal que utilice un equipo de protección personal eficaz. “Es decepcionante”.

Los legisladores también interrogaron a Bick y Connie Gibson, directora de la División de Instituciones para Adultos del departamento, sobre la cantidad de guardias que se habían negado a las pruebas de coronavirus, pero ninguno pudo proporcionar detalles sobre cuántos empleados estatales entraban en esa categoría. Gibson dijo que eran solo “unos pocos”, pero que estaba “muy preocupada por el personal que se niega a realizarse la prueba”.

El departamento de correcciones no proporcionó un número o porcentaje de empleados que se habían negado a realizarse la prueba a pesar de múltiples solicitudes.

Las familias de los que están tras las rejas, a quienes se les ha prohibido ver a sus seres queridos durante meses, dijeron que el costo real del fracaso del sistema penitenciario para controlar el virus recayó en ellos.

“Lo siento en mi alma y en mis entrañas”, manifestó Shondra Caldwell, madre de dos hijas adolescentes cuyo esposo está encarcelado y contrajo COVID-19. El diagnóstico, dijo, la puso “histérica” y ve cómo la ansiedad se agota en sus hijas.

“No hay nada en este momento para que la situación esté bajo control”, comentó. “Nadie se merece eso”.

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