California recibió $1.3 mil millones de apoyo por incendios forestales. Las víctimas no han obtenido nada

Después de que su domicilio en Santa Rosa, California, se quemara en el incendio de Tubbs hace tres años, Linda Adrain se mudó a un apartamento minúsculo. No esperaba quedarse mucho tiempo.

Adrain pronto se enteró de los planes para construir un complejo para personas mayores de bajos ingresos, en donde había estado un parque de casas móviles destruido por el fuego, el lugar donde vivió durante un cuarto de siglo. Rápidamente se apuntó para un apartamento de dos habitaciones.

Pero antes de comenzar, los desarrolladores dependían de la financiación de un paquete federal de asistencia en casos de desastre aprobado por el Congreso unos meses después del incendio. Todavía están esperando el dinero. Por eso, ella continúa en espera de su nuevo hogar.

“Se supone que es un lugar temporal, y he estado aquí tres años”, comentó Adrain, de 80 años. “No tengo a dónde ir”.

California ha recibido más de $1.3 mil millones en asistencia federal para la reconstrucción después de los incendios forestales de la región vinícola de 2017, el incendio de Camp de 2018 en el condado de Butte, y otros desastres de esos años. Pero los propietarios e inquilinos afectados por el desastre aún no han recibido ni un centavo. La causa: retrasos burocráticos federales y estatales que se han extendido.

Como resultado, personas como Adrain se quedan sin vivienda permanente, mientras que los propietarios no pueden juntar suficiente dinero para reconstruir sus casas. En la ciudad de Paradise, en el condado de Butte, que resultó gravemente dañada por el incendio de Camp, las víctimas del desastre todavía viven en automóviles y vehículos recreativos en sus propiedades, mientras esperan más asistencia financiera.

“Este fue un retraso que desearíamos no haber tenido”, indicó Gustavo Velásquez, director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, que es responsable de entregar el dinero. “Las familias merecen disponer de este dinero para reconstruir sus vidas”.

Más de 4.500 casas fueron arrasadas y 22 personas murieron en el incendio de Tubbs, que comenzó en Napa y se extendió por Santa Rosa en 2017. Un año después, el incendio de Camp cobró la vida de 85 personas y destruyó casi 14.000 hogares, con gran parte de los daños centrados en Paradise.

El lote baldío donde una vez estuvo el parque de casas móviles Journey’s End ahora está cercado y cubierto de maleza. Se construirá un nuevo complejo de viviendas para personas mayores en el sitio, pero podrían pasar años antes de que se abra.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

A raíz de los desastres, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias comenzó a proporcionar viviendas temporales y otras formas de apoyo a corto plazo. El Congreso aprobó mayor asistencia económica para California en febrero de 2018, para reconstruir y prevenir futuros desastres. Aproximadamente $300 millones de ese dinero son para hechos de 2017; los $1 mil millones restantes, son para los incendios forestales de 2018.

Más de $300 millones del total están destinados a financiar nuevas viviendas para inquilinos de bajos ingresos. Se dedican $250 millones adicionales a reconstruir domicilios unifamiliares de los propietarios. Una tercera fuente de dinero, más de $400 millones, se reserva para reparar carreteras, sistemas de agua y realizar otras mejoras públicas destinadas a atenuar los efectos de futuros incendios.

Para tener acceso a los recursos, los funcionarios de vivienda de California han necesitado desarrollar planes de gastos aprobados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés). Pero HUD tardó casi dos años después de los desastres en aprobar cualquiera de las propuestas del estado para responder a los incendios forestales de 2017. La semana pasada, más de dos años después de 2018, las autoridades federales finalmente autorizaron las acciones de asistencia de ese año.

Los funcionarios estatales de vivienda esperan que el Congreso apruebe también recursos adicionales para los incendios forestales de 2020, lo que reactivaría el proceso de aprobación de HUD para el nuevo apoyo monetario.

Trump y los líderes de California han luchado por la prevención de incendios forestales, la inmigración, el cambio climático y muchos otros problemas, y el presidente en ocasiones ha amenazado con retener los recursos para desastres del estado. Pero no hay evidencia de que estas disputas hayan retenido el apoyo.

De hecho, demoras masivas han aquejado las medidas de asistencia en casos de desastre en todo el país, incluidos los recursos destinados a comunidades devastadas por el huracán en Texas, Florida y Georgia en 2017.

Además, el Congreso aprobó más de $20 mil millones para que Puerto Rico se recupere del huracán María, sin embargo, la gran mayoría permaneció sin gastarse a partir de este verano, según un informe de una agencia de investigación interna del Congreso.

Los problemas de gasto han atraído la condena de demócratas y republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, y el senador John Cornyn (R-Texas), típicamente un aliado del presidente, se encuentra entre los que acusan a la administración de haber estancado intencionalmente el dinero en todo el país. Los funcionarios de HUD han negado haber evitado que salieran los recursos. En cambio, han lamentado los complicados requisitos que rodean al programa de asistencia en caso de desastre, que incluyen la redacción de nuevas regulaciones cada vez que se autoriza el dinero.

La legislación para simplificar la forma en que HUD maneja los recursos en casos de desastre no ha avanzado a pesar del apoyo bipartidista.

“El sistema de recuperación de desastres de nuestro gobierno federal está roto”, señaló Sarah Saadian, vicepresidenta de Políticas Públicas de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, un grupo de defensa con sede en Washington que ha seguido el tema. “Nos encontramos con estos problemas cada vez”.

Sin embargo, no todos los estados enfrentan los mismos problemas que California.

Por ejemplo, el huracán Harvey y las inundaciones resultantes en 2017 dañaron gravemente al menos 197.000 hogares en Texas. Aunque el ritmo de la aprobación federal afectó los esfuerzos de recuperación de ese estado, los funcionarios ya han gastado casi $1 mil millones de dólares de su asignación de casi $10 mil millones para noviembre, según estadísticas estatales.

En California, cuando se produjeron los incendios de 2017, los investigadores de HUD estaban examinando el manejo de recursos federales por parte del departamento de vivienda estatal. Encontraron una “falla sistémica” en la forma en que se monitoreaba el dinero. Los funcionarios de HUD han dicho que los problemas de supervisión interna del estado contribuyeron a las demoras en la aprobación de los planes de asistencia en caso de desastre.

Recientemente, le tomó al gobernador Gavin Newsom casi siete meses nombrar a Velásquez para el cargo en la primavera, después de que el anterior director de Vivienda Estatal renunciara.

“Había un vacío en el liderazgo”, indicó Velásquez.

Mientras tanto, los necesitados permanecen esperando, a veces frustrados por los plazos establecidos por instancias gubernamentales.

Santa Rosa tiene una docena de complejos de viviendas accesibles en diversas etapas de desarrollo, que necesitan financiamiento y probablemente podrían aprovechar los recursos de asistencia, comentó David Gouin, director de Vivienda y Servicios Comunitarios de la ciudad. Si están todos construidos, los proyectos agregarían más de 950 apartamentos nuevos para familias de bajos ingresos.

En Paradise, el complejo de viviendas accesible más grande de la ciudad se incineró durante el incendio Camp. Su desarrollador, el Programa de Mejoramiento de Viviendas Comunitarias, se encuentra en proceso de reconstrucción y sería elegible para recibir apoyo monetario de asistencia en caso de desastre. Pero el proyecto está siendo restringido por las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos que exigen que esta clase de proyectos se vuelvan a ocupar dentro de los dos años posteriores a su destrucción. El financiamiento sigue siendo precario, comentó Seana O’Shaughnessy, presidenta y directora ejecutiva del desarrollador.

La ciudad ha permitido a los propietarios estacionar legalmente vehículos recreativos y tener otras viviendas temporales en sus propiedades hasta junio, prolongando ya su límite de tiempo original en seis meses, porque muy pocas personas han podido reunir suficiente dinero para reconstruir.

“No hay forma de tener la asistencia económica antes para que las personas no vivan en tiendas de campaña, en automóviles, en vehículos recreativos, como lo han hecho durante años”, dijo Casey Hatcher, subdirector administrativo del condado de Butte. “Cuanto más tiempo pase, más difícil será sacar a la gente de esas situaciones”.

Los funcionarios estatales de vivienda esperan que el dinero para el alivio de los incendios forestales de 2017 comience a fluir a principios de 2021. Y creen que están preparados para gastar más rápidamente en el futuro. A finales de octubre, la agencia de vivienda tuiteó que estaba “contratando urgentemente” 18 nuevos puestos de trabajo para gestionar los programas de ayuda ante desastres. Velásquez señaló que espera que los trabajadores comiencen cuando el gobierno federal apruebe los planes estatales para los desastres de 2018.

“Finalmente, estamos llegando a un punto en el que podemos decir con confianza que el dinero está por llegar”, comentó Velásquez.

Para Adrain, sin embargo, la espera continuará. Incluso cuando el desarrollo de viviendas para personas mayores en el antiguo parque de casas móviles reciba su aprobación final, podrían pasar dos años más antes de que esté terminado.

Si todo sigue según lo programado, pasarán más de cinco años desde que su casa se incendió hasta que pueda habitar su nuevo apartamento. Ella ya está pensando en cómo será tal día.

“Me sentiré como en casa”, dijo Adrain. “Probablemente nunca me mudaré de allí”.

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